La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, presentó hoy el Pacto por la Justicia Ambiental, un instrumento que busca reforzar el reconocimiento constitucional y legal de los derechos ambientales en nuestro país.

Este documento es la actualización del Pacto de Madre de Dios, suscrito en 2017 y entregado al papa Francisco en el 2018, en su visita a nuestro país. Según informó el Poder Judicial, la actualización de este pacto constituye una oportunidad para reconocer los avances alcanzados tras la primera versión, identificar las brechas y desafíos pendientes y renovar los compromisos institucionales al año 2030.

En esta ocasión, está previsto entregar este instrumento al papa León XIV durante su próxima visita al Perú, como una expresión de rendición de cuentas y de renovación del compromiso institucional del Perú con la justicia ambiental.

Según expresó Janet Tello, desde el 2017 hasta hoy “la realidad ha cambiado y los desafíos se han vuelto más complejos. La pérdida de biodiversidad, la deforestación, la contaminación de las fuentes de agua, las actividades ilícitas que afectan nuestros ecosistemas, las amenazas contra las personas defensoras del ambiente, y los efectos del cambio climático nos exigen respuestas cada vez más articuladas y eficaces”.

Frente a este escenario, agregó, “el Poder Judicial entendió que era necesario actualizar aquel compromiso, recoger los aprendizajes acumulados y proyectar una agenda institucional que responda a los desafíos actuales y futuros”.

“[Con el pacto] Estamos afirmando que la justicia ambiental debe incluir una línea de trabajo institucional sostenida, con visión de largo plazo y que trascienda los periodos de una gestión. No estamos por tanto ante una declaración circunstancial, estamos ante la renovación de un compromiso que busca orientar nuestros esfuerzos hacia el año 2030”, señaló.

Durante su intervención en el evento, Mariano Castro, director de la iniciativa Amazonía Resiliente y Justa de GRADE, explicó que acercar la justicia ambiental a quienes más lo necesitan implica “reducir la barrera de distancia, costo, idioma, así como fortalecer la especialización de quienes administran justicia. Asimismo, implica ofrecer información a tiempo y abrir espacios para que las comunidades puedan influir en las decisiones que afectan sus territorios”.

“El pacto pide que se cumplan las decisiones de reparación, remediación y, cuando corresponda, la restauración ambiental. Su décimo compromiso además reúne estos esfuerzos en una agenda nacional al año 2030: que las instituciones cooperen con la Academia, los pueblos indígenas y la sociedad civil, y que rindan cuentas sobre los avances y dificultades”, agregó.

En la ceremonia de suscripción del pacto estuvieron presentes el Ministro de Cultura, Alberto Beingolea; el juez supremo Ramiro Bustamante; el Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Frank Almanza; la lideresa indígena Teresita Antazú; así como miembros de la academia, organizaciones civiles, entre otros.

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Los compromisos

Janet Tello explicó que este pacto recoge diez compromisos que “expresan la dirección que queremos imprimir a nuestra actuación institucional y que responden a los principales desafíos de la justicia ambiental en el Perú. Estos compromisos nos plantean una tarea que requiere visión, responsabilidad y capacidad institucional”.

“La justicia ambiental exige reconocer que la protección de la naturaleza y la protección de los derechos humanos son dimensiones profundamente vinculadas. Un Estado que aspira ser justo no puede permanecer indiferente frente a estas realidades. Debe garantizar protección, acceso a la justicia y respuestas institucionales oportunas, especialmente cuando se está frente a personas y comunidades en situación de vulnerabilidad”, manifestó.

Los compromisos están orientados a fortalecer el acceso efectivo a una justicia ambiental especializada, oportuna, eficaz e intercultural, así como a potenciar la prevención, investigación y respuesta ante delitos que afecten el entorno.

Asimismo, busca proteger a las personas defensoras del ambiente, los derechos humanos y los territorios, garantizando un marco legal que resguarde a los pueblos indígenas y poblaciones vulnerables.

El plan prioriza, además, la protección estatal de los ecosistemas, la biodiversidad, el agua y la naturaleza, e integra la justicia y resiliencia climática dentro de la administración de justicia.

Por otro lado, asegura la transparencia, el acceso a la información, la participación ciudadana y el cumplimiento de medidas de reparación y restauración ante daños ambientales, impulsando así una agenda nacional fundamentada en el conocimiento, la cooperación y la rendición de cuentas.

Estos compromisos buscan constituir un marco común de acción, respetando las competencias constitucionales y legales de cada institución y la independencia de la función jurisdiccional.