El pasado 27 de abril, a través de fotos y videos, medios locales alertaron sobre la muerte de miles de truchas debido a la contaminación de la cuenca del río Yuracyacu, en el centro poblado de Cabracancha, distrito de Pariahuanca, provincia de Huancayo (Junín).

Según estimaciones de las autoridades locales, en total se habrían perdido unas 2.5 toneladas de truchas de siete piscigranjas, y debido a este hecho se prohibió el uso del agua del río para consumo humano, riego agrícola y otras actividades, así como el consumo de peces provenientes de las áreas comprometidas. Se calcula una pérdida de 7.2 millones de soles.

Dos semanas después del hecho, tras un análisis químico-toxicológico, la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional confirmó la presencia de ácido cianhídrico (cianuro) en el agua, y descartó la presencia de otros agentes tóxicos, como pesticidas o raticidas.

Según informó el diario Correo, la directora regional de Energía y Minas de Junín, Diana Conde, explicó que el ácido cianhídrico es utilizado sobre todo en procesos para separar minerales como oro y plata, en asentamientos mineros.

“Es una sustancia altamente tóxica empleada en plantas de beneficio minero”, indicó, aunque aclaró que continúan las investigaciones para determinar si una unidad minera en específico es la responsable.

La funcionaria señaló además que, cerca a la zona afectada, actualmente existen 16 concesiones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vinculadas a actividades polimetálicas. Algunas de estas operaciones se encuentran suspendidas y bajo fiscalización ambiental. Uno de los casos observados es el de Oro Negro, inscrita en la concesión Oro Marudy, que figuraba como suspendida al momento de la emergencia.

Ante la emergencia, la DREM, inició fiscalizaciones junto con la Fiscalía Ambiental (FEMA), Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Piden celeridad en investigaciones

A casi 25 días del hecho, representantes de la población afectada llegaron al Congreso para exigir mayor atención a este caso y celeridad en las investigaciones con el fin de hallar a los responsables.

En la reunión, donde además participaron autoridades del gobierno central y regional, las organizaciones locales denunciaron la falta de respuesta oportuna, articulada y eficaz del Ejecutivo frente a esta emergencia que afecta a las familias dedicadas a la piscicultura, la agricultura y otras actividades económicas.

La presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), Silvana Robles, manifestó que lo ocurrido en Yuracyacu no puede ser tratado como una simple contingencia ni como un hecho aislado. “Estamos ante una tragedia ambiental. El daño ya está hecho, los peces han muerto, las familias han sido afectadas y, hasta ahora, nadie asume responsabilidad política ni administrativa por lo ocurrido”, indicó.

Robles anunció que la Comisión de Pueblos impulsará acciones de fiscalización y control político dirigidas a los ministros de Energía y Minas y del Ambiente, “por las deficiencias en la atención de esta emergencia y la falta de respuestas claras”. Además, promoverá una iniciativa legislativa para declarar de interés nacional la emergencia ambiental en la cuenca del río Yuracyacu, así como medidas urgentes de remediación, reparación y protección de los recursos hídricos, especialmente frente al avance de actividades extractivas en cabeceras de cuenca y zonas ambientalmente sensibles.

“No vamos a permitir que esta tragedia quede impune. El Estado tiene la obligación de responder, remediar y garantizar que un desastre como este no vuelva a repetirse”, concluyó.

En esa misma línea, la Defensoría del Pueblo también pidió celeridad en las investigaciones a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Junín para la identificación de responsables y evaluar la adopción de medidas cautelares, conforme a las normas vinculadas a delitos ambientales. Además, ha pedido al Minem y a las autoridades competentes verificar el cumplimiento de las normas de seguridad minera en la zona donde existe actividad minera.

La Defensoría también se ha requerido al OEFA y a la ANA fortalecer las acciones de fiscalización y determinar las responsabilidades administrativas respectivas. Finalmente, resaltó que le corresponde al Gobierno Regional de Junín asegurar la asignación de recursos para las acciones de remediación y reactivación de la actividad acuícola afectada.