El pasado 6 de julio, hombres armados invadieron el territorio indígena Kampa do Rio Amônia, el 6 de julio -en la frontera entre Acre (Brasil) y Ucayali (Perú)-. Tres semanas después, una delegación de cuatro líderes asháninkas se reunió en Brasil con la Presidencia de la República y ministerios de dicho país para para exigir medidas urgentes de protección territorial y solicitar una estrategia de cooperación binacional con Perú para combatir al crimen organizado.

Cabe destacar que estos grupos utilizan la frontera como corredor para trasladar productos ilegales como el narcotráfico, tala y minería ilegales, tráfico de tierras y otros delitos ambientales. Las poblaciones indígenas señalan que, aunque necesaria, una respuesta policial por sí sola es insuficiente para enfrentar una dinámica criminal que es impulsada por la apertura desordenada de carreteras en la zona.

“No estamos frente a un conflicto local. Estamos frente a la expansión de redes criminales transnacionales hacia territorios indígenas que actualmente representan una de las últimas barreras frente a la ocupación ilegal de esta región de la Amazonía”, señala Francisco Piyãko, coordinador general de la Organización de los Pueblos Indígenas del Río Juruá (OPIRJ), organización integrante de la Comisión Transfronteriza Juruá/Yurúa/Alto Tamaya.

Por parte de Brasil, los líderes buscan ampliar y consolidar las medidas de seguridad que ya están en marcha, en particular aquellas que dieron lugar a la “Operación Ashaninka”, que movilizó al Comando de Frontera Juruá/61.º Batallón de Infantería de Selva (61.º BIS) del Ejército brasileño y a la Secretaría de Justicia y Seguridad Pública del estado de Acre (Sejusp), con la participación del Grupo Especial de Operaciones Fronterizas (Gefron).

Sin embargo, desde el Estado peruano no se ha evidenciado respuesta alguna para atender la situación crítica de criminalidad en la zona de frontera. Para las organizaciones indígenas, es preocupante ver las respuestas diferenciadas para un solo problema, que es el avance del crimen transnacional.

Ante esta situación, Jamer López, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), que integra la Comisión Transfronteriza Juruá/Yurúa/Alto Tamaya, manifiesta que “el crimen organizado está escalando  y ahora ha escalado a otros territorios, afectando el bienestar común de los pueblos y vulnerando nuestras vidas; la falta de intervención es una muestra que el Estado del Perú no llega a los territorios y tampoco vela por nuestros derechos”.

Frente a esta situación, López propone la necesidad de tomar como ejemplo la articulación de la Comisión Transfronteriza Yuría-Juruá-Alto Tamaya para la defensa de la vida, y hace un llamado al Estado peruano para establecer diálogos con el objetivo de enfrentar el crimen organizado de manera conjunta, buscando intereses en común, garantizando la seguridad territorial y la vida de los pueblos indígenas.

Rutas del crimen

La denuncia presentada por los asháninkas no se centra únicamente en la violencia reciente, sino también en la apertura desordenada de carreteras, ramales y trochas madereras, considerada uno de los principales motivos de la propagación de delitos.

Según señalaron, un ejemplo central es la carretera UC-105, en el departamento de Ucayali en Perú. Su construcción ha avanzado sin consulta a las comunidades afectadas, sin estudios de factibilidad y sin las autorizaciones exigidas por la legislación peruana, en contravención del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de otros instrumentos internacionales de protección de los pueblos indígenas.

La red vial UC-105, actualmente en construcción entre Nueva Italia y Puerto Breu, se ha convertido en un importante foco de conflicto a ambos lados de la frontera, pese a que no existe una conexión viable con la red vial brasileña. Además de ingresar en territorios indígenas y reservas extractivas del lado brasileño, la carretera atraviesa 241 cursos de agua que alimentan las cabeceras de los afluentes del río Juruá.

Estudios técnicos y mapas elaborados por el Proyecto ABSAT de la Universidad de Richmond, ORAU, AFRONTA, entre otros han identificado a lo largo de la ruta tala ilegal, pistas de aterrizaje clandestinas, cultivos de coca y una mayor actividad de grupos armados, lo que indica que la carretera se ha convertido en un corredor para diversas economías ilícitas.

Durante los últimos cinco años, el área destinada al cultivo de coca en el departamento peruano de Ucayali se ha triplicado, creciendo al doble de la tasa nacional. La región alberga actualmente la red más extensa de carreteras ilegales de la Amazonía peruana, fortaleciendo redes criminales que aprovechan esta infraestructura para conectar narcotráfico, tala ilegal, especulación de tierras, extracción de oro y lavado de activos.

Para las comunidades indígenas, el problema ya no es exclusivamente peruano: estas redes están afectando directamente territorios en Brasil, utilizando rutas terrestres, fluviales y aéreas que cruzan la frontera y aumentan la inseguridad en toda la región de Yurúa-Alto Juruá y Alto Tamaya.

Esta preocupación coincide también con investigaciones que demuestran la rápida expansión de las llamadas “carreteras virus”: rutas no autorizadas que penetran progresivamente en el bosque, fragmentan el paisaje, aceleran la deforestación y acercan las actividades ilegales a tierras indígenas y áreas de conservación.

En este contexto, las organizaciones indígenas sostienen que la lucha contra el crimen organizado no puede abordarse únicamente como un asunto de seguridad pública, sino que también debe incluir la protección territorial, la gobernanza ambiental y la cooperación internacional.

Narcotráfico y delitos ambientales

La expansión de estas carreteras ocurre en medio de una creciente convergencia entre el narcotráfico y los delitos ambientales. Diversos estudios indican que el crimen ambiental se ha convertido en el tercer mercado ilícito más lucrativo del planeta y que opera de manera cada vez más integrada con el narcotráfico.

En una carta entregada recientemente a las Naciones Unidas durante el Foro Internacional “Economías ilegales, crimen organizado y poder en América Latina”, realizado en Lima, la Comisión Transfronteriza Juruá/Yurúa/Alto Tamaya señaló que “el crimen organizado no es un concepto académico”, sino una realidad que llega armada a los territorios indígenas, amenaza a sus líderes e intenta imponer el miedo como herramienta de control territorial.

La participación de la Asociación Asháninka del Río Amônia (APIWTXA) en el encuentro tuvo que interrumpirse precisamente debido a una invasión de su comunidad, lo que obligó a los líderes a regresar para proteger a sus familias.

Para la Comisión Transfronteriza, el problema va mucho más allá de la seguridad de una sola comunidad. Lo que está en juego es el futuro de uno de los corredores socioambientales más importantes de la Amazonía occidental, que abarca aproximadamente 3.5 millones de hectáreas de bosque, 35 territorios indígenas reconocidos y es hogar de 14 pueblos indígenas; además se encuentran tres de las áreas protegidas más importantes de la Amazonía brasileña: la Reserva Extractiva Alto Juruá —la primera reserva extractiva creada en Brasil—, el Parque Nacional Serra do Divisor y la Reserva Extractiva Riozinho da Liberdade. Del lado peruano, la región incluye asimismo dos parques nacionales —Alto Purús y Sierra del Divisor— y la Reserva Indígena Murunahua para pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.

Los líderes indígenas señalaron que, en última instancia, resolver el problema fronterizo depende de la capacidad de los Estados brasileño y peruano para impedir que el narcotráfico y los delitos ambientales consoliden redes criminales transnacionales capaces de amenazar la integridad socioambiental, la diversidad cultural y la estabilidad climática de la región.