- A través de un informe publicado a finales del año pasado, el organismo solicitó que el Plan Amazónico tenga una continuidad presupuestal y operativa para el 2021. Sin embargo, hasta la fecha no hay una respuesta del Ministerio de Salud (Minsa).
Por Fiorella Fiestas / ffiestas@spda.org.pe
Alrededor de 30 mil indígenas en nuestro país fueron contagiados por COVID-19 desde agosto de 2020 hasta la fecha, según los registros de la Defensoría del Pueblo. Pero esta cifra oculta un subregistro que, para Nelly Aedo, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, es necesario visibilizar.
Para Aedo, este subregistro inició cuando la variable étnica no fue incluida en los registros del Ministerio de Salud (Minsa) a inicios de la pandemia en marzo de 2020. Y este tema se agrava sobre todo en las zonas andinas.
Recién para el 21 de mayo de 2020, el Minsa aprobó el Plan de Intervención del Minsa para comunidades indígenas y centros poblados rurales de la Amazonía o “Plan Amazónico”. Fue a través de este documento que se logró implementar una estrategia de intervención para el fortalecimiento de la prevención y la mejora de la respuesta rápida de atención frente al COVID-19 en comunidades de diez departamentos con población indígena amazónica.
Este año, la Defensoría del Pueblo busca que los errores no se repitan. Por ello, a través de un informe publicado a finales del año pasado, solicitó que el Plan Amazónico tenga una continuidad presupuestal y operativa para el 2021. Sin embargo, según detalló Nelly Aedo, hasta la fecha no hay una respuesta del Minsa.
“Ya es febrero y los gobiernos regionales deberían estar ejecutando las medidas de contención. Ya vimos los efectos que sufrieron (los pueblos indígenas) el 2020”, indicó Aedo en conversación con Actualidad Ambiental.
Asimismo, solicitó que el Plan Amazónico elabore una estrategia para incluir a los pueblos andinos y que se dé un presupuesto independiente para ellos, como no se hizo el año pasado.
De acuerdo al informe “Evaluación de las medidas para la atención de la salud de los pueblos indígenas del Perú frente al COVID-19” de diciembre de 2020, de cada 10 comunidades indígenas solo 4 contaban con un establecimiento de salud en su territorio.
“En los meses más álgidos de la pandemia en la Amazonía, identificamos que 39 puestos de salud no estaban atendiendo porque el personal de salud estaba contagiado o con alguna condición previa. Fue dramático, porque no se pudieron atender ningún tipo de emergencias”, detalló la especialista.
“Es muy importante que el Ejecutivo no retrase la atención en las comunidades ni únicamente priorice a las zonas urbanas. Ya nos hemos dado cuenta de que el nivel de contagio es feroz”, agregó.
Indígenas deben ser prioridad del Estado
Nelly Aedo también se refirió a los Comandos COVID. En otro de los informes presentados a finales del año pasado, la Defensoría se dirigió a los Comando COVID-19 indígenas para iniciar acciones con la finalidad de garantizar la difusión en lenguas indígenas de información relacionadas al acceso a las vacunas contra el COVID-19, y sobre el proceso de inmunización en las comunidades nativas y campesinas u otras localidades indígenas, a través de medios de comunicación de alcance local o comunal.
Con 6 millones de peruanos que se autoidentifican indígenas y 55 pueblos originarios en todo el país que representan cerca del 20% de la población en todo el Perú, Aedo considera que el Gobierno debe darle prioridad a este grupo poblacional.
“[El Gobierno] tiene que generar un plan multisectorial. En el caso de pueblos indígenas se necesita una inversión, se necesitan cercar los servicios públicos de estas zonas. Es urgente que el Estado cierre la brecha en establecimientos de salud. No es posible que de diez comunidades apenas cuatro comunidades cuentan con un establecimientos de salud”, sostuvo la representante de la Defensoría.
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