Con el fin de recoger opiniones y análisis de diversas organizaciones ciudadanas respecto a las facultades legislativas que solicitó el Ejecutivo, a través de la Proposición Legislativa 00098-2026-2031-CD, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados organizó una audiencia ciudadana el pasado martes 22 de setiembre.

Giannina Avendaño, presidenta de la Comisión, señaló que el objetivo fue escuchar las distintas posiciones sobre el pedido del Ejecutivo y revisar las prioridades y objetivos del país. También planteó la posibilidad de replicar este tipo de audiencias en otras regiones.

Como se recuerda, el Gobierno solicitó estas facultades el pasado 28 de agosto, y desde entonces se han registrado diversas alertas por los posibles riesgos que representa. La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), por ejemplo, advirtió cambios preocupantes en materia ambiental, aprovechamiento de recursos naturales, conservación de la biodiversidad y derechos de pueblos indígenas.

Durante la audiencia en el Legislativo, uno de los paneles estuvo dedicado a analizar las implicancias en materia indígena y ambiental. Participaron Rocío Trujillo, abogada de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep); Jean Pierre Araujo, coordinador jurídico de la SPDA; Denisse Linares, representante de Derecho, Ambiente y Recursos (DAR); y Carmen Heck, directora de Políticas de Oceana Perú.

Durante su intervención, Araujo explicó sobre los riesgos de la aplicación del silencio administrativo positivo para el otorgamiento de certificaciones ambientales y para las opiniones técnicas vinculantes. Agregó que la evaluación ambiental requiere rigurosidad, pero que esto no necesariamente implica frenar las inversiones. El abogado también resaltó que existe una preocupación ante la posibilidad de reducir áreas naturales protegidas para permitir actividades petroleras.

Por su parte, Trujillo cuestionó que la iniciativa contemple cambios a la normativa que garantiza la vida e integridad de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI), pues el pedido de facultades podría abrir la puerta a actividades extractivas, como la minería y la explotación petrolera, en sus territorios.

“Cualquier modificación debe preservar los derechos y principios ya establecidos, como el de no contacto e intangibilidad de los territorios PIACI. Si se permiten actividades extractivas, nos llevaría al exterminio de estos pueblos”, sostuvo.

A su turno, Heck alertó sobre otro de los puntos incluidos en la iniciativa: la modificación de las medidas recientes relacionadas con el ordenamiento pesquero en las primeras cinco millas marinas. “En esta zona es donde se reproducen los principales recursos pesqueros del país (…) recomendamos que cuando la Comisión de Producción evalúe el pedido de facultades, retire este punto para evitar conflictos sociales con los pescadores artesanales”, señaló.

Finalmente, Linares hizo énfasis en el posible recorte de áreas protegidas para priorizar la extracción de hidrocarburos en zonas como el Parque Nacional Bahuaja Sonene, y resaltó que un cambio como el que propone el Ejecutivo no solo afectaría a este lugar biodiverso ubicado entre Madre de Dios y Cusco, sino también a otros parques nacionales del país.

Oportunidades de mejora

Carmen Heck señaló que la exposición de motivos de la solicitud del Ejecutivo también contiene medidas que considera positivas. Entre ellas, destacó la propuesta de modificar la ley que fortalece al Instituto del Mar del Perú (Imarpe) para reforzar la investigación científica de los recursos pesqueros y facilitar la adopción de medidas adaptativas frente a eventos climáticos como El Niño.

Asimismo, valoró las disposiciones orientadas a combatir la pesca ilegal, entre ellas la interoperabilidad de la información, que permitiría a distintas entidades compartir datos en tiempo real para fortalecer la gestión y el control de la actividad pesquera.

Dato:

• Revisa el informe de la SPDA al pedido de facultades legislativas.

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