Esta semana, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) contabilizó el 100 % de actas electorales de la segunda vuelta por las elecciones presidenciales, y el resultado posiciona a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en primer lugar, quien se impuso a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) por 49 641 votos.

A partir de 28 julio, Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de la República, y desde el primer día deberá atender los problemas más urgentes del país. Si bien la seguridad ciudadana es uno de los principales temas en la actualidad, existen otros que ya están en el radar, como por ejemplo el fenómeno El Niño.

Cabe destacar que la inseguridad ciudadana también está ligada a actividades ilícitas que hoy deprendan los bosques, contaminan los ríos, atentan contra la biodiversidad, y ponen en riesgo la salud de las personas. La minería y tala ilegales, así como le narcotráfico, son algunos ejemplos.

La nueva presidenta también deberá definir la posición de nuestro país respecto a los tratados internacionales ligados a temas ambientales, como por ejemplo el Acuerdo de París y el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, así como el Tratado de Alta Mar y el Acuerdo de Escazú, aunque en este último caso ya expresó que está en contra de este tratado regional sobre participación ciudadana y protección de defensores ambientales.

En este contexto es necesario recordar cuáles fueron las principales propuestas ambientales de Fuerza Popular, según su plan de gobierno.

A continuación, te presentamos un resumen de las principales propuestas:

Economía circular y gestión moderna de residuos

• Establecimiento de un Plan Nacional de Gestión de Residuos con economía circular, priorizando rellenos sanitarios regionales y eliminando botaderos a cielo abierto.
• Implementación de un sistema de reciclaje, integrando a recicladores formalizados con incentivos tributarios para empresas que compren material reciclado.
• Creación de plantas de tratamiento y valorización energética de residuos sólidos urbanos mediante APP, priorizando ciudades con más de 200 mil habitantes.
• Creación de un Régimen de Incentivos Tributarios para Empresas Verdes, que permita deducir hasta el 50 % de la inversión en procesos de reciclaje, eficiencia energética y certificaciones ambientales.
• Establecimiento de un programa de reconversión verde para MYPE, facilitando acceso a tecnologías limpias mediante CITE y créditos blandos.

Amazonía, biodiversidad y lucha contra la deforestación

• Implementación de un Programa Nacional de Cero Deforestación Ilegal, con drones y monitoreo satelital en la Amazonía.
• Establecimiento de un Fondo Verde Amazónico financiado con cooperación internacional y aportes privados, destinado a proyectos productivos alternativos sostenibles.
• Endurecimiento de sanciones contra tala ilegal y tráfico de especies, con penas efectivas y decomiso inmediato de bienes e insumos.
• Desarrollo de proyectos de silvicultura comunitaria con titulación segura para comunidades amazónicas.
• Impulso de normativa para proteger la biodiversidad, así como la creación de Brigadas de Protección del medioambiente conformadas por líderes locales, jóvenes y adolescentes, Policía y otras autoridades.

Acción climática, monitoreo ambiental y finanzas verdes

• Modernización del Sistema Nacional de Monitoreo Ambiental con estaciones en tiempo real para medir calidad de aire, agua y emisiones en todas las regiones, integradas a una plataforma digital abierta.
• Creación de un Registro Nacional de Pasivos Ambientales actualizado y público, con metas de remediación por sectores.
• Elaboración de Planes Regionales de Adaptación Climática con obras de infraestructura verde (humedales, qochas, bosques urbanos y reforestación).
• Impulso de la participación del Perú en mercados internacionales de bonos verdes y de carbono, generando nuevas fuentes de financiamiento.
• Promoción de la marca “Perú Sostenible” para productos con certificación de bajo impacto ambiental y trazabilidad garantizada.

Primeros 100 días

• Implementación del Fondo Verde Amazónico, con recursos iniciales de cooperación internacional y aportes privados para financiar proyectos sostenibles alternativos (reforestación, agroforestería, bioeconomía).
• Creación del Registro Nacional de Pasivos Ambientales, con información pública y georreferenciada para priorizar remediaciones.
• Ejecución de operativos conjuntos MINAM–PNP–SUNAT en puntos críticos de tráfico de madera y fauna (Ucayali, Madre de Dios y Loreto).

[Ver además ► Acuerdo de Escazú: una oportunidad valiosa para el próximo gobierno]

Pequeña minería, minería artesanal y minería ilegal

• Creación de un Fondo Nacional de Innovación Minera para la minería artesanal y de pequeña escala, con incentivos tributarios para tecnologías de automatización, trazabilidad y reducción de impactos ambientales.
• Creación de un Fondo de Garantías Estatales para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala, destinado a respaldar operaciones de crédito y facilitar el acceso al financiamiento formal, reduciendo el riesgo para las entidades financieras y promoviendo inversión productiva responsable.
• Establecimiento de alianzas con CITE Mineros y universidades para transferencia tecnológica en MAPE, mediana y gran minería.
• Financiamiento de la implementación de monitoreo ambiental en tiempo real en operaciones de pequeña y mediana minería.
• Culminación de la implementación nacional del SIPMMA (Sistema Interoperable para la Pequeña Minería y Minería Artesanal) para trazabilidad de insumos y minerales.
• Digitalización de todos los trámites mineros a través de una Ventanilla Única Minera Electrónica con Inteligencia Artificial que sea interoperable con SUNAT, ANA y gobiernos regionales.
• Establecimiento de comandos mixtos PNP, FF.AA., Fiscalía, SUNAT en zonas críticas para enfrentar minería ilegal y crimen organizado.
• Exigencia de la remediación de pasivos ambientales, priorizando cuencas altoandinas y zonas críticas.