Asociaciones civiles cuestionan deficiencias del concurso público para interconexión vial entre Pucallpa y Cruzeiro do Sul

Mediante un pronunciamiento que acordaron enviar a los presidentes de Perú y Brasil, organizaciones civiles de ambos países manifestaron su preocupación por las deficiencias del concurso público para la contratación del servicio de consultoría que elaborará el Estudio de Pre Inversión para la construcción de la carretera binacional que unirá Pucallpa y Cruzeiro do Sul.

Según el pronunciamiento, las deficiencias de las bases del concurso afectan derechos fundamentales y objetivos de desarrollo sostenible, especialmente de la población que habita en esta área fronteriza. Por este motivo, las organizaciones firmantes, solicitan la urgente revisión y nulidad del concurso público mencionado.

Asimismo, indican que esta convocatoria, realizada a través de PROVIAS Nacional, reduce y condiciona la evaluación de las alternativas más convenientes para los pueblos de Ucayali y Acre (Brasil).

Las organizaciones también señalan que este proyecto afectaría la Zona Reservada Sierra del Divisor, y la Reserva Territorial Isconahua, en el caso del Perú. En el caso del Brasil, afectaría el Parque Nacional Serra do Divisor y las tierras indígenas circundantes al Parque (Ver mapa). Esto causaría la irreversible pérdida de una valiosa biodiversidad, derechos de comunidades indígenas y el patrimonio cultural y el manejo tradicional de los recursos naturales de los pueblos indígenas.

Finalmente, cuestionaron que la convocatoria se haya realizado “sin que se haya elaborado una estrategia de desarrollo fronterizo entre Ucayali y Acre, ni tampoco una estrategia ambiental a largo plazo, que incluya con toda claridad los procedimientos de consulta previa e informada antes, durante y después del proyecto”.

El documento está firmado por la Federación de Comunidades Nativas y Afluentes (FECONABU), la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), PRONATURALEZA, el Instituto del Bien Común; el Centro de Investigación de las Fronteras Amazónicas (CIFA), la Asociación Latinoamericana de Botánica; entre otras organizaciones, peruanas y extranjeras.



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2 comentarios · Dejar un comentario

  • MALCOLM ALLISON dijo:

    LA IMPOTENCIA AMBIENTALISTA HABITA EN LA AMAZONÍA

    La maldición del desarrollo no planificado destruye la Amazonía. Son las leyes del liberalismo tercermundista en naciones desguarnecidas socio-ambiental y climaticamente, en REPUBLIQUETAS.

    VOCERO DE INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL DE BRASIL ADMITE QUE IGUALITO SE HACEN LAS REPRESAS: CON VIABILIDAD ECONOMICA DUDOSA, CON SOBRECOSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE 60%, TRABAJANDO BUENA PARTE DEL AÑO AL 40% Y CON DUDOSA DOTACIÓN DE AGUA

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    “Es un hecho consumado”, admitió André Villas-Boas, uno de los coordinadores del Instituto SocioAmbiental (ISA), resignado a que las medidas judiciales y las protestas no impedirán ya la construcción de la central hidroeléctrica Belo Monte, en la Amazonia brasileña. Pasa los mismo con las carreteras, llamadas allá RODOVÍAS.

    Las batallas perdidas contra millonarios proyectos dañinos para el ambiente, las comunidades indígenas y otras poblaciones locales, no desmovilizan a los activistas. Pero los hacen cuestionar los mecanismos de decisión, especialmente en el área energética.

    En Brasil, el estudio de impacto ambiental (EIA) es exigido desde 1986 para proyectos con potenciales graves efectos para la naturaleza y la población y logró rango constitucional en 1988. Así se pretende evitar que se repitan casos desastrosos como el de la central hidroeléctrica de Balbina, en el norteño estado de Amazonas.

    Su represa inundó 2.600 kilómetros cuadrados de bosque amazónico para generar poca energía y sí mucha emisión de gases de efecto invernadero. Pero al correr del tiempo aquel avance ha resultado insatisfactorio, según los movimientos ambientalistas y sociales, porque en escasísimas ocasiones el EIA se tradujo en la prohibición de un proyecto.

    EN BRASIL SE IMPONEN LOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS y RODOVIARIOS, AUNQUE SE IMPLEMENTAN ALGUNAS MEDIDAS ASISTENCIALISTAS

    En general, la autoridad ambiental aprueba los proyectos, con la imposición de condiciones que no pasan de la mitigación y la compensación, la mayoría de las veces de corte asistencial y ajenas al daño ocasionado.

    EN BRASIL ES EVIDENTE QUE LOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS y RODOVIARIOS OMITEN IMPACTOS EX-PROFESO

    El EIA de Belo Monte incurrió en “ilegalidades”, al omitir impactos de partes del proyecto, como las esclusas y la profundización del río Xingú aguas abajo, en un tramo de 50 kilómetros de hidrovía, señaló el biólogo Hermes de Medeiros, profesor de la Universidad Federal de Pará y uno de los 40 investigadores sobre los fallos del estudio.

    El proyecto de Belo Monte, en el norteño estado de Pará, pretende entrar en operación en 2015 y constituirse en la tercera generadora de hidroelectricidad del mundo, detrás de Itaipú y Tres Gargantas, en China.

    EN BRASIL HAY EVIDENTE CONTUBERNIO Y PROMISCUIDAD ENTRE LOBBISTAS HIDROELÉCTRICOS y RODOVIARIOS CON LAS EMPRESAS EVALUADORAS DE ESTUDIOS DE IMPACTO EIA

    El EIA tiene un pecado original: es responsabilidad del dueño del proyecto, aunque deba encargarlo a una empresa especializada. Belo Monte es un aprovechamiento hidroeléctrico del río Xingú, diseñado durante 35 años por la estatal brasileña Eletronorte, que contrató para el EIA a Leme Ingeniería, una de las mayores consultoras de América Latina en energía. Leme pertenece al grupo belga Tractebel, parte del conglomerado de origen francés GDF Suez, y ambos con grandes negocios energéticos en Brasil. GDF Suez es, a su vez, socio de Jirau, una gran hidroeléctrica en construcción en otro rio amazónico, el Madeira, y tenía un interés no alcanzado en asociarse a Belo Monte.
    Esa “promiscuidad” entre las empresas que elaboran el EIA y las que demandan la evaluación quita credibilidad al proceso, coincidieron Villas-Boas y Medeiros, en una crítica profundizada tras el caso Belo Monte.

    LA LICENCIA AMBIENTAL ESTA SUPEDITADA A INTERESES ECONOMICO-POLITICOS DEL PODER DE TURNO

    Y hay más. También la licencia ambiental, concedida por las autoridades del sector con base en el EIA, tiene su validez y eficacia cuestionadas, ya que es precisamente el gobierno el principal interesado en impulsar proyectos como las hidroeléctricas amazónicas. La supeditación de la protección ambiental a los intereses económicos y políticos del gobierno quedó evidente con el proyecto Belo Monte.
    El Ejecutivo uso todas las medidas a su alcance para concretar la más potente central de la Amazonia, prioritaria dentro de su Programa de Aceleración del Crecimiento, impulsado por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva y su ex ministra de Energía y ahora candidata a sucederlo en las elecciones de octubre, Dilma Rousseff.

    LOBBY DE 3 EMPRESAS ESTATALES SE ARMÓ PARA GANAR SÍ O SÍ LICITACIÓN TRUCADA DE BELO MONTE

    Tres empresas estatales de generación eléctrica y fondos públicos de pensión fueron instados a constituir un consorcio para participar –y ganar- en la licitación del proyecto. El estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social financiará 80 % del emprendimiento, y la hidroeléctrica tendrá un “control privado formal”, para facilitar su gestión.

    ESTADO BRASILERO IMPUSO BELO MONTE A LA PREPO

    Solo “la mano fuerte del gobierno” en “acción permanente” hará posible esa central, reconoció Mauricio Tolmasquin, presidente de la Empresa de Investigación Energética, órgano gubernamental de planificación del sector. A la oposición ambientalista, indígena y de activistas sociales, se sumaron en este caso las críticas de empresarios y especialistas en energía, que dudan de la viabilidad económica de Belo Monte.

    IGUALITO SE HACE: CON VIABILIDAD ECONOMICA DUDOSA, CON SOBRECOSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE 60%, TRABAJANDO BUENA PARTE DEL AÑO AL 40% Y CON DUDOSA DOTACIÓN DE AGUA

    Esos especialistas estiman que su costo superará en 60 % su presupuesto de 10,800 millones de dólares, y que la central generará solo 40 % de su capacidad instalada, debido al bajón del flujo de agua en el río Xingú durante la estación seca.

    PODER JUDICIAL INTERVENIDO, JUECES DADOS DE BAJA Y FALLOS TIRADOS AL TACHO

    Para remover los obstáculos, el gobierno no dudó en interferir en el Poder Judicial, teóricamente independiente. El juez Antonio Carlos Campelo fue alejado del caso por una reforma judicial en Pará, después que en abril intentó suspender tres veces la licitación de Belo Monte, con fallos anulados por un tribunal de Brasilia.

    SE QUITA LA JURIDICCIÓN A MUNICIPIO DIRECTAMENTE AFECTADO

    La reforma quitó en junio la jurisdicción de los temas ambientales y agrarios a Altamira, el municipio más directamente afectado por el proyecto, y los trasladó a un juzgado recién creado en Belém, capital del estado.

    FISCALES AMENAZADOS POR EL ESTADO AUTOCRÁTICO

    Asimismo la Abogacía General de la Unión, defensora de los intereses del gobierno, amenazó con procesar judicialmente a los fiscales que obstruyan los trámites del proyecto. El Ministerio Público (fiscalía) reaccionó reafirmando su independencia y su defensa de las leyes, pero la presión estaba hecha.
    Previamente, en febrero, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) fue compelido a acelerar la aprobación del proyecto, con el silenciamiento de técnicos opuestos al proyecto y la renuncia provocada de dos directores responsables del caso desde fines de 2009.

    INSTITUTO BRASILERO DEL MEDIO AMBIENTE MOLDEADO COMO PLASTILINA

    El mismo Ibama fue dividido abruptamente en 2007 en dos institutos, en respuesta a presiones gubernamentales y empresariales para autorizar la construcción de dos hidroeléctricas en el río Madeira. La ex ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, promovió esa reestructuración y renunció 11 meses después, por la “resistencia” de sectores del gobierno a su política ambiental. Ahora es candidata presidencial por el Partido Verde.

    PAQUETON DE PROMESAS, DEMAGOGIA Y DIVISIÓN DE INDÍGENAS

    Por otro lado, el gobierno trata de obtener apoyo entre la población local al proyecto. Anunció inversiones por montos récord en los municipios afectados, el reasentamiento de familias desalojadas y la pavimentación de la carretera Transamazónica, clave para la conexión con el resto de Brasil, intransitable en la época de las lluvias.
    Las promesas dividieron a los indígenas, lamentó José Carlos Arara, líder del grupo Arara que, rechaza tajantemente la hidroeléctrica, porque desviará parte de las aguas del Xingú, reduciendo el flujo hídrico en el tramo donde viven, la Vuelta Grande del Xingú, deteriorando su forma de vida, basado en la pesca y el transporte fluvial.
    “Muy dependientes del Estado” y de sus medidas asistenciales, algunos indígenas “no logran encarar el mundo sin el Estado”, admitió Villas-Boas.

    Buena parte de la población urbana de Altamira apoya al proyecto porque permitirá recuperar los empleos perdidos por el cierre de la actividad maderera local, por la creciente represión de las autoridades ambientales de la tala ilegal.

    ENTRE LA ESPADA Y LA PARED: DE LA MADERA ILEGAL A LAS MÁQUINAS PESADAS

    Los hechos llevaron a Marinaldo Rodrigues a adelantarse a los hechos. El aserradero donde trabajó ocho años fue cerrado en 2002, por ilegalidad. Es que la represión a la industria maderera ilegal ya se había intensificado, pues no empezó, como suele recordar la gente de Altamira, tras el asesinato en 2005 de la monja estadounidense Dorothy Stang, aclaró Rodrigues a IPS. Desde entonces las autoridades ambientales cerraron 10 de los 12 aserraderos que procesaban la madera en Altamira. Cerca de 5.000 personas perdieron el empleo, un golpe duro en un municipio de 100.000 habitantes con escasas fuentes laborales formales. La mayoría “se arregló”, pero gran parte en trabajos eventuales, como en la pesca o la agricultura, señaló Rodrigues.

    La empresa donde trabajaba pudo reanudar las actividades, pero él decidió buscar nuevos rumbos, se capacitó como conductor de grandes tractores para construir terraplenes, y trabajó en cuatro compañías. Hoy, a sus 37 años y con dos hijos, está desempleado, pero espera ser llamado para la pavimentación de la carretera Transamazónica, recién iniciada. Y por saber manejar las grandes máquinas cree que tendrá empleo asegurado cuando empiecen las obras de la hidroeléctrica de Belo Monte, que comprenden dos grandes represas y dos canales que equivalen al de Panamá en términos de tierra y rocas a sacar.

    Por eso es natural que Rodrigues apoye la construcción de Belo Monte, aunque tendrá su casa inundada por las aguas represadas del río Xingú, como todos sus vecinos en un barrio bajo de Altamira.

    http://ipsnoticias.net

    La impotencia ambientalista habita en la Amazonia5 Ago 2010 …
    http://www.ecoticias.com/…/noticias-medio-ambiente-medioambiente-medioambiental-ambiental-definicion-contaminacion-cambi

    malcolm.allison@gmail.com

  • auxilio alcalde dijo:

    BURRADAS: Organizaciones del Perú y del Brasil alertan sobre las graves deficiencias de licitación de la carretera binacional Cruzeiro do Sul – Pucallpa

    GARRAFALES DEFICIENCIA de las bases del Concurso afectan derechos fundamentales y objetivos de desarrollo sostenible especialmente de la población del área fronteriza entre Acre y Ucayali … lo único que explica TANTOS ERRORES … ES EL TIPO DE PRESIDENTES QUE SUFREN BRASIL Y PERÚ … Y EL TIPO DE CAMARILLAS QUE LOS RODEA … TOTALMENTE ENTREGADAS A LOS LOBBIES DE LAS CONSTRUCTORAS Y LOS BANCOS … SOLO DESVIVIDOS POR LA COIMA, LA GRASA Y EL ARREGLO BAJO LA MESA!!!

    auxilio.alcalde@gmail.com

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