Escribe: Diego Pajares*

 

En uno de los últimos debates previos a las elecciones presidenciales, uno de los moderadores hizo una pregunta cuya respuesta debería estar a la mano: “¿Qué compromisos asumen los candidatos presidenciales para bajar la deforestación?”. Los candidatos se miraron. Ninguno levantó la mano. Pasados varios segundos, el moderador se resignó: “Pasemos a la siguiente pregunta”. El silencio duró apenas un minuto en televisión, pero fue bastante elocuente porque indicó el lugar que ocupa la deforestación en la discusión de los líderes políticos de uno de los países con más bosques en la región.

Isabel Calle, directora ejecutiva de la SPDA, señala que los temas ambientales, al menos en los últimos años, no han sido los que han marcado la agenda de los líderes políticos. Lo que ha prevalecido, agrega, son propuestas desde el Congreso que priorizan las actividades extractivas y la reducción de los estándares ambientales. Muchos proyectos legislativos, afirma la especialista, “no necesariamente tienen detrás una evidencia científica, un análisis económico, social”, y varias propuestas “tienen más un interés político” y no intentan resolver un problema jurídico o social.

La directora ejecutiva de la SPDA recuerda incluso que hubo una época, “aunque no lo creamos”, en la que las normas ambientales se preconsultaban a través de talleres y reuniones para aportar desde el conocimiento técnico, y lamenta que “todo eso se ha perdido en los últimos años”.

Mientras tanto, en la Amazonía, ese silencio de los políticos tiene un precio que se paga con vidas. 38 líderes indígenas han sido asesinados en los últimos años, la mayoría personas que se atrevieron a denunciar la invasión de sus territorios. Más de la mitad del Perú se compone de bosques, y muchas veces este vasto territorio parece ajeno a las discusiones que se dan en la capital, o solo aparece en los titulares cuando sucede una tragedia. Pero este olvido abarca también los Andes, las zonas remotas donde las sequías se recrudecen cada año, o nuestro mar cuyos recursos están en riesgo debido a la ilegalidad.

Especialistas consultados para este reportaje, sin haberse puesto de acuerdo entre sí, terminan describiendo un mismo panorama: el de un Estado que no logra abarcar su propio territorio, y que allí donde se ausenta, pagan, casi siempre, los mismos: la comunidad rural, el líder indígena, los vecinos que se organizan solos porque nadie más lo va a hacer por ellos.

Ese desconocimiento no es inocente. Es el primer eslabón de una cadena que las demás fuentes de este reportaje desarman, pieza por pieza.

 

38 líderes indígenas han sido asesinados en los últimos años, la mayoría personas que se atrevieron a denunciar la invasión de sus territorios. Más de la mitad del Perú se compone de bosques, y muchas veces este vasto territorio parece ajeno a las discusiones que se dan en la capital, o solo aparece en los titulares cuando sucede una tragedia. 

 

El oro que blanquea la corrupción

Magaly Avila, directora del Programa de Gobernanza Ambiental de Proética, lleva años mirando esa cadena de cerca, y tiene un diagnóstico incómodo: la Amazonía (60 % del territorio nacional) se ha convertido en un laboratorio de ilegalidades. Tala ilegal, minería ilegal, tráfico de tierras, tráfico de especies, trata de personas, narcotráfico, cultivos ilícitos: un catálogo de delitos que, a simple vista, parecen fenómenos independientes, pero no lo son.

“La corrupción es la raíz que está detrás de la deforestación”, dice Avila. Es la corrupción quien firma una guía de transporte forestal con información falsa. Es la corrupción quien blanquea oro y madera de origen ilegal que sale por los canales oficiales, con papeles en regla, como si nada hubiera pasado, sostiene la especialista de Proética. Incluso empresas formales (Avila menciona el caso de cultivos de palma) han sido investigadas por sostenerse sobre tierras acaparadas ilegalmente. El delito, dice, no vive escondido en la selva: vive en el sello, en la firma, en el trámite que alguien realizó a cambio de algún beneficio.

Y volvemos a los 38 nombres. Líderes indígenas, asesinados por ser incómodos: por denunciar, por resistirse, por no dejar pasar la invasión de sus territorios. Avila no los presenta como una estadística de violencia rural aislada, sino como el costo humano de un sistema que necesita silenciar a quien lo mira de cerca. Y advierte algo que en Lima cuesta creer: esa cadena no se queda en la selva. Termina en el alza de precios, en instituciones capturadas, en una democracia que se erosiona un poco cada vez que el crimen organizado gana otra batalla de esta guerra silenciosa.

El clima no espera a los que menos tienen

Si la corrupción es el mecanismo, la pobreza es el amplificador. Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), menciona los hechos, que explican en sí mismos la dureza de la situación: hay familias (agricultoras, pastoras, pescadoras artesanales, recolectoras) cuya subsistencia depende por completo del entorno que las rodea. No hace falta un desastre de portada para desestabilizarlas. Basta un pequeño cambio en la temperatura, una alteración menor en la disponibilidad de agua, para que toda una estrategia de supervivencia construida durante generaciones deje de funcionar.

Son las poblaciones más dependientes del entorno las primeras en sentir cualquier alteración climática, dice Trivelli, y también las últimas en aparecer en los titulares. Esa característica (quién sufre primero, quién se entera después) es quizás la pieza que más conecta con el resto del reportaje: el mismo país que no habla de sus bosques en un debate presidencial es el que deja a sus poblaciones más pobres sin herramientas para adaptarse a un clima que, para ellas, ya cambió hace rato.

La ciudad: territorio de nadie

La desconexión no es exclusiva de la selva ni del campo. Patricia Alata, directora de Conocimiento del Colectivo Lima Cómo Vamos, describe una versión urbana del mismo problema: ciudades construidas de espaldas al territorio y a los ecosistemas que las sostienen, que hoy llegan tarde a una discusión que otras capitales de la región resolvieron hace años.

En sus declaraciones, sin embargo, aparece un elemento nuevo, ausente en el resto de testimonios reunidos en este reportaje: una victoria. Alata cuenta cómo una organización vecinal logró frenar una obra que amenazaba el Parque de las Leyendas. Y cómo los vecinos de la avenida Javier Prado se plantaron ante los bypasses ya en construcción y consiguieron detenerlos. Y cómo se evitó, a tiempo, la instalación de concesiones de sombrillas en las playas. “No todo se gana (el Metropolitano Norte terminó por retirar palmeras pese a la resistencia de los vecinos), pero la evidencia es clara: la presión ciudadana sostenida sí incide”, remarca.

El problema, admite Alata, es sostener esa presión. Estas causas compiten por atención con crisis que golpean más directo el bolsillo y la seguridad (la corrupción, la inestabilidad política) y casi siempre pierden esa pelea por espacio en la conversación pública.

Isabel Calle incide sobre el mismo tema: las restricciones a la participación ciudadana y a la justicia ambiental “no solamente afectan a las ONG, afectan a todos los ciudadanos y las ciudadanas que participamos de estos procesos”.

¿Soluciones? Lo que todavía esperamos

Avila, desde Proética, apuesta por la tecnología como contrapeso a la corrupción: sistemas de trazabilidad para madera y oro, monitoreo satelital, inteligencia artificial e interoperabilidad entre el Estado, la sociedad civil y el periodismo. Sin embargo, advierte que ninguna herramienta reemplaza lo esencial: recuperar la presencia del Estado en el territorio, que no puede imponerse por la fuerza, sino entregando derechos y justicia a quienes hoy no tienen ninguna de ambas.

La exministra Carolina Trivelli reduce la propuesta a un solo conjunto de acciones, si es que el próximo Gobierno estuviera obligado a priorizar: “Prevención, atención y recuperación frente a fenómenos como El Niño, con una estrategia financiera real detrás”. Y agrega una advertencia que suena a lección aprendida: “Reconstruir igual que antes no es recuperación, es repetir el mismo error”.

Jorge Torres Padilla, director ejecutivo de Paskay, propone algo tan simple como subestimado: que los gobiernos regionales reciban, junto con las competencias forestales, los recursos para lograr la sostenibilidad. Además de un programa de restauración “emblemático” para las zonas arrasadas por la minería ilegal en Madre de Dios.

Patricia Alata propone algo más inmediato: rescatar el plan local de cambio climático de Lima, que existe desde 2021 y casi nadie conoce, y empaquetarlo no como una causa ambientalista sino como una promesa para mejorar la calidad de vida de vecinas y vecinos. Su apuesta más concreta es bajar la escala: intervenir barrio por barrio, con resultados visibles en el corto plazo, en lugar de prometer líneas de metro que nadie verá terminadas.

Mientras que Isabel Calle, de la SPDA, termina el cuadro con la pieza que falta: nada de esto se sostiene sin blindar la institucionalidad ambiental, implementar el Acuerdo de Escazú (que protegería a los defensores ambientales y favorecería el acceso a la información pública) y diseñar políticas de Estado, no de gobierno, pensadas en veinte o treinta años, y no en cinco.

Todos estos hilos, el silencio político, la corrupción, la pobreza, la desconexión urbana y, ahora, las soluciones que ya están sobre la mesa, desembocan en la misma pregunta: ¿alguien va a hacer algo con ellas? Ninguna de las salidas que proponen los especialistas es exótica ni requiere inventar nada. La mayoría ya se discutió, se diseñó o incluso se aprobó en algún momento, y quedó archivada.

En el debate presidencial, nadie respondió a aquella pregunta. La selva, como región emblemática más afectada, mientras tanto, sigue esperando que alguien lo haga. Y el resto de la ciudadanía, muchas veces sin saberlo, también lo necesita. Urgentemente.

 

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*Este artículo fue publicado originalmente en la segunda edición de la revista Actualidad Ambiental, página 40. Lee, descarga y comparte la publicación aquí.