Luego de la aprobación de la Ley de Consulta Previa para Pueblos Indígenas, representantes del Tribunal Constitucional (TC) y Defensoría de Pueblo saludaron la medida y afirmaron que dicha norma no afecta los proyectos de inversión, sino crea una plataforma de consenso.

Según el presidente del TC, Carlos Mesía, la mencionada ley “es un gran avance” de concertación y de entendimiento político que ayudará a resolver los conflictos sociales. Asimismo, señaló que esta norma no tiene por qué afectar las inversiones porque no establece un derecho de veto de las comunidades nativas a las decisiones del Estado.

“No tiene por qué interferir en las inversiones sino, por el contrario, reivindicar un derecho de las comunidades nativas, que está reconocido en el Convenio 169 de la OIT, y que había sido hasta el día de hoy causa de conflictos sociales. Ahora esperamos que estos puedan canalizarse a través de esa ley”, manifestó en declaraciones a la Agencia Andina.

El titular del TC también explicó que los acuerdos logrados en la Consulta Previa son obligatorios, pero en caso de no haber acuerdo corresponderá al Estado adoptar una decisión final.

“Si el Congreso establece que el acuerdo con las comunidades es obligatorio, eso está bien; pero cuando el TC ha dicho que no tiene naturaleza vinculante, lo que quiere decir es que en caso de no llegarse a acuerdos el Estado tiene derecho de continuar”, precisó.

Por su parte, Iván Lanegra, adjunto de la Defensoría del Pueblo, también desestimó que esta ley perjudique la inversión privada, ya que es una norma conocida por diversas instituciones y empresas de inversión internacionales.

“Es una medida que puede ayudarnos a atender los temas de fondo de la agenda indígena. Las empresas están acostumbradas a esto. Instituciones internacionales como el Banco Mundial u otras instituciones de cooperación exigen que dentro de los proyectos de inversión que ellos financian se incorpore el tema de la Consulta a los Pueblos Indígenas”, afirmó Lanegra a TV Perú.

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Foto: Agencia Andina