Las oficinas de gestión de conflictos regionales y las áreas de conservación regional
- El país cuenta con 39 áreas de conservación regional (ACR), pero solo 13 de los 25 gobiernos regionales supervisados tienen unidades especializadas en prevención y gestión de conflictos sociales.
- En el presente artículo, César Bedoya analiza la importancia de articular estas capacidades para anticipar y gestionar las tensiones que pueden surgir alrededor de estos territorios
viernes
18 de septiembre, 2026
Foto: Diego Pérez / SPDA
Escribe: César Bedoya G.[1]
En la presente nota buscamos cruzar dos datos que consideramos importantes: la localización de las áreas de conservación regional (ACR) y la presencia de las oficinas de gestión de conflictos a nivel regional (OGCR), y derivar de ello una reflexión en torno a que: si ahí donde existen OGCR, la probabilidad de prevenir y gestionar los conflictos que enfrentan las ACR podría tener un carácter más predictivo, institucional y estructurado.
Como lo he planteado en un artículo anterior, las ACR se han constituido en un medio importante para abordar la gestión territorial y la sostenibilidad, entendida como una articulación armónica entre conservación y desarrollo, en la medida que su importancia no radica únicamente en la superficie que protegen, sino también en su capacidad para articular conservación, aprovechamiento sostenible de recursos naturales, seguridad hídrica, desarrollo local y participación de las poblaciones que habitan sus ámbitos de influencia. También, hemos señalado que la presencia de las ACR presenta todo un desafío institucional en tanto que gestionan territorios donde convergen múltiples actores, intereses económicos, derechos preexistentes, actividades productivas y demandas sociales, lo que implica servir la mesa para el afloramiento de controversias y conflictos de distinta naturaleza y alcance.
Considerando este contexto, las unidades especializadas en prevención y gestión de conflictos sociales de los gobiernos regionales deberían constituirse en un socio institucional estratégico para aportar desde su rol y poder anticipar tensiones y fortalecer la gobernanza de estas áreas.
Según el portal del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), a la fecha existen 39 ACR[2], las dos últimas fueron establecidas muy recientemente en el mes de junio: Aguas Calientes Maquía, en Loreto, y Chontabamba Huancabamba, en Pasco. Considerando que, en 2023, el Sernanp reportaba 32 áreas de conservación regional, en pocos años, el número ha aumentado de manera significativa, dando a entender que los gobiernos regionales vienen utilizando con mayor frecuencia esta figura de conservación en la gestión de sus territorios.
Ahora observemos dónde es que se concentran la mayor cantidad de ACR a la fecha. Las actuales 39, se distribuyen en 18 ámbitos regionales (o departamentos): 6 ACR en Loreto; 5 en Cajamarca; 5 en Cusco; 3 en Ucayali; 3 en Huánuco; 2 en San Martín; 2 en Amazonas; 2 en Lambayeque; 2 en Lima; en otras regiones, una cada una.
Con la constitución de la ACR Aguas Calientes Maquía, Loreto pasó a ser la región que concentrar la mayor cantidad. Le siguen Cajamarca, Cusco, Ucayali y Huánuco. Podemos decir que la concentración territorial de ACR no deja de ser desafiante para la gestión pública descentralizada. En tal sentido, las regiones con mayor número de áreas no solamente afrontan mayores responsabilidades de conservación; también necesitan mecanismos institucionales capaces de coordinar intereses diversos alrededor de estos territorios. Todo un reto para la gobernabilidad y gobernanza local.
Veamos ahora cuántos gobiernos regionales cuentan con oficinas especializadas en conflictos. Pero primero algunos datos previos. Dichas oficinas no tienen una denominación obligatoria, su nombre y localización dentro del organigrama depende de cada Gobierno Regional (Gore) y su propio reglamento de organización y funciones. En estricto, se las podría caracterizar como las unidades orgánicas o unidades funcionales de los Gore que cuentan con los recursos y el equipo especializado para la prevención, gestión y transformación de los conflictos sociales. Cabe considerar que una reciente resolución ministerial (RM 242-2026-PCM) establece que tanto los gobiernos regionales y locales son los llamados a conformar espacios de diálogo para la prevención y gestión de conflictos sociales, dentro del marco de sus competencias.
El Informe Defensorial sobre la Supervisión a las Oficinas de Gestión de Conflictos Sociales en los tres niveles de gobierno[3], al presente año, de los 25 gobiernos regionales supervisados por dicho informe, 13 cuentan con una unidad especializada en prevención y gestión de conflictos; o sea, casi la mitad, mientras que los restantes 12 no cuentan con dicha instancia, con lo que aquí emerge una brecha institucional significativa.
| GORE / Región | Cuenta con OGCR | No. ACR |
| Amazonas | NO | 2 |
| Ancash | NO | 0 |
| Apurímac | SI | 0 |
| Arequipa | SI | 0 |
| Ayacucho | SI | 1 |
| Cajamarca | SI | 5 |
| Callao | NO | 1 |
| Cusco | SI | 5 |
| Huancavelica | NO | 1 |
| Huánuco | SI | 3 |
| Ica | NO | 1 |
| Junín | NO | 1 |
| La Libertad | NO | 0 |
| Lambayeque | SI | 2 |
| Lima | NO | 2 |
| Loreto | SI | 6 |
| Madre de Dios | NO | 0 |
| Moquegua | SI | 0 |
| Pasco | NO | 1 |
| Piura | SI | 1 |
| Puno | SI | 0 |
| San Martín | SI | 2 |
| Tacna | SI | 1 |
| Tumbes | NO | 1 |
| Ucayali | SI | 3 |
Fuente: Defensoría del Pueblo y Sernanp
De hecho, la situación actual presenta una mejora respecto de la supervisión realizada en 2022, cuando solamente ocho gobiernos regionales contaban con una oficina o área especializada en prevención y gestión de conflictos sociales. Cabe considerar que contar formalmente con una unidad no implica necesariamente disponer con los recursos necesarios y la capacidad operativa suficiente. El informe de la Defensoría encontró que 10 de las 13 UGCS no cuentan con procedimientos formales para sus actuaciones, en tanto que otras 10 tampoco disponen de protocolos específicos. Esto expresa que la institucionalización descentralizada de la prevención de conflictos todavía presenta una situación desigual y que, en muchos casos, depende más de la capacidad individual de los funcionarios que de sistemas consolidados. Digamos que estamos frente a un trabajo en progreso.
Ya hemos visto que cuando hablamos de una ACR, están implicadas comunidades campesinas o nativas, asociaciones productivas, gobiernos locales, empresas, organizaciones ambientales, sectores del Gobierno nacional y distintas gerencias del propio gobierno regional. En tal sentido, la gestión de un ACR no puede restringirse al monitoreo de biodiversidad o al control de amenazas ambientales. Requiere comprender e incorporar en su gestión las distintas y complejas dinámicas sociales que, dado el caso, pueden facilitar o dificultar los objetivos para la que fue creada.
Entonces, ahí donde se da la feliz coincidencia entre la existencia de una (o más) ACR en una región que cuenta con una OGCR, se debería elevar la probabilidad para prevenir y abordar los conflictos de manera constructiva, en la medida que las OGCR pueden aportar en:
- Identificación temprana de tensiones.
- Mapeo de actores y análisis territorial (actualizado).
- Facilitar espacios de diálogo y negociación.
- Seguimiento y gestión de compromisos.
- Incorporar un enfoque de “conflicto sensible” en torno a la actividad de conservación.
Definitivamente la prevención de conflictos debería incorporarse como una dimensión permanente en la gestión de las ACR, junto con el monitoreo ambiental y la participación ciudadana. Ello permitiría construir una suerte de “sistema regional de prevención de riesgos sociales para la conservación”, donde la información ambiental y la información social se analicen conjuntamente. El desafío es especialmente relevante en regiones como Loreto, Cajamarca y Cusco, que concentran el mayor número de ACR y, por tanto, enfrentan una mayor responsabilidad en materia de gobernanza territorial.
El crecimiento de las áreas de conservación regional nos está mostrando que la conservación está adquiriendo una presencia cada vez más importante dentro de las agendas de los gobiernos regionales. Siendo actualmente 39 en 18 ámbitos regionales, la siguiente apuesta ya no pasa en únicamente establecer nuevas áreas, sino en buscar garantizar que estas puedan gestionarse de manera efectiva y sostenible. Esto nos pone en el plano en el que la conservación debe interactuar con otras capacidades del Estado. Es aquí donde las OGCR pueden convertirse en un engranaje funcional entre la dimensión ambiental y la dimensión social de la gestión territorial.
Lo importante está ahora en considerar que adelantarse a la aparición de conflictos alrededor de las ACR es una forma de contribuir a la conservación. Una medida de protección que no cuenta con legitimidad social puede enfrentar dificultades para sostenerse en el tiempo; en cambio, una estrategia que incorpora a las poblaciones locales, reconoce sus intereses y genera mecanismos de participación puede transformar potenciales fuentes de tensión en oportunidades de cooperación. En tal sentido, el crecimiento de las ACR ofrece una oportunidad para fortalecer no solo la conservación de la biodiversidad, sino también la capacidad de los gobiernos regionales para gobernar sus territorios de manera participativa, preventiva y sostenible.
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