La Coordinadora de Comunidades Nativas y Campesinas de la Cuenca del Nanay (CONACCUNAY) presentó cartas al presidente de la República, José María Balcázar, así como a la presidenta electa Keiko Fujimori, para exigir ampliar el plazo o suspender de forma indefinida la admisión de petitorios mineros en toda la cuenca del río Nanay, incluyendo los ríos Chambira y Pintuyacu.

La solicitud fue acordada por unanimidad en una asamblea extraordinaria realizada por la CONACCUNAY, el pasado 4 de julio, en la comunidad campesina de Samito, en el distrito de Alto Nanay (Loreto), ante la preocupación por la reciente admisión a trámite de dos petitorios mineros en un territorio clave para la seguridad hídrica, la biodiversidad y la vida de las comunidades amazónicas y de la propia población de la ciudad de Iquitos.

En las cartas, la organización recordó que existen normas nacionales que suspenden temporalmente la admisión de petitorios mineros en el área del río Nanay, como el Decreto Supremo 030-2023-EM y su prórroga mediante el Decreto Supremo 022-2024-EM, cuya aplicación culmina en noviembre de este año. Sin embargo, advirtió que estas disposiciones tienen un alcance limitado y una vigencia temporal, por lo que planteó una medida de protección más amplia, permanente y efectiva.

Asimismo, CONACCUNAY solicitó al presidente ejecutivo del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Paolo Andrés Alzamora, declarar improcedentes los petitorios mineros ubicados en la cuenca del Nanay, entre ellos los denominados “Achuny” y “Jaguar Dorado”. La organización sostuvo que estos pedidos contravienen el marco normativo vigente y ponen en riesgo el derecho de las comunidades a vivir en un ambiente sano y sin contaminación.

Cabe destacar que, en octubre de 2025, la Secretaría General de la Comunidad Andina emitió el Dictamen 007-2025, en respuesta al reclamo presentado por CONACCUNAY en junio de ese año. En dicho pronunciamiento, la secretaría concluyó que el Estado peruano incumplió las Decisiones 774, 728, 844 y 922 de la normativa comunitaria andina, que obligan a los países miembros a adoptar medidas legislativas, administrativas y operativas para combatir la minería ilegal, controlar el mercurio y cooperar de forma transfronteriza en la protección de sus cuencas amazónicas.

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En contra de los petitorios

La Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Loreto emitió un pronunciamiento público en el que expresó su rechazo a la admisión a trámite de estos petitorios mineros. La entidad regional pidió al INGEMMET y al Ministerio de Energía y Minas declarar la nulidad de cualquier concesión minera que ponga en riesgo la seguridad hídrica y la salud de la población.

“La admisión de estos petitorios ignora flagrantemente las ordenanzas regionales vigentes que declaran al Nanay como zona de exclusión minera y vulnera los derechos ambientales fundamentales de la Amazonía”, destaca el comunicado.

Por su parte, el presidente de la CONACCUNAY, Jhonny Huaymacari, advirtió que la actividad minera ilegal en esta zona podría agravar los riesgos de contaminación por mercurio, deforestación, afectación de cuerpos de agua, la contaminación de los peces y la pérdida de biodiversidad.

“Nuestros recursos naturales van a ser deforestados; nuestra agua y peces contaminados. Ellos son fuente de vida para nosotros. Por eso, por unanimidad en asamblea, hemos dicho no a estas concesiones, porque atentan contra nuestra vida, nuestra salud y nuestro futuro”, enfatizó.

Al respecto, el director de la iniciativa Amazonía Resiliente y Justa del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) e impulsor de la ratificación peruana del Convenio de Minamata sobre el mercurio, Mariano Castro, explicó que el caso Nanay evidencia la necesidad de pasar de medidas temporales a mecanismos permanentes de protección y desarrollo territorial, especialmente en cuencas estratégicas para la seguridad hídrica, la biodiversidad y los derechos de las comunidades amazónicas.

“El Nanay no se defiende solo con decretos y operativos de interdicción. Mientras las comunidades no tengan alternativas económicas reales, salud, agua segura y acceso a justicia, la presión de la economía ilegal seguirá creciendo. Por eso, además de la prohibición permanente de actividad minera en cuerpos de agua, el Estado debe implementar con urgencia un proyecto especial de desarrollo territorial para la cuenca, articulado con el Plan de Gobernanza Intercomunal de la CONACCUNAY, así como atender los pedidos de declaración de emergencia ambiental y sanitaria”, indicó.