• Ante los diversos casos de asesinatos de personas defensoras del ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas frente a actividades vinculadas a la minería y tala ilegal, así como al cultivo ilícito de coca y el tráfico de tierras, la Defensoría del Pueblo resalta la importancia de dicho tratado internacional.

La Defensoría del Pueblo instó a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República a “retomar el debate del proyecto de aprobación legislativa del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú”.

El pedido coincide con la conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra y a un año de la entrada en vigencia a nivel internacional del Acuerdo de Escazú, el cual hasta hoy no es ratificado por el Legislativo peruano.

Según la Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas (Amasppi) de la Defensoría del Pueblo, llama la atención que pese a los múltiples beneficios que podría generar a nuestro país la aprobación legislativa de dicho acuerdo, la comisión del Congreso haya archivado el proyecto en 2020.

“El acuerdo en mención resulta de vital importancia, toda vez que obliga a fortalecer la garantía de los derechos de acceso a la información, participación y acceso a la justicia en asuntos ambientales, lo cual contribuiría en la prevención de conflictos sociales relacionados a asuntos ambientales, que actualmente representan más del 60 % del total de conflictos registrados por la Defensoría del Pueblo. Además, es el primero en el mundo con compromisos específicos para la promoción y la protección de las defensorías y los defensores ambientales”, manifestó Lissette Vásquez, titular de la Amasppi.

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La representante de la Defensoría del Pueblo también destacó el valor del acuerdo en relación a las personas defensoras de derechos en asuntos ambientales, quienes pertenecen a pueblos indígenas y forman parte de un grupo de especial vulnerabilidad debido a que son constantemente amenazadas o asesinadas.

Vásquez agregó que, en el transcurso de la pandemia por el COVID-19, las amenazas no han cesado y, por el contrario, “la Defensoría del Pueblo ha recibido información sobre diversos casos de asesinatos de personas defensoras del ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas, mientras realizaban labores en defensa de los bosques o de los territorios indígenas frente a actividades vinculadas a la minería y tala ilegal, así como al cultivo ilícito de coca y el tráfico de tierras”.

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Sobre el pedido hecho al Congreso de la República, la representante de la Defensoría precisó que también se ha emitido un documento dirigido al viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Enrique Chávez Basagoitia, en el que se le solicita impulsar ante el Legislativo la aprobación de dicho acuerdo.

Hay que tener en cuenta que, además de la Defensoría, son varias la instituciones que han solicitado al Congreso aprobar el Acuerdo. También es precisó aclarar que, si bien en la actual legislatura el proyecto fue actualizado, a la fecha se encuentra pendiente de atención.

Hasta el momento, el Acuerdo de Escazú ha sido ratificado por 12 países de América Latina y el Caribe, entre los que se encuentran Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guayana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.