Por Geraldine Santos*

 

Todo empezó con un ruido estruendoso un jueves de abril de 2023. Así lo recuerda Walter Aranda Salazar, teniente alcalde del caserío Leoncio Prado, una de las localidades peruanas más cercanas a la frontera con Ecuador. Cuando salió de su casa (ubicada en el distrito de San Ignacio, Cajamarca), vio que dos maquinarias estaban en el río Chinchipe. Había empezado entonces la búsqueda de oro sobre esta fuente de agua, y los responsables eran de nacionalidad ecuatoriana.

Tres años después de ese primer encuentro, el río está contaminado, según Aranda. “La Autoridad Nacional del Agua tomó muestras del río y detectó metales pesados. Nos recomendaron no consumir el pescado y evitar bañarnos en las aguas del río Chinchipe”.

El río Chinchipe, ubicado en Cajamarca, al norte de Perú, es el último en ingresar a la lista de 225 cuerpos de agua contaminados en la Amazonía peruana con mercurio, elemento usado por la minería aurífera para separar el oro de otros materiales. El Chinchipe es afluente del río Marañón, uno de los ríos más contaminados del país.

Hasta agosto de 2025, nueve regiones de Perú registraban actividad minera: Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali, según un estudio del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). Además, se calcula que, hasta mediados del año pasado, 139 169 hectáreas fueron deforestadas por la actividad minera en Perú. Madre de Dios concentra el 97 % del total.

También las regiones Huánuco y Puno registran alta deforestación por minería ilegal: 1262 y 1014 hectáreas, respectivamente. Además, se han identificado 989 dragas en Loreto y 174 en Amazonas durante el periodo 2017-2025.

“En solo un año, del 2024 al 2025, vimos la expansión de la minería ilegal en dos nuevas regiones: Cajamarca y Pasco”, dice Sidney Novoa, director de SIG y Tecnologías para la Conservación de Conservación Amazónica (ACCA). El especialista advierte que, sin reglas claras en el país, la minería ilegal seguirá avanzando con impunidad.

Walter Aranda tampoco tiene mucha esperanza. Él advierte que si bien, por el momento, los mineros ilegales han dejado de trabajar en el río Chinchipe debido al estado de emergencia, declarado en nueve distritos de la región Cajamarca para la lucha contra la criminalidad, los mineros ilegales están esperando a que se levante la medida. “Las maquinarias están escondidas en el bosque. No se fueron, están a la espera para volver a operar”, comenta.

Elemento letal

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica al mercurio entre las diez sustancias químicas más preocupantes para la salud pública, ya que incluso en pequeñas cantidades puede causar graves problemas. Su toxicidad afecta los sistemas nervioso, digestivo e inmunitario, así como a pulmones, riñones, piel y ojos.

Un estudio de ACCA estima que cada ‘pequedraga’ en la cuenca del Nanay (Loreto) genera un impacto económico de más de 7.9 millones de soles al año por daños a la salud para cubrir tratamientos médicos debido a la exposición al mercurio (más de 410 mil soles) y daños ambientales por deforestación, contaminación y recuperación forestal (más de 190 mil soles).

“La minería ilegal puede generar un ingreso promedio de 3 mil soles para cada poblador, una cifra mayor a la que obtienen de las actividades legales, que alcanza unos 800 soles mensuales. Sin embargo, estos ingresos no sustentan el alto costo de los tratamientos de salud”, explica Pablo Gómez, economista y gestor ambiental. El experto señala, además, que el mercurio tiene un uso extensivo en la minería aurífera debido a su bajo costo, a pesar de que existen técnicas más seguras y ambientalmente responsables para extraer oro.

Julio Cusurichi, líder indígena de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) explica que las comunidades afectadas por el mercurio no reciben atención de salud adecuada para tratar los problemas digestivos y a la piel por tener contacto con agua contaminada. “Solo recibimos medicamentos paliativos para aliviar el dolor”, cuestionó.

Ante esto, el Ministerio de Salud informó que cuentan con un plan detallado para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas: monitoreos de la calidad del agua, suelo y aire, y controles de niveles de tóxicos en las personas. Estas intervenciones están a cargo de los gobiernos regionales.

Sin embargo, para el líder, las estrategias son insuficientes porque no llegan adecuadamente a los territorios indígenas por la distancia geográfica y el limitado presupuesto del Gobierno Regional. Un estudio del Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia) evidencia el alto grado de contaminación atmosférica por mercurio en Madre de Dios que proviene de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), debido a las malas prácticas asociadas con su realización ilegal.

Además, han registrado que aves y murciélagos tienen altas concentraciones de mercurio, lo que afecta el éxito reproductivo. En tanto, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en inglés) estimó que, de 2001 a 2020, se perdieron 13 000 hectáreas de cobertura arbórea vinculada con la minería en bosques indígenas y comunitarios.

“La destrucción de hábitats afecta a la flora y fauna, pero lo más crítico es que se afecta el suelo, que en la Amazonia es uno de los recursos más escasos, y es el que sostiene la biodiversidad. Las comunidades indígenas sí tienen diferentes impactos, desde afectaciones directas al tejido social hasta afectaciones por el uso del mercurio: daños a la salud”, explica Sidney Novoa.

En Amazonas, la presencia de dragas mineras en los ríos Cenepa y Santiago se ha ido incrementando en los últimos años. Entre 2022 y 2025, el Cenepa ha registrado 137 dragas, mientras que se han reportado 51 en Santiago. Otro de los ríos gravemente afectados es Aguaytía, en la región Ucayali, donde se registraron 26 dragas mineras desde mediados de 2024.

Cuencas más afectadas

“No se puede ingresar, es muy peligroso. Si no lo matan los mineros, lo matará el agua”, advierte un poblador de la comunidad indígena Nuevo Unidos de Tahuantinsuyo que pide reservar su nombre por miedo a represalias. En 2011, la minería ilegal tomó este territorio del pueblo asháninka, ubicado en la provincia huanuqueña de Puerto Inca. A la fecha, ha depredado más de 10 mil hectáreas, casi la mitad del área de la comunidad.

Nuevo Unidos se ubica en las orillas del río Yuyapichis, uno de los cuerpos de agua más afectados por la minería ilegal en el Perú. “Tanto es el impacto en el río que los peces han desaparecido”, advierte Andreas Baumgart, asesor del Área de Conservación Panguana, que tuvo que suspender sus investigaciones por amenazas de muerte realizadas por mineros ilegales.

Yuyapichis no es el único río afectado. En la región Madre de Dios, están altamente contaminados los ríos Colorado, Inambari, Shilive y Malinowski, donde viven los pueblos indígenas harakbut, yine, machiguenga y ese eja. La comunidad Puerto Luz registra un grave deterioro por las excavaciones y las ‘pequedragas’ a orillas del río Colorado. Ante las amenazas, Luis Tayori, integrante del pueblo harakbut, tuvo que abandonar el territorio que había pertenecido a sus abuelos. “La comunidad permitió el ingreso de los mineros; ahora vemos las graves consecuencias por la destrucción de la comunidad”, señaló.

En Loreto, los ríos más afectados son Nanay, Tigre y Marañón, donde viven los indígenas kukama-kukamiria, awajún, achuar, shawi, kichwa, shapra, candoshi y wampis. Ante la contaminación del río Marañón, las mujeres del pueblo kukama-kumaria lucharon para que el río fuera considerado como sujeto de derecho.

En Amazonas, la presencia de dragas mineras en los ríos Cenepa y Santiago se ha ido incrementando en los últimos años. Entre 2022 y 2025, el Cenepa ha registrado 137 dragas, mientras que se han reportado 51 en Santiago.

Otro de los ríos gravemente afectados es Aguaytía, en la región Ucayali, donde se registraron 26 dragas mineras desde mediados de 2024. Estos se ubican en sectores aledaños a la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul.

¿Habrá cambios?

Para Martín Arana, líder de Gestión Territorial Amazónica de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), la contaminación con mercurio a los cuerpos de agua continuará avanzando mientras se siga ampliando el plazo para la formalización minera. Alerta que la explotación ilícita de oro no solo genera grandes ganancias —puede dar rentas por cerca de 7000 millones de dólares al año en Sudamérica—, sino que implica menos riesgos que otras actividades ilícitas, como el narcotráfico.

“Las empresas y empresarios en proceso de formalización pueden operar solo con mencionar que están en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y, pese a no cumplir con los protocolos ambientales adecuados, no son procesados por este salvoconducto que da el gobierno. Mientras no se dicten normas más contundentes, la minería avanzará a escalas más complejas”, dijo el experto.

Entre tanto, para combatir la minería ilegal —aquella que opera al margen de la normativa ambiental en los cuerpos de agua o áreas protegidas y no se encuentran en el Reinfo— se deben establecer medidas más duras sobre los delitos de lavado de activos, corrupción, extorsión u otros, que habilitan el desarrollo de actividades mineras ilícitas. Así lo ha señalado Wendy Ancieta, coordinadora jurídica en el Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

Ancieta explica que “para combatir las actividades ilegales y, por ende, la contaminación de la Amazonía, se requiere de un trabajo articulado del Estado y de normativa y decisiones políticas coherentes. No se puede tener, por un lado, la tipificación de la minería ilegal como delito en el Código Penal y, por otro lado, ampliar constantemente el Registro de Formalización Minera, ya que ello perpetúa el desarrollo de dichas actividades”.

La especialista coincide con el teniente alcalde Walter Aranda en que, sin el freno de la ampliación del Reinfo, los mineros seguirán contaminando los ríos y afectando la vida de los pobladores.

“Los ilegales han dejado de operar por el estado de emergencia en Cajamarca, pero los que tienen Reinfo siguen extrayendo oro, siguen contaminando y nosotros tenemos dolores estomacales e infecciones a la piel por el uso del agua. Nuestra vida cambió para mal”, cuestionó el líder local, quien, además, declara haber encontrado apoyo únicamente en el Vicariato de San Ignacio, desde donde pudo elevar su voz de protesta, porque todos los demás actores de la zona tienen miedo o prefieren el dinero generado por el oro ilegal.

 

 

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*Este reportaje fue publicado originalmente en la segunda edición de la revista Actualidad Ambiental, página 09. Lee, descarga y comparte la publicación aquí.