Desde el 2014 el Tribunal Constitucional, máxima autoridad judicial decisora, viene evaluando la demanda de amparo impuesta por dos empresas mineras, Perubar y Cerro Verde, respecto a la viabilidad del Aporte por Regulación (APR) a favor del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). El proceso actualmente se encuentra en sus últimas etapas.

El APR es una contribución impuesta a las empresas mineras y energéticas desde que el OEFA adquirió funciones para realizar actividades de fiscalización ambiental. En la siguiente infografía resumimos los puntos más relevantes para entender el debate alrededor del APR.

Carol Mora, abogada del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, explica la importancia del Aporte por Regulación en la fiscalización ambiental en el país.

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