Imagen: Composición Actualidad Ambiental

• Diversas organizaciones instaron a las autoridades investigar al congresista de Alianza por el Progreso sobre un presunto conflicto de intereses a favor de la minería ilegal. 

[Lee el pronunciamiento aquí]

El Observatorio de Minería Ilegal y Actividades Vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad (OMI) emitió un pronunciamiento donde solicitan a las autoridades investigar al congresista de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana Cavides, luego de la difusión de un reportaje de Punto Final que denunció un posible conflicto de intereses por parte del despacho del parlamentario.

La controversia surgió luego de que Erasmo Mestas, minero informal de Madre de Dios, recordara que Eloy Saxi Arapa utilizó su concesión minera para inscribirse en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), en setiembre de 2020.

En una primera instancia, la Dirección Regional de Energía y Minas e Hidrocarburos de Madre de Dios le dio la razón a Mestas y excluyó del padrón administrado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) a Saxi Arapa. Sin embargo, el minero denunciado logró revertir la decisión de la autoridad regional, pero esta vez con el asesoramiento legal de Eduardo Salhuana.

“El caso se vio en Puerto Maldonado, en la Dirección Regional de Energía y Minas. Luego en la Gerencia de Desarrollo Económico del gobierno regional”, respondió Salhuana al dominical de Latina. El congresista precisó que en ambas instancias su patrocinado ganó el caso dentro del ámbito de Madre de Dios. “En abril fueron las elecciones y ya dejé el caso en la campaña electoral”, agregó.

Sin embargo, en el reportaje se alertó que Salhuana firmó unos documentos como abogado de Saxi Arapa, el 7 de junio de 2021, cuando ya era congresista electo por Madre de Dios.

El caso continuó en el Consejo de Minería del Minem. Esta vez el presunto minero invasor tuvo como abogada a Saby Meza, asesora nivel II del despacho del congresista Eduardo Salhuana, el 13 de diciembre de 2022.

Un mes antes, el 7 de noviembre, el Minem envió un oficio al domicilio procesal de Saxi Arapa: la vivienda y oficina de enlace del parlamentario de APP en Puerto Maldonado.

Al respecto, Salhuana señaló que “este es un proceso bastante dilatado, hubo inspecciones, verificaciones, audiencias y escritos. Se tramitó ante la Dirección Regional de Energía y Minas y la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. Había que acreditar un domicilio procesal y se acreditó mi oficina de abogado”. Asimismo, descartó entregarle el caso a su asesora congresal.

Para Saby Meza no existe un conflicto de intereses en defender a su patrocinado. “¿Quién tiene que cometerlo (un conflicto de intereses)? El servidor civil o servidor público, y yo no soy una servidora civil, ni soy una servidora pública, no soy una funcionaria, soy una trabajadora de confianza”, señaló.

“Al señor Saxi lo conozco porque él me llama por teléfono, así como me llamaba un montón de gente a consultarme cosas. El señor muy preocupado me confirma que no tenía idea de cómo iba su casa. Yo, hasta ese momento, no sabía quiénes eran los clientes del doctor Eduardo (Salhuana)”.

Proyecto de ley en contra de la Amazonía peruana

Para el OMI, Salhuana Cavides, exasesor legal de la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin), desde que ingresó al Congreso, en el periodo 2021-2026, “ha venido presentando una serie proyectos de ley que atentan contra el patrimonio natural y la Amazonía”. El observatorio consideró que los proyectos que promueve Salhuana buscan flexibilizar y modificar las normas para la lucha contra la minería ilegal, afectación de los bosques, áreas naturales protegidas y pueblos indígenas.

Entre las iniciativas legislativas se encuentran, entre otros, el Proyecto de Ley 07287-2023-CR, que comprendía medidas para frenar el crimen organizado asociado a la minería ilegal en el país, aprobada, sin mayor debate y sin dictamen, el 13 de marzo último; el Proyecto de Ley 0894-2022, también conocida como “Ley Antiforestal”, que quita por un lado la potestad del Ministerio del Ambiente (Minam) de  gestionar la zonificación forestal y permite la titulación de predios rústicos sin sustento técnico.

Asimismo, el congresista por APP fue el autor del Proyecto de Ley 6259/2023, que declara de interés nacional la planificación y construcción de infraestructura para el mejoramiento vial en el departamento de Madre de Dios. Esta propuesta incluía la construcción del trayecto de la carretera Boca Manu-Boca Colorado, que pasaría cerca al Parque Nacional del Manu, la Reserva Comunal Amarakaeri y la Reserva Territorial Madre de Dios, donde habitan pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI). Tras las protestas, este tramo fue retirado.

Cabe precisar que, al igual que con la ley que favorece a la minería ilegal y la “Ley antiforestal”, la inclusión del tramo Boca Manu-Boca Colorado no siguió su curso habitual, tampoco recibió opiniones técnicas de entidades del Estado ni de la sociedad civil.

Otro de los puntos advertidos por el OMI, es la promoción de la  la explotación de hidrocarburos de la llamada cuenca gasífera de Madre de Dios, que se superpone con áreas naturales protegidas, comunidades nativas, así como reservas territoriales e indígenas donde transitan los PIACI, medidas que vulneran el marco jurídico actual del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y que ponen en riesgo el derecho a la vida de los pueblos indígenas más vulnerables.

“En vista al reportaje emitido, los abajo firmantes advertimos que la vinculación del congresista de la República y los hechos expuestos van en contra de la protección constitucional al medio ambiente, los esfuerzos del propio Estado para conservar la diversidad biológica –especies, genes y ecosistemas– y debilita la institucionalidad del Congreso de la República”, se lee en el pronunciamiento con la rúbrica de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau), Conservación Amazónica (ACCA), Comité de Defensa del Agua, Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), Red Anticorrupción Forestal de Ucayali, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), entr otros.

Datos:

• El 6 de marzo, Erasmo Mestas presentó ante la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso una denuncia contra Salhuana Cavides para que se le investigue por el presunto conflicto de intereses.