Escribe: José L. Capella*

 

En 2024, fui entrevistado en RPP a causa de los incendios forestales que asolaban al Perú con proporciones y consecuencias excepcionalmente graves. El cálculo de personas fallecidas se contaba por decenas y las hectáreas afectadas crecían de forma descontrolada.

Mientras tanto, el Estado y la ciudadanía parecíamos sumidos en una tensa calma, como a la espera de que las lluvias nos salvaran de la tragedia. Mientras estaba al aire, entró una llamada de urgencia del gobernador de Ucayali, quien clamaba por apoyo para su región: describía un escenario terrible e imposible de controlar con los recursos que tenía a su disposición. Es una triste ironía que, precisamente en Ucayali, diversas iniciativas internacionales, como las del Servicio Forestal de los EE. UU., hayan trabajado arduamente para generar mejores condiciones de respuesta en el territorio. El desastre demostró que los resultados de dichas iniciativas seguían siendo insuficientes.

Las consecuencias de esta fragmentación quedaron registradas por Indeci tras la crisis de los incendios de 2024: 754 incendios forestales a nivel nacional, 35 personas fallecidas, 285 heridos y más de 63 mil hectáreas de cobertura natural reducidas a cenizas, sumadas a casi 15 mil hectáreas de cultivos destruidas.

 

“Seguimos tratando los incendios forestales como si fueran terremotos. Ante el fuego, cada sector ministerial o gobierno regional hace lo que puede de manera aislada, con acciones que, en conjunto, evidencian una preocupante ausencia de dirección táctica”.

 

La inminencia de una nueva temporada de incendios devastadores

Comencemos por recordar aquello de lo que —gracias a la ciencia y a las investigaciones— tenemos más certeza: este año puede ser igual de terrible que 2024 en materia de incendios forestales. Incluso puede ser peor, debido al pronóstico de la NOAA (agencia nacional de los EE. UU. de Administración Oceánica y Atmosférica), que desde abril viene alertando sobre las probabilidades — más del 60 %— de que vuelva a ocurrir un evento del El Niño de gran intensidad, comparable al ocurrido entre 1997-1998.

Este informe fue reseñado y desarrollado para el caso del Perú y, en específico, de la Amazonía peruana por la Iniciativa trinacional Madre de Dios, Acre y Pando (MAP), a través de un informe de divulgación científica que, además, advierte sobre los impactos conjuntos de El Niño con otros factores o determinantes, como las sequías.

Ante información tan relevante, surge una pregunta: ¿por qué el Estado no ha emitido una alerta directa y concreta a pocos meses de iniciar la temporada de mayor intensidad de fuego? La respuesta se encuentra en la forma como el aparato público se organiza —o desorganiza— para enfrentar el problema.

Cabe resaltar que el más reciente informe de la NOAA fue presentado en julio, donde los investigadores indican que este evento se fortalece activamente, con un 97 % de probabilidad de mantenerse hasta marzo de 2027, y un 81 % de probabilidad de alcanzar una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre de este año.

Políticas públicas y el error conceptual de origen

La raíz de la alarmante pasividad estatal no se debe a la falta de datos, sino a un entramado legal e institucional diseñado para reaccionar ante la emergencia en lugar de prevenirla. La respuesta normativa del país arrastra avances tímidos, pero, sobre todo, enfrenta grandes desafíos. En primer lugar, nos enfrentamos al dilema de prohibir lo que todos hacen sin una estrategia real de control: la prohibición general de abrir fuego con fines agropecuarios es hoy una norma abiertamente incumplida en el territorio nacional por la falta de alternativas viables para los agricultores.

A esto se suma un error conceptual de fondo: seguimos tratando los incendios forestales como si fueran terremotos. Ante el fuego, cada sector ministerial o gobierno regional hace lo que puede de manera aislada, con acciones que, en conjunto, evidencian una preocupante ausencia de dirección táctica. Las políticas vigentes son, en sí mismas, una prueba de lo urgente que resulta un cambio de timón: el Perú necesita una institución con el liderazgo suficiente para organizar al Estado y articular de manera efectiva a la sociedad civil y al sector privado.

¿Qué podemos esperar?

El verdadero reto sigue siendo la articulación. Cada sector parece abocado a cumplir exclusivamente con “su tarea”, lo que le impide observar el panorama integral.

No podemos permitirnos enfrentar una nueva temporada crítica con las mismas debilidades del pasado. Si la institucionalidad del Estado no asume un liderazgo estratégico, multisectorial y preventivo, el Perú estará condenado a repetir de forma cíclica una tragedia sobre la que, hace ya buen tiempo, la ciencia nos está advirtiendo.

 

 

*Este artículo fue publicado originalmente en la segunda edición de la revista Actualidad Ambiental, página 52. Lee, descarga y comparte la publicación aquí.