Deforestación en Tamshiyacu: sentencia definitiva contra empresa recién se conocería en diciembre

Deforestación en Tamshiyacu. Foto: Diego Pérez / SPDA

  • El caso se encuentra en etapa de apelación y se calculan varias sesiones más debido a la cantidad de procesos que maneja la sala. La próxima audiencia está programada para el 4 de noviembre.

Por Luis Chacón

 

El 2 de octubre del presente año, el Poder Judicial de Loreto programó la audiencia de apelación sobre la sentencia histórica dictada a finales de julio de 2019 contra la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C, actualmente Tamshi, y tres de sus trabajadores por deforestar la zona de Tamshiyacu.

No obstante, debido a que tanto la empresa en mención como uno de los sentenciados, Rubén Antonio Espinoza, actualmente prófugo, presentaron nuevo material probatorio que no fue compartido tanto al Ministerio Público como a la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente (Minam), la audiencia se postergó y todo indica que el caso no se resolverá tan rápido.

Hay que tener en cuenta que la Sala de Apelaciones de Loreto acumula una gran carga procesal debido a las audiencias que quedaron pendientes producto de la para laboral que duró varios meses debido al estado de emergencia por la pandemia del COVID-19.

Según explica Danilo Espinoza Caro, coordinador de la Procuraduría Pública del Minam, si bien el caso se está manejando de forma regular, el hecho de contar solo con una hora por cada audiencia programada, hace que esta se “dilate”.

“Son hasta 17 (nuevos medios probatorios), tanto de Rubén Antonio Espinoza como de la empresa Tamshi, y vamos recién por el medio 6”, precisa el funcionario del Miman, aunque espera que en la próxima fecha, programada para el 4 de noviembre (9:00 A.M), se avance más rápido, debido a que contarán con más tiempo.

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“Entendemos que la próxima fecha va a haber más espacios de horas. Vamos a ver si avanzamos, yo creo que si se desarrolla en tres horas, podemos acabar la parte de medios probatorios admitidos (nuevos)”, precisa el procurador.

De continuar con sesiones de una hora, Espinoza calcula que el caso podría culminar en diciembre, sin tomar en cuenta los alegatos finales, que suelen ser extensos y donde, supone, tanto Tamshi como su exgerente prófugo “van a defenderse bastante”.

Vista satelital de zonas deforestadas en Tamshiyacu.

No más incidentes con los jueces

En medio de la programación de estas nuevas audiencias para resolver el caso de Tamshiyacu, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial suspendió al juez superior Manuel Humberto Guillermo Felipe, uno de los tres magistrados de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto, y quien fuera reemplazado por Richard Percy Munguía Aponte.

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Tras este incidente, indica el procurador Espinoza, no ha habido ninguna notificación de nuevos cambios por suspensión de algún juez de la sala, un escenario que podrían complicar los plazos.

“Hasta la fecha no ha habido algún otro cambio, siguen con los miembros anteriores del colegiado (Atarama y Bendezú), no tenemos ninguna notificación nueva y esperamos que no haya modificación porque puede dilatar y hasta quebrar la audiencia de apelación. A estar atento a ello”, indica el funcionario.

Espinoza también aclara que en estas circunstancias también es imposible que se admitan nuevos medios probatorios que alarguen más el caso, pues el Código Procesal Penal no lo permite.

La defensa de Tamshi

Tal como informó hace unos días Jean Pierre Araujo, director de la Iniciativa de Justicia Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el abogado Roberto Pereira, quien defendiera al presidente Martín Vizcarra en el reciente pedido de vacancia del Congreso de la República, se incorporó a la en la defensa de la empresa Tamshi.

“Juan Diego Ugaz es uno de los actuales abogados de Tamshi. Roberto Pereira ha ingresado en esta etapa de la audiencia de apelación. En la última sesión no se acreditó, pero sí en las dos primeras sesiones y se encuentra apersonado en el caso, pero no solamente él sino todo el staff de abogados del estudio Payet”, comenta el procurador Espinoza.

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Pereira forma parte del estudio de abogados Payet, Rey, Cauvi, Pérez, que según informó hace unas semanas Mongabay Latam, envió una carta al fiscal Alberto Yusen Caraza Atoche, encargado del caso en primera instancia, para que se excluya en otra investigación que tiene a cargo y que también incluye a la cuestionada empresa.

Zona deforestada en Tamshiyacu.

Situación del exgerente prófugo

Pese a encontrarse con orden de captura, Rubén Antonio Espinoza, exgerente general de la otrora Cacao del Perú Norte S.A.C., continúa participando de las audiencias de apelación a fin de revocar los 8 años de prisión privativa que pesan sobre él.

“Tenemos entendido que él está con orden de captura y si está participando de las audiencias virtuales es por las bondades que le puede dar el sistema judicial al realizarlas vía virtual y él puede conectarse desde donde esté, sea en el país o en cualquier parte del mundo, argumentando cualquier cosa. Su orden de captura está vigente, por lo que tengo entendido”, precisa el procurador Danilo Espinoza Caro.

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Hostigamiento de la prensa local

Respecto a lo que ocurriera con el fiscal Alberto Yusen Caraza Atoche, encargado del caso en primera instancia, quien fuera víctima de manifestaciones presenciales y hostigamientos de ciertos medios de Iquitos, el procurador del Minam precisa que este tipo de acciones son recurrentes desde que inició el proceso judicial.

“No tengo conocimiento de algún tipo de manifestación. Lo que sí sabemos es que ciertos medios periodísticos locales de la ciudad de Iquitos, y no solo desde ahora sino desde semanas antes de conocerse la sentencia de primera instancia, vienen publicando artículos a favor de la empresa Tamshi y que en ocasiones han perjudicado la imagen del fiscal que llevó el caso en primera instancia. Eso no es reciente”, sentencia Espinoza.

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Hay que recordar que la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C, sucursal local de United Cacao (ahora Tamshi S.A.C.), fue sentenciada por traficar productos forestales maderables obtenidos del retiro de la cobertura boscosa forestal de 1946.21 hectáreas de bosque primario del fundo Tamshiyacu, en Maynas, Loreto y el monto de reparación civil fue fijado en poco más de 15 millones de soles.



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