En los últimos años, la minería ilegal se ha expandido de manera exponencial en el departamento de Loreto, especialmente en el río Nanay, donde se han registrado decenas de dragas activas que, al extraer el mineral, contaminan el río y deforestan las riberas de esta fuente de agua que abastece a casi medio millón de habitantes.

Según especialistas del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), la actividad minera en el departamento más grande el país genera economías paralelas que afectan a comunidades indígenas y ribereñas, además fortalece estructuras vinculadas al crimen organizado.

El OMI también resalta que la expansión de esta actividad ilícita se ha dado por la limitada presencia estatal, las dificultades de acceso a sus ríos y cuencas, y el débil control territorial. Por tanto, advierte que las nuevas autoridades regionales, provinciales y distritales tendrán un arduo trabajo al momento de enfrentar los impactos que trae consigo la extracción aurífera.

En este contexto, el OMI organizó un taller dirigido a periodistas de la ciudad de Iquitos, que contó con la participación de seis organizaciones miembro, con el objetivo de presentar los principales hallazgos técnicos, sus impactos socioambientales y las acciones orientadas a la prevención y a la defensa ambiental.

La expansión de la minería ilegal

De acuerdo al reporte MAAP #247, entre 2017 y 2026 se registraron 1518 dragas mineras en los ríos Nanay, Marañón, Tigre, Putumayo, Yaguas y Mazán. En el taller, Sidney Novoa, director de Tecnologías para la Conservación  de ACCA, señaló que si bien la respuesta estatal se ha concentrado en acciones de interdicción e investigaciones fiscales, los monitoreos satelitales muestran que estas intervenciones suelen ser temporales cuando no están acompañadas de estrategias focalizadas.

Los impactos de esta actividad también pueden expresarse en términos económicos. Cindy Silva, economista de Conservation Strategy Fund (CSF), presentó cifras obtenidas mediante la Calculadora de Impactos de la Minería Ilegal de Oro, herramienta que estima el costo monetario de los daños ambientales y sociales causados por la extracción ilegal de oro. Solo en el distrito de Manseriche (Datem del Marañón), la minería aurífera aluvial deforestó 868 hectáreas entre 2020 y 2026.

Según las estimaciones presentadas, el daño total en esa zona asciende a entre $ 210 y $ 926 millones, al sumar los impactos socioambientales (entre $ 136 y $ 852 millones) y el valor del oro extraído de forma ilegal ($ 73.7 millones).

A estos impactos se suma la presión sobre los cuerpos de agua. Gaby Rivadeneyra y Jessica Florián, especialistas de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), señalaron que existen más de 8300 concesiones mineras registradas en la Amazonía peruana, de las cuales 6110 (73 %) se superponen directamente con ríos, quebradas y lagunas.

A nivel regional, Loreto ocupa el séptimo lugar entre los diez departamentos con mayor número de concesiones mineras, con 386 en total (197 en trámite y 165 tituladas). De estas, 239 concesiones de Loreto se superponen directamente con ríos, quebradas y lagunas de la región, lo que ubica a Loreto también en el séptimo lugar entre los departamentos con más concesiones sobre cuerpos de agua.

Los impactos de la actividad minera también alcanzan la calidad ambiental. El Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) presentó los hallazgos de un estudio realizado en Madre de Dios, en colaboración con la Universidad de Toronto. Según el estudio, en centros poblados mineros donde existen tiendas de compra y venta de oro, el refogado final del metal antes de su comercialización aporta aproximadamente el 93 % del mercurio presente en el aire.

El río Nanay, un punto crítico

Debido a su importancia para la biodiversidad y el abastecimiento de agua para el consumo humano, el río Nanay es uno los sitios impactados que más preocupación genera, por lo que su preservación representa un desafío para la salud pública, la seguridad hídrica y la protección de los derechos de las comunidades indígenas y ribereñas de la cuenca.

Karina Garay, de FZS Perú, explicó el contexto político relacionado con la cuenca y señaló que, este año, los petitorios mineros Achuny y Jaguar Dorado representan un riesgo de vulnerar ordenanzas municipales y decretos supremos. Ante este escenario, subrayó la necesidad de “fortalecer la supervisión de concesiones y autorizaciones en zonas ambientalmente sensibles”.

Como se recuerda, en noviembre del año pasado, el OMI alertó que el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) admitió a trámite las mencionadas solicitudes de concesión minera en la cuenca del río Nanay, pese a que el Decreto Supremo 022-2024-EM suspende el otorgamiento de petitorios mineros en esta zona hasta noviembre de 2026.

Desafíos de la formalización

Otro de los temas abordados durante el encuentro fue la discusión nacional sobre la formalización minera y la futura regulación de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). Durante el taller se expresó preocupación por iniciativas relacionadas con la flexibilización de restricciones para actividades extractivas en zonas de especial importancia ambiental, así como por la discusión de una nueva Ley MAPE y las propuestas para ampliar el Reinfo.

Según el OMI, la ampliación del Reinfo, sin mecanismos suficientes de control y trazabilidad podría favorecer la expansión de la minería ilegal. Al respecto, el observatorio recordó que ha remitido a las autoridades del Estado diez propuestas clave para la formalización de la MAPE, en las que plantea nuevas regulaciones frente a actividades mineras en cuerpos de agua y la tolerancia cero de minería ilegal en ríos.

Retos para las próximas autoridades

Frente a este escenario, los especialistas del OMI plantearon la necesidad de que las futuras autoridades regionales incorporen compromisos concretos relacionados con la protección de cuencas, el fortalecimiento de la fiscalización, la presencia permanente del Estado en zonas críticas, la transparencia institucional y la protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas.

Además, hicieron énfasis en los riesgos para quienes defienden los territorios. Manuel Zapata, subdirector de FCDS, señaló que “los periodistas también pueden ser considerados defensores ambientales”, al abordar los riesgos y desafíos que implica documentar actividades ilegales y sus impactos en los territorios.

El encuentro concluyó con un espacio dedicado al papel del periodismo frente a estos desafíos. Claus García, gerente del Paisaje Yaguas de FZS Perú, destacó la importancia del periodismo de investigación para documentar los impactos de la minería ilegal, investigar las redes de poder y visibilizar las voces de las comunidades afectadas, especialmente en el contexto electoral de 2026.

“Es fundamental la información técnica y científica para que los periodistas puedan hacer las preguntas necesarias en base a evidencia. Los datos nos muestran evidencia”, concluyó.

Dato:

• El Observatorio de Minería Ilegal (OMI) es un espacio de articulación de organizaciones de la sociedad civil, instituciones de investigación y otros actores comprometidos con enfrentar los impactos de la minería ilegal en el Perú. Busca contribuir al debate público y a la construcción de políticas y soluciones frente a esta problemática, promoviendo el intercambio de información, evidencia y conocimiento especializado.