Más allá de la prohibición: las tareas pendientes para gestionar incendios forestales en Perú
- Cada año, entre julio y octubre, el Perú enfrenta incendios forestales cada vez más intensos debido a los efectos de la crisis climática. Este año, ante la posibilidad de un nuevo fenómeno de El Niño, el riesgo se agrava por las sequías y las altas temperaturas. En esta columna, dos especialistas analizan las causas de estos eventos y las respuestas que el país aún no ha incorporado para avanzar hacia una política integral de manejo del fuego.
martes
14 de julio, 2026
Foto: Andina
Escriben: Luis Zari, abogado del Bosques y Servicios Ecosistémicos de la SPDA, y David Torres, coordinador de la Estrategia PAAMARI de la Central Asháninka del Río Ene
A partir de julio, el Perú ingresa cada año a una temporada crítica de incendios forestales. El 2024 dejó una advertencia clara: miles de hectáreas fueron arrasadas por el fuego mientras persistían dudas sobre qué autoridad debía asumir cada responsabilidad. Esta falta de claridad generó demoras en la respuesta de emergencia y contención, problemas de coordinación y, en consecuencia, daños ambientales, económicos y humanos.
El panorama para los próximos meses es preocupante. Según la NOAA, El Niño ya está presente y se prevé que se intensifique entre octubre y enero, con un 63 % de probabilidad de convertirse en un evento «muy fuerte».
El Niño trae condiciones que favorecen los incendios: sequías prolongadas, temperaturas por encima de lo normal y reducción de lluvias. Además, el último boletín semanal del Senamhi registra condiciones atmosféricas favorables para la ocurrencia y propagación de incendios en la sierra y selva sur del país, con 4262 focos de calor detectados a nivel nacional en siete días.
La temporada de incendios alcanza su punto máximo entre agosto y noviembre, y los períodos prolongados sin lluvias pueden multiplicar por cuatro la ocurrencia de incendios respecto de años normales.
El origen de los incendios forestales
Las causas en Perú son, principalmente, de origen humano. Entre las más comunes, según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), están la quema de pastos para renovar zonas de pastoreo, la habilitación de terrenos para la agricultura mediante el método de «roce y quema», la quema de rastrojos tras la cosecha, y fogatas o fuentes de calor mal controladas en actividades cotidianas.
En la mayoría de los casos, no se trata de incendios intencionales, sino de prácticas tradicionales que, en un contexto de mayor sequía y temperaturas más altas, se salen de control con facilidad y se propagan hacia áreas que no estaban destinadas a quemarse.
Es importante distinguir entre una quema y un incendio forestal. Una quema es el uso planificado y controlado del fuego para desarrollar una actividad específica, generalmente vinculada a la agricultura, al manejo de pastizales o a determinadas prácticas culturales.
Un incendio forestal se produce cuando ese fuego pierde el control y se propaga fuera del área prevista, afectando bosques, cultivos e infraestructura, o poniendo en riesgo a las personas.
Esta diferencia resulta particularmente relevante en la Amazonía peruana, donde el fuego forma parte de diversas actividades productivas y culturales.
En las comunidades asháninkas del río Ene, por ejemplo, el fuego se utiliza para la preparación de parcelas agrícolas, pero también cumple funciones asociadas a la caza, la preparación y conservación de alimentos, la elaboración de herramientas tradicionales y determinadas prácticas medicinales. No se trata de una actividad ajena al territorio, sino de una herramienta históricamente integrada a la vida de las comunidades.
Sin embargo, las condiciones en las que se utiliza el fuego están cambiando. Los períodos secos son cada vez más prolongados, las temperaturas más elevadas y las lluvias más irregulares.
Como consecuencia, los combustibles vegetales permanecen secos durante más tiempo y cualquier quema tiene mayores probabilidades de escapar del control de quienes la realizan. Lo que antes podía ser una práctica relativamente segura, hoy puede convertirse rápidamente en un incendio de gran magnitud.
En este contexto, actividades que históricamente formaron parte de la vida rural y amazónica enfrentan hoy condiciones mucho más riesgosas que las de décadas anteriores, lo que aumenta la probabilidad de que una quema se convierta en un incendio forestal.
Foto: Diego Pérez / SPDA
La trampa de la prohibición
Existen normas, planes y protocolos. El problema no es la ausencia total de respuesta, sino que esta está se encuentra repartida entre distintas entidades con competencias sobre incendios forestales, lo que hace compleja su articulación.
Los incendios forestales son tratados como desastres, por lo que su atención recae en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd); la protección del patrimonio forestal corresponde al Serfor; la lucha contra el fuego, a la Intendencia Nacional de Bomberos; y la protección de áreas naturales protegidas, al Sernanp.
Cada una de estas instituciones cumple su función, pero ninguna tiene la autoridad ni el mandato de coordinar a las demás antes de que ocurra la emergencia. En enero de 2025, se aprobó el Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027, que tras lo ocurrido el año anterior, representaba la oportunidad para fortalecer la articulación interinstitucional bajo una mirada de manejo integral del fuego.
Sin embargo, una revisión de este documento muestra que sus 23 intervenciones se concentran principalmente en reportes, capacitaciones, campañas de sensibilización y la conformación de brigadas, fortaleciendo la preparación y la respuesta, sin incorporar el uso planificado del fuego como herramienta de prevención.
Debe tenerse en cuenta que Perú suscribió en 2021 el memorando de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica sobre esta materia, e incluso este año se volvió a aprobar un Entendimiento Operativo para la preparación y respuesta ante incendios forestales en el marco de la Red Amazónica de Manejo Integral del Fuego (RAMIF), donde Perú forma parte.
El resultado es que Perú sigue siendo el único país de la región que prohíbe el uso del fuego y no cuenta con un instrumento que articule realmente a las instituciones bajo una visión de manejo del fuego, lo que significa no abordar la causa estructural del problema.
El Código Penal contempla penas de cuatro a seis años de prisión para quien provoque un incendio forestal, que aumentan a entre ocho y diez años si el fuego afecta áreas naturales protegidas.
A nivel administrativo se cuenta con multas de hasta 5.000 UIT para quien cause daño a los recursos forestales mediante el uso del fuego. El razonamiento detrás de esto es comprensible: el fuego destruye el patrimonio forestal del Estado y debe haber una consecuencia para quien lo provoque.
Pero esta lógica tiene un problema de fondo: si las causas de los incendios son, en su mayoría, prácticas agrícolas tradicionales, entonces la prohibición no está atacando la causa del problema, sino que está esperando a que ocurra para castigar a alguien.
Esta lógica contrasta con la dirección que están tomando países vecinos como Ecuador, que en abril de este año aprobó su Estrategia Nacional de Manejo Integral del Fuego y ya transita hacia un enfoque distinto: uno que no ve el fuego únicamente como una amenaza a eliminar, sino como una herramienta que, bien manejada, puede prevenir justamente los incendios que hoy se busca sancionar.
Foto: Andina
Manejo integral del fuego
La experiencia demuestra que es posible reducir significativamente la ocurrencia y severidad de los incendios forestales cuando se trabaja desde un enfoque de Manejo Integral del Fuego (MIF), centrado en la prevención, el monitoreo y la gestión del riesgo antes de que el fuego se convierta en una emergencia.
En la cuenca del río Ene, la Central Asháninka del Río Ene, a través de la Estrategia PAAMARI, viene implementando desde 2022 un modelo comunitario de prevención y monitoreo de incendios forestales que integra conocimiento ancestral, organización comunal y herramientas tecnológicas.
La estrategia combina monitoreo satelital de focos de calor, alertas tempranas, seguimiento de condiciones meteorológicas, capacitación en manejo integral del fuego y fortalecimiento de brigadas comunitarias.
Los resultados muestran que existen alternativas efectivas a un enfoque basado exclusivamente en la prohibición. En 2023 se registraron 25 incendios forestales que afectaron aproximadamente 2648 hectáreas en el ámbito de intervención.
En 2024, tras la implementación de la estrategia, los incendios se redujeron a nueve y la superficie afectada descendió a 492 hectáreas, lo que representa una reducción cercana al 81% del área impactada. En 2025, por primera vez desde que se tiene registro dentro del ámbito de trabajo de la estrategia, no se produjo ningún incendio forestal.
Más allá de las cifras, uno de los cambios más importantes ha sido el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las propias comunidades.
Los comuneros que antes consideraban que los incendios en el bosque debían extinguirse por sí solos ahora realizan acciones tempranas de control, construyen fajas de seguridad, monitorean las condiciones meteorológicas y organizan respuestas comunitarias antes de que los amagues se conviertan en incendios de gran magnitud.
Experiencias similares pueden encontrarse en otros países de la región y evidencian que el manejo del fuego puede incorporarse dentro de las políticas públicas de prevención y conservación, mediante la articulación del conocimiento científico, las capacidades locales y la gobernanza territorial.
La experiencia acumulada en territorios indígenas y las discusiones que hoy se desarrollan en distintos espacios técnicos muestran una realidad difícil de ignorar: en paisajes donde el fuego forma parte de las dinámicas ecológicas y productivas, la ausencia de gestión no elimina el riesgo, sino que puede incrementarlo.
Vale la pena señalar que desarrollar una política de manejo integral del fuego también requerirá de asistencia técnica, para lo cual el extensionismo agrario ofrece un canal existente para llegar a quienes practican la quema como parte de sus actividades productivas. Incorporar criterios de MIF en estos servicios significa intervenir con los actores indicados, en el momento adecuado y desde un enfoque de prevención.
El desafío para el Perú no es decidir entre permitir o prohibir el fuego, sino construir una política pública capaz de diferenciar entre incendios forestales y prácticas de manejo planificadas, incorporando monitoreo, gobernanza territorial, criterios técnicos y conocimientos tradicionales.
En un contexto de cambio climático, aprender a gestionar el fuego de manera responsable puede ser una de las herramientas más importantes para evitar los incendios forestales que cada año afectan al país.
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