Foto: CEPAL

• Del 20 al 22 de abril se realizará la primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, herramienta regional sobre derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales.
• El 22 de abril se cumple un año desde la entrada en vigor del Acuerdo; sin embargo, Perú no se adhiere a él por lo que no participará en esta primera reunión que tratará temas para su implementación. 

Escribe: Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA

El Acuerdo de Escazú es un instrumento que introduce elementos innovadores respecto de los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental. Fue elaborado para América Latina y el Caribe, considerando los principales desafíos comunes para la justicia ambiental, con la participación de los países y de la sociedad civil a través de un proceso transparente y participativo y en donde Perú jugó un rol promotor y protagónico que lamentablemente ha terminado en ser uno de los pocos países que se ha quedado muy atrás en la implementación del Acuerdo.

Luego de un año de su entrada en vigor, se realiza la Conferencia de las Partes, en donde los países que ratificaron el acuerdo tomarán decisiones sobre aspectos sustanciales para la implementación del instrumento: las reglas de procedimiento de la COP, incluyendo modalidades para la participación del público, las reglas de composición y funcionamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento y las disposiciones financieras necesarias para el funcionamiento del acuerdo. 

La inauguración del evento contó con la participación del presidente chileno, Gabriel Boric, quien comentó que “hoy la región tiene la oportunidad de diseñar desde su propio y especial contexto las soluciones que le permitirán navegar la crisis climática. Va ser muy importante reconocer nuestras fortalezas para mejorar nuestras estructuras de información, de participación, de acceso a la justicia que ya existen y también mirar las fortalezas de los países de la región”.

Perú: el gran ausente 

Como se recuerda, hace poco el Congreso de la República optó por archivar nuevamente la discusión del acuerdo en el Pleno, tal como sucedió en la legislatura pasada cuando la Comisión de Relaciones Exteriores decidió archivar el Proyecto de Resolución Legislativa 4645/2019-PE, documento que proponía el debate y la ratificación del Acuerdo de Escazú en el Pleno del Legislativo.

En los últimos años, no solo gobiernos de países latinoamericanos, la academia y la sociedad civil se han pronunciado sobre el Acuerdo de Escazú sino también instancias económicas como la OCDE y la Banca Multilateral han indicado la necesidad de contar con mecanismos adecuados y efectivos de transparencia y participación pública para fortalecer la justicia ambiental y así contar con un clima favorable para inversiones sostenibles y sostenidas. 

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) considera que el Acuerdo de Escazú no solo brinda un respaldo a derechos humanos a través de la búsqueda de la eficacia de derechos instrumentales como lo son los de acceso a la información, participación pública y justicia ambiental, sino que también introduce herramientas y mecanismos innovadores respecto de ellos.

Fátima Contreras, especialista legal de la SPDA, indicó que “precisamente, cuando revisamos la gestión de conflictos socioambientales y la atención a daños ambientales es que nos percatamos que necesitamos priorizar el trabajo en los derechos de acceso y optimizar su institucionalidad. El acuerdo nos da la oportunidad de introducir principios jurídicos como el de no regresión y de progresividad y el de pro persona así como figuras procesales como la carga dinámica para la producción de la prueba del daño ambiental, entre otras”.

Por ello, agregó al especialista de la SPDA, “es necesario que el país se adhiera al acuerdo y no desconozca la importancia de sus aportes además de cumplir con el compromiso de adoptarlo”.