Por: César Bedoya G.[1]

Según la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, máxima instancia institucional encargada de la prevención y el abordaje de conflictos en el país, un conflicto social se define como un proceso complejo en el que diversos actores de la sociedad, el Estado o las empresas perciben que sus intereses, valores o necesidades son contradictorios, lo que puede derivar en violencia y amenazar la gobernabilidad[2].

Apelando al concepto arriba glosado le daremos una mirada general a los conflictos que suelen ocurrir alrededor de la creación y gestión de la áreas de conservación regional (ACR). Esta nota surgió a partir de nuestra participación en el Taller “Áreas de Conservación Regional (ACR): Aspectos legales y comunicacionales”, organizado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y Andes Amazon Fund, realizado en julio del presente año, en el que participaron profesionales y funcionarios ligados a las ACR en el país. La información que utilizaremos fue sistematizada por los propios participantes del Taller.

Regresemos al concepto inicial. Podemos identificar algunos elementos clave que siempre definirán a cualquier conflicto social: son hechos complejos por la cantidad de variables que confluyen en la situación conflictiva. Son multiactor, porque en ellos estarán involucrados poblaciones, líderes sociales, autoridades locales, regionales y nacionales, organizaciones de sociedad civil, entre otros. Responden a un proceso, nunca un conflicto aparece y desaparece de manera súbita más bien en su despliegue puede pasar por múltiples etapas (inicio, escalada, crisis, desescalada, transformación). Por último, pueden suscitarse situaciones de violencia y amenaza al orden público.

Asumiendo que los conflictos son hechos sociales, entonces son pasibles de ser analizados con detalle y a partir de esa información obtenida, poder desarrollar las acciones necesarias para su abordaje; sean estas de carácter preventivo, cuando se actúa desactivando los problemas (no resueltos) que dan pie al conflicto. O de abordaje resolutivo, cuando el conflicto ya escaló y se dirige peligrosamente hacia una situación de crisis que podría expresarse a través de acciones de violencia. Podemos decir con absoluta seguridad que no hay estrategia de abordaje válida si ésta no está sustentada en un análisis que dé cuenta de lo fundamental que caracteriza a cualquier conflicto: los actores involucrados, los temas en disputa y el proceso por el cual ha pasado.

Cordillera Azul fue la primera ACR creada bajo el Decreto Supremo No. 45-2005-AG, en adelante se fueron instituyendo más de 30, siendo la última, Aguas Calientes Maquia, en la región Loreto, oficializada por Decreto Supremo No. 007-2026-MINAM[3]. El proceso de creación de una ACR considera una dimensión técnica y otra participativa que lidera el Gobierno regional, acompañado y ratificado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. El proceso pasa por varias etapas, cada una de ellas, no exenta de reclamos y tensiones.

Podríamos hacer un reconocimiento inicial de las controversias o conflictos que se dan durante la fase de creación de una ACR y tendríamos aquellos referidos a los temores activados por la presunción de restricciones sobre el uso de los recursos naturales como puede ser el temor a perder acceso a los bosques, zonas de pastoreo, lugares de pesca u otras actividades de recolección, restricciones para la actividad agrícola. Los temas asociados a las disputas por la tenencia y los derechos sobre la tierra, las superposiciones entre el área propuesta y los predios preexistentes de comunidades campesinas o nativas, predios privados no saneados, la activación de conflictos por límites territoriales entre comunidades. Los conflictos derivados del acceso o manejo de información certera y oportuna, rumores sobre las consecuencias derivadas de la creación de la ACR, desalojos, expropiaciones, temores y expectativas sobre los posibles beneficios. Los que tienen que ver con intereses económicos contrapuestos, en donde entran a tallar actividades lícitas como ilícitas (minería, hidrocarburos, actividad forestal, infraestructura, etc). [4]

Una constante es que en los conflictos alrededor de las ACR se van a combinar elementos de manera compleja, que tienen que ver con el contexto territorial y los temas en disputa, sean estos emergentes o preexistentes. En la ACR Paramos andinos Huaringas, en Piura, que está en proceso de creación, los temas conflictivos que alternan tienen que ver con la presencia de la minería formal que proyecta una explotación a tajo abierto, los usos del territorio que tienen que ver con la ampliación de la extensión agrícola y el turismo esotérico. En San Pedro de Chonta, ubicada en Huánuco y creada en 2025, el tema de más alta incidencia tiene que ver con la expansión agrícola y las prácticas que eso supone, por ejemplo; la quema que deriva en incendios forestales. En Rontoccocha, Apurímac, ACR en proceso de creación, la presión que deriva en conflictos viene por el lado de los petitorios mineros que se otorgan dentro del área de conservación y las demandas de las poblaciones por mejorar sus condiciones de vida. En la ACR Chontabamba, creada este año en Pasco, los conflictos vienen por el lado de la tala ilegal y la generación de incendios forestales. En Tamishiyacu Tahuayo, creada el 2009 en Loreto, enfrentan la presencia de población foránea, pesca ilegal, cambio de uso de suelo y temas de corrupción. En Ausangate, creada el 2019 en Cusco, algunos de los temas en controversia tienen que ver con las expectativas en torno a los beneficios derivados de ser ACR: derechos preexistentes, titulación de predios y la cada vez más presente actividad minera.  En Osomayo Milpo, ACR en proceso de creación que se halla en Huánuco, el tema central está en la percepción que los pobladores de la zona van a perder sus terrenos agrícolas que son su principal medio de vida. En Alto Nanay Pintuyacu Chambira, ACR creada el 2011 en Loreto, los conflictos derivan del uso de los recursos locales tanto por parte de comuneros de la zona como por foráneos que además generan situaciones de corrupción. En los Bosques interandinos del Marañón, ACR creada el 2011 en Cajamarca, se tienen invasiones de terrenos, cambios en el uso de los suelos para expansión urbana y actividad minera. A partir de esta síntesis muy apretada del tipo de conflictos que se dan en este grupo de ACR, podemos observar ciertas recurrencias como también asuntos que le son particulares a cada zona. Definitivamente son escenarios complejos por la diversidad de actores involucrados, los distintos intereses en juego y cada proceso tiene sus propias características condicionadas por el contexto territorial, social, institucional, cultural.

En cada zona en la que se crea una ACR, sus gestores deberían tener claridad sobre el contexto territorial (su historia, la disponibilidad de los recursos, su distribución, uso, manejo y control, sus características ecológicas); los actores en el territorio (públicos, privados, comunitarios, sus intereses, liderazgo, poder, nivel de influencia); los temas controversiales en relación a la ACR (restricciones en el acceso y uso de los recursos, asuntos de gobernanza, distribución de beneficios, límites territoriales); los marcos institucionales, roles, competencias, normatividad; comunicación y confianza (información disponible, canales  de circulación, mensajes, rumores, desinformación). A toda esta información, poder también contar con una tipología actualizada de los conflictos recurrente y cotejarla con la que cuenta la instancia de prevención y abordaje de conflictos a nivel regional[5].

Así como tener el contexto claro, otro elemento es el disponer de las condiciones necesarias para poner en marcha mecanismos de prevención y abordaje, tanto a nivel de recursos como de capacidades. La prevención tendrá que ver fundamentalmente con la gestión de la información (oportuna y significativa), el abordaje propiamente dicho tendrá que ver con las posibilidades de llevar a cabo procesos de diálogo, negociación, mediación, monitoreo y gestión de compromisos, lo que implica necesariamente el manejo técnico de dichos mecanismos. Todo ello considerando que habrá conflictos de carácter coyuntural y otros más asociados a temas estructurales, en donde el nivel de influencia sobre esos procesos  serán más complejos.

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[1] Sociólogo. Miembro del equipo consultor de INGES. contacto@inges.net

[2] Ver: Resolución de Secretaría de Gestión Social y Diálogo No. 008-2021-PCM/SGSD. 07/08/21

[3] Ver: geoportal.sernanp.gob.pe

[4] Una buena aproximación a los conflictos en áreas protegidas en: “Prevención, tratamiento y monitoreo de conflictos socioambientales en áreas protegidas de administración nacional”. SERNANP-SPDA-GIZ. Lima, 2016.

[5] Dependiendo del GORE en cuestión, estas instancias pueden denominarse: Oficina de Diálogo y Prevención de Conflictos Sociales, Gerencia u Oficina de Gestión del Diálogo. También existen Comisiones de prevención de conflictos algunas lideradas por las Subprefecturas. Carecemos de un registro detallado y actualizado de estas instancias institucionales para la prevención y abordaje de conflictos a nivel regional y local.