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La Plataforma Nacional de Afectadas y Afectados por Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas (Planametox) advierte que, a más de cuatro años del Plan Especial Multisectorial (PEM) que debía atender a los peruanos afectados por metales, su implementación no ha sido efectiva y no ha llegado a las regiones perjudicadas con la contaminación de las industrias extractivas.

Por esa razón, los representantes de las trece regiones que integran la plataforma exigen la ampliación del Plan Especial Multisectorial (PEM), el cual se encuentra en su quinto año de vigencia, al ser aprobado en 2021 mediante el Decreto Supremo 037-2021-MINAM. Pese a las diversas reuniones de coordinación, el plan solo ha alcanzado el 20 % de su ejecución total, debido a los constantes cambios entre los responsables y representantes de los sectores a cargo.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), en 2020 se identificaron a más de diez millones de personas están expuestas a metales pesados en 212 distritos del Perú. Sin embargo, en 2025, la exposición se ha incrementado a 339 distritos con riesgo de exposición, donde los menores de edad se encuentran en mayor riesgo. Esta situación, señalan los afectados, representa un peligro constante para la salud pública ya que la presencia de metales en el ambiente y en el organismo puede generar problemas de desarrollo, cáncer, problemas respiratorios, enfermedades gastrointestinales, abortos espontáneos y afectaciones a la salud mental.

A pesar de la problemática, para el 2025, el Gobierno destinó S/ 13 774 198 soles para la atención exclusiva de los peruanos afectados por metales. Es decir, 2 soles por persona. Este es uno de los presupuestos más bajos en los últimos diez años.

Áncash, Cusco, Puno, Lima, Callao, Junín, Huancavelica, Pasco y son las regiones que en 2026 tienen la ejecución presupuestal más baja respecto al tratamiento de personas afectadas por metales pesados, pese a albergar casos emblemáticos de contaminación como Huarmey, Espinar, Simón Bolívar, Llallimayo, San Mateo, Coata y La Oroya.

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Las poblaciones más vulnerables son niños y mujeres. En 2025, afirman los afectados, más de diez niños fallecieron por la contaminación ambiental provocada por la extracción de petróleo, mercurio y cadmio, mientras que 30 393 menores continúan esperando la atención del Estado, y se encuentran en riesgo de seguir en la desatención pues no se crea el Registro Nacional de Personas Expuestas y Afectadas por Metales, una herramienta clave para la atención preventiva y el monitoreo en salud.

El próximo 12 de mayo se cumple un año del fallecimiento de Zoe Carrión Trujillo, una niña de 12 años, de Cerro de Pasco, que vivió con arsénico y plomo en la sangre debido a la actividad minera a tajo abierto donde opera la compañía minera Volcan.

“Mientras el Estado retrasa las acciones, miles de familias continúan enfermando. Es urgente que se realicen diagnósticos, se registre a los afectados y se garantice una atención integral”, señalaron desde la Plataforma Nacional de Afectadas y Afectados por Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas (Planametox)

En tanto, mientras la actividad minera aumenta, la atención a los expuestos a metales se reduce. En 2025, la inversión minera tuvo un incremento de 9 millones de dólares en comparación al 2024 y se espera que, para el 2026, esta siga en ascenso. Sin embargo, el presupuesto para atender a las personas afectadas sigue siendo una deuda.