Loreto: Interceptan a taladores ilegales en Reserva Nacional Allpahuayo Mishana

martes

4 de diciembre, 2018

Foto: SPDA

  • Alerta de tala ilegal al interior de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana desplegó un operativo en la zona. Se interceptó un tractor forestal que presuntamente iba a ser utilizado para la extracción ilegal de madera.

Un llamado de emergencia por parte de los guardaparques de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (RNAM) puso en alerta al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema) de Maynas y la Policía Nacional del Perú, quienes desplegaron rápidamente un operativo conjunto al interior del área protegida, específicamente en la zona de la comunidad de Anguilla, ubicada a orillas del río Nanay (Loreto).

[Loreto: Botadero que afecta la Reserva Allpahuayo Mishana fue clausurado nuevamente]

El operativo se inició en base a una alerta realizada desde el Puesto de Control y Vigilancia Yarana. A las pocas horas de la comunicación, guardapaques y representantes de las autoridades mencionadas se trasladaron desde Iquitos hasta la comunidad campesina. En el lugar se halló un tractor forestal que sería utilizado presuntamente para la extracción ilegal de madera.

Durante el operativo se evidenció la apertura de vías, aparentemente generadas por la maquinaria pesada. Esto, según Sernanp, ocasiona un daño al ecosistema de bosque de Tahuampa. En el operativo se intervino a un empresario maderero de iniciales R.U.P.S, quien sería dueño del tractor. El detenido alegó contar con un permiso otorgado por la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de Loreto y que se encontraba trasladando la maquinaria hasta la ciudad de Iquitos.

Estos hechos, por ahora, están siendo investigados de la Policía Nacional y la FEMA.

[Loreto: decomisan madera ilegal extraída de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana]

DATO:

  • Está prohibida la extracción de recursos forestales dentro de las áreas naturales protegidas (ANP). Hacerlo es cometer un delito ambiental. Los infractores podrían recibir una condena de 4 a 7 años de pena privativa de la libertad.

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