Escribe: Diana Suárez / Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA

 

Los últimos años observamos a una ciudadanía cada vez más incómoda con las decisiones del gobierno en torno a políticas que amenazan la biodiversidad y la salud de las personas y los ecosistemas; normas que flexibilizan lo ambiental con el pretexto de dinamizar inversiones y proyectos de ley que favorecen economías como la minería y la pesca ilegales. Sumado a ello, la falta de transparencia sobre estas decisiones, la omisión de rendición de cuentas y la corrupción de funcionarios públicos son escenarios que se repiten de gobierno a gobierno, en desmedro de lo que la ciudadanía realmente necesita y reclama. 

Por su parte, la inestabilidad política, que viene acompañada de constante rotación de funcionarios y personal técnico, dificulta la sostenibilidad de políticas ambientales sólidas e integrales, así como la atención prioritaria de otros problemas estructurales como la inseguridad ciudadana, el crimen organizado, la pérdida de ecosistemas vitales para poblaciones locales y la deficiencia de servicios públicos de calidad que garanticen un entorno saludable y equilibrado para todos los peruanos. Sin duda, estos son algunos de los desafíos a los que se enfrentará el nuevo gobierno electo en las recientes elecciones presidenciales y congresales.  

Ante este escenario político y social adverso que se repite en los años y que parece ir en aumento frente a la desidia y agendas personalistas de los políticos, sumado a candidatos con planes de gobierno que no hacen mención a soluciones concretas frente a los problemas ambientales y sociales que aquejan a nuestro país, nos hacemos la pregunta de si existe alguna herramienta que pueda ayudar a hacer frente a estos problemas, permitiendo una democracia ambiental más participativa y, sobre todo, sin regresiones en materia ambiental. 

La respuesta es sí. Existe un instrumento internacional que es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también llamado Acuerdo de Escazú. Este es el primer tratado internacional en América Latina y el Caribe que aborda temas de derechos humanos y medio ambiente, que actualmente se encuentra celebrando su Cuarta Conferencia de las Partes (COP) en Bahamas.  

Desde el principio de cooperación entre Estados y de respeto de la soberanía, busca garantizar la implementación efectiva de los derechos de acceso a la información pública, participación ciudadana y acceso a la justicia en asuntos ambientales en la región, bajo el entendido de que esta enfrenta desafíos comunes y urgentes en la realización de estos derechos para asegurar una gobernabilidad democrática en materia ambiental. 

Algunos puntos clave de este tratado internacional son: 

• Reconocimiento expreso al principio de no regresión. Este principio del derecho internacional, utilizado por el Perú en otros tratados internacionales como los de libre comercio, plantea que las normas y políticas internas no retrocedan en la garantía de derechos fundamentales, por el contrario, busca que los estándares que reconocen y aplican derechos vayan siempre en progresión. Adicionalmente, el Acuerdo de Escazú considera el principio pro persona, por lo que se prioriza la norma más favorable a la protección de derechos humanos. En ese sentido, los Estados que son parte del Acuerdo de Escazú no podrían flexibilizar o anular sus estándares ambientales en desmedro de los derechos de las personas y los ecosistemas (por ejemplo, la aprobación de normas que promueven el agotamiento de recursos naturales en áreas naturales protegidas o que favorecen la minería ilegal), ya que implicaría un incumplimiento evidente al tratado. 

• Herramientas para elevar los derechos de acceso en materia ambiental y de recursos naturales. El Acuerdo de Escazú promueve que los Estados aprueben y pongan en práctica herramientas que aseguren una aplicación efectiva de los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental en asuntos ambientales. Es decir, propone estándares mínimos como piso común en la región para que estos derechos sean plenamente garantizados, independientemente de su reconocimiento constitucional o, incluso, legal. 

• Respeto a la soberanía de los Estados como principio rector. Resulta importante señalar que, contrariamente a lo que algunas voces han señalado en nuestro país erróneamente, el acuerdo tiene como uno de sus principios base el de respeto por la soberanía de los Estados. Ello implica que la implementación efectiva del tratado depende de cada país parte y se da en el marco de sus prioridades y necesidades nacionales. En consecuencia, no crea bajo ninguna forma fueros judiciales internacionales ni suplanta la normativa nacional. Como cualquier tratado internacional, plantea mecanismos de apoyo al cumplimiento del tratado por parte de un comité especial, así como mecanismos para que los Estados parte presenten sus planes nacionales y hojas de ruta de implementación, nuevamente, conforme a sus prioridades y necesidades nacionales. 

• Promueve la cooperación internacional. El Acuerdo de Escazú promueve la cooperación entre Estados para la aplicación efectiva de los derechos de acceso considerando los desafíos comunes que afectan a la región. De esta manera, se facilita el intercambio de experiencias, capacidades y buenas prácticas para garantizar mejores derechos. 

¿Qué han hecho los países que ya ratificaron? 

Ya son 19 países de la región los que han ratificado el Acuerdo de Escazú en los últimos cinco años. Entre ellos, se encuentran Chile, Colombia, Ecuador, México y Argentina. En ese sentido, se han comprometido a adoptar, dentro de sus marcos legales y administrativos, las medidas necesarias para asegurar los estándares mínimos que plantea el Acuerdo de Escazú en materia de derechos de acceso.  

Por poner algunos ejemplos concretos, países como Ecuador y Uruguay han presentado hojas de ruta de implementación del acuerdo en sus países, en base a las prioridades nacionales de cada uno. Así también, destacan países como México que ya han incorporado principios del Acuerdo de Escazú en su jurisprudencia como sustento interpretativo para garantizar derechos de acceso en su más alto nivel de protección frente a situaciones concretas, tal y como se advierte en la publicación de la SPDA titulada «Justicia Ambiental en América Latina y El Caribe» (2025).  

Por su parte, existen experiencias de otros países parte que vienen desplegando diferentes acciones para avanzar en su aplicación a nivel institucional, como el caso de Chile, cuyo Servicio de Evaluación Ambiental (equivalente al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles de Perú) publicó recientemente un reporte de los principales avances en la implementación progresiva del Acuerdo de Escazú en dicha institución, reconociendo que el proceso de implementación del Acuerdo los llevó a un proceso progresivo donde se levantó brechas y recogieron aprendizajes para definir decisiones transversales a sus prácticas institucionales. De esta manera, estas decisiones se tradujeron en mejoras como la instalación de capacidades, instrumentos y prácticas para fortalecer el acceso a la información ambiental y la participación pública, así como la sostenibilidad de estas. 

Si bien persisten desafíos en la región para asegurar la democracia ambiental en todos los niveles de gobierno y en asegurar procesos totalmente transparentes y participativos para la toma de decisiones, no se puede desconocer que el Acuerdo de Escazú es una herramienta útil para que los cambios de gobierno y las tendencias políticas no retrocedan la institucionalidad ambiental, ya que el acuerdo puede ser una herramienta de contención empleada en el derecho interno para promover estándares mínimos en la región, proteger los derechos humanos ambientales y garantizar un entorno seguro, considerando a las generaciones presentes como futuras, tal y como se desprende de los ejemplos citados en el párrafo que precede. 

¿Cómo avanzó el Perú? 

Se debe destacar que Perú, desde el Poder Ejecutivo, tuvo una participación muy activa en la formulación del Acuerdo de Escazú desde sus inicios, manifestando su compromiso e involucramiento para su ratificación, que es el procedimiento legal para que pueda estar vigente en nuestro país. No obstante, el expediente técnico elevado al Congreso fue rechazado hasta en dos oportunidades por este poder del Estado en los años 2021 y 2022, bajo argumentos infundados de algunos congresistas y miembros del gremio empresarial sobre la supuesta pérdida de soberanía y el reemplazo de fueros jurisdiccionales, cuando el texto era claro en señalar lo contrario. Lamentablemente, desde su archivamiento, ni el Ejecutivo ni el Congreso han mostrado interés en retomar la discusión sobre la necesidad urgente de ratificar el Acuerdo de Escazú para su posicionamiento en la agenda pública. Mientras tanto, seguimos viendo distintos contextos de regresión en materia ambiental y de garantía de derechos humanos ambientales. 

Una oportunidad valiosa para el próximo gobierno 

Como ya hemos señalado, la gran mayoría de planes de gobierno de los candidatos en estas últimas elecciones presidenciales no han tomado en cuenta a los problemas públicos ambientales o no plantean soluciones concretas y ambiciosas ante las necesidades y desafíos urgentes que tiene nuestro país en materia ambiental y social. En efecto, de la revisión de los planes de gobierno de los cinco partidos que, al momento, concentran la mayor cantidad de votos, no se observan menciones expresas a términos como “democracia ambiental” o a los derechos de acceso a la información pública, participación ciudadana y acceso a la justicia en materia ambiental. Peor aún, ningún plan de gobierno plantea como acción prioritaria la ratificación del Acuerdo de Escazú. Los debates presidenciales tampoco fueron la excepción, pues se evidenció poco manejo de los candidatos sobre los problemas ambientales en toda su dimensión y, ante una pregunta concreta a la candidata Keiko Fujimori sobre su posición sobre el Acuerdo de Escazú como herramienta internacional para proteger a la Amazonía, sus defensores ambientales y luchar contra el crimen organizado, contestó sin mayor sustento que no estaba de acuerdo con su ratificación. 

Ya se ha señalado en distintos espacios técnicos e internacionales que la importancia de la ratificación del Acuerdo de Escazú no proviene de una agenda de pocos por amenazar al orden democrático de los Estados, sino más bien, de la necesidad de los ciudadanos por instituciones gubernamentales más sólidas y transparentes que, con estándares comunes en la región, ayuden a los Estados a brindar información más oportuna y veraz, promoviendo la participación ciudadana para la toma de decisiones y garantizando una justicia ambiental especializada, imparcial y que llega en el momento oportuna ante hechos que amenacen un entorno seguro y equilibrado.  

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de contaminación en La Oroya ha sido enfática en resaltar que, para evitar casos graves de contaminación ambiental y de afectación de derechos humanos, resulta esencial que los Estados tengan estándares suficientes en materia de participación pública, rendición de cuentas y justicia ambiental universal y oportuna; estándares presentes en el Acuerdo de Escazú. Asimismo, la misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), instancia a la que el Perú aspira integrar desde hace varios años para mejorar su competitividad internacional en materia económica, también ha hecho énfasis en la necesidad de esta ratificación.  

Sin duda, el nuevo gobierno deberá priorizar la ratificación de este tratado internacional si es que existe la voluntad en quienes dirijan el país en el próximo quinquenio de gobernar con instituciones más democráticas y transparentes, asegurando inversiones sostenibles que respeten los derechos humanos ambientales de las generaciones presentes como futuras. Esperemos que no sea una utopía que, en la próxima COP del Acuerdo de Escazú, el Perú esté ocupando un espacio como Estado Parte y aproveche las oportunidades que el multilateralismo ofrece para mejorar nuestra fragmentada democracia ambiental.