Defensores ambientales de seis países se reunirán en Lima el 27 y 28 de mayo
- Participantes de Perú, Colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador y Chile articularán estrategias frente a la criminalización, contaminación y amenazas contra quienes defienden el agua, sus territorios y derechos.
martes
26 de mayo, 2026

El próximo 27 y 28 de mayo, en la ciudad de Lima, representantes de seis países se reunirán el Encuentro Internacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y del Medio Ambiente, un espacio de articulación regional que busca visibilizar las problemáticas, amenazas y violencia que enfrentan quienes defienden los territorios y el ambiente en América Latina.
El evento, que reunirá a defensoras y defensores de distintas regiones del Perú, así como de Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y Brasil, también busca fortalecer estrategias colectivas de protección, incidencia y vigilancia ciudadana frente al avance de actividades extractivas y economías ilegales.
Como se recuerda, en diversos países, los defensores enfrentan escenarios complejos marcados por la contaminación de sus territorios debido a proyectos de extractivos, el avance de actividades ilícitas como la tala ilegal, la minería ilegal y el narcotráfico, así como el hostigamiento, persecución y criminalización por ejercer su derecho a la protesta y defensa territorial.
En muchos casos, estas amenazas han escalado hasta el asesinato de personas defensoras ambientales y de derechos humanos. En 2024, de acuerdo a Global Witness, América Latina concentró el 82 % de los asesinatos de defensores ambientales en todo el mundo.
A ello se suma la falta de mecanismos efectivos de protección y la limitada respuesta de los Estados frente a las situaciones de riesgo que viven defensores y defensoras, y que afectan a sus comunidades, pueblos indígenas, organizaciones y a los liderazgos territoriales en América Latina.
En ese contexto, el encuentro permitirá evaluar los nuevos desafíos de la realidad regional y construir estrategias integrales y articuladas para enfrentarlos colectivamente, con el fin de fortalecer la protección de estas personas, fortalecer la incidencia pública e internacional, y exigir que los Estados garanticen condiciones seguras para quienes defienden derechos humanos y el ambiente.



