Por: Flor Carrión y Yesenia Chumbe / Programa de Gobernanza Marina de la SPDA

Nadie conoce el mar como quienes viven de él. Su experiencia les permite observar los cambios en los recursos, identificar las zonas de pesca, detectar actividades ilícitas y advertir situaciones que afectan la sostenibilidad de las pesquerías. Reconocer ese conocimiento como un aporte para la gestión pesquera dio origen a los Comités Regionales de Vigilancia Participativa de la Pesca y Acuicultura Sostenible (Corevipa), creados mediante la Resolución Ministerial 045-2003-PRODUCE.

Integrados por representantes de la Dirección Regional de la Producción (Direpro) y de las Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales (OSPA), los Corevipa promueven la vigilancia participativa mediante el trabajo coordinado entre los pescadores organizados, las autoridades y otras instituciones. Su finalidad es contribuir a la conservación de los recursos hidrobiológicos y fortalecer el cumplimiento de la normativa pesquera.

Su labor no reemplaza las funciones de fiscalización del Estado. Los integrantes de los Corevipa no realizan decomisos, no intervienen embarcaciones ni imponen sanciones. Su aporte consiste en observar, vigilar, registrar y reportar oportunamente posibles infracciones, generando alertas tempranas que fortalecen la fiscalización y la coordinación entre las entidades competentes.

Los desafíos de un mecanismo que aún debe consolidarse

Después de más de dos décadas de su creación, la implementación de los Corevipa ha sido desigual. Mientras algunas organizaciones de pescadores, como las de Cabo Blanco y El Ñuro, en Piura, han mantenido su compromiso con la vigilancia participativa y continúan apostando por este espacio de colaboración, en otras regiones el mecanismo no ha logrado consolidarse.

Entre las principales razones está la percepción de que su impacto frente a la pesca ilegal es limitado. Al no intervenir embarcaciones, decomisar recursos ni imponer sanciones, muchas veces su efectividad se mide por funciones que no le corresponden, en lugar de valorar su verdadero aporte: generar alertas tempranas, reportar presuntas infracciones y fortalecer la coordinación con las autoridades. A ello se suma que las denuncias no siempre reciben una respuesta oportuna, lo que desincentiva la participación de las organizaciones de pescadores.

La falta de procedimientos claros y de una delimitación precisa de sus funciones es otro desafío, y lo que durante años dificultó la coordinación entre instituciones y la continuidad del mecanismo. Más que cuestionar la vigilancia participativa, estas limitaciones evidencian la necesidad de fortalecerla mediante reglas claras, articulación institucional y un mayor compromiso de las autoridades.

Por ello, la aprobación del Protocolo de Intervención de los Corevipa, por la Dirección Regional de la Producción de Piura, representa un avance importante para fortalecer la vigilancia participativa en la región.

Más que otorgar nuevas facultades, el protocolo ordena el funcionamiento de los Corevipa, define con claridad las responsabilidades de cada actor y establece procedimientos para observar y documentar presuntas infracciones, registrar información, canalizar denuncias y coordinar con las autoridades competentes. Al mismo tiempo, reafirma que la intervención de embarcaciones, los decomisos y las sanciones corresponden exclusivamente al Estado.

Con reglas más claras, los Corevipa cuentan con mayor seguridad para desarrollar su labor y se fortalece la coordinación entre pescadores y autoridades. Aunque aún es temprano para evaluar sus resultados, esta experiencia puede convertirse en una referencia para actualizar el marco normativo nacional de los Corevipa. Contar con lineamientos comunes para su organización, funciones y articulación institucional permitiría fortalecer este mecanismo en otras regiones y mejorar su aporte en la lucha contra la pesca ilegal.

El siguiente paso: consolidar la vigilancia participativa

La pesca ilegal afecta a quienes cumplen la ley, genera competencia desleal y pone en riesgo la sostenibilidad de las pesquerías. En este contexto, involucrar a los pescadores en mecanismos como los Corevipa no significa trasladarles las funciones de fiscalización del Estado, sino reconocerlos como aliados estratégicos para proteger los recursos hidrobiológicos.

No obstante, la participación, por sí sola, no garantiza resultados. Para que la vigilancia participativa sea efectiva se requiere un acompañamiento permanente de las autoridades, el fortalecimiento de las capacidades de los comités y, sobre todo, una respuesta oportuna a las alertas que generan los pescadores.

El éxito de los Corevipa no debería medirse únicamente por el número de denuncias presentadas, sino por su capacidad para fortalecer la confianza entre el Estado y los pescadores, promover el cumplimiento de la normativa y consolidar una cultura de legalidad en el sector pesquero.

Piura ha demostrado que es posible avanzar en esa dirección. La aprobación del Protocolo de Intervención de los Corevipa y el acompañamiento que viene impulsando el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) representan pasos importantes para fortalecer este mecanismo. El siguiente paso será fortalecer la articulación entre las autoridades competentes y actualizar el marco normativo para replicar esta experiencia en otras regiones del país.

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