Representantes indígenas saludaron la aprobación de la Ley de Consulta Previa


Luego de que el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la Ley de Consulta Previa para Pueblos Indígenas, diversas organizaciones y funcionarios del Estado saludaron esta norma que tiene como fin primordial atender la opinión de los pueblos originarios de nuestro país y prevenir los conflictos sociales.

Para la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Ley de Consulta “es un paso importante para el reconocimiento de los saberes, condiciones, necesidades y protección que necesitan los Pueblos Indígenas del atropello que han sido víctimas durante siglos por el Estado peruano”.

Aidesep agregó que el siguiente paso es que el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA), institución que será la encargada de vigilar el estricto cumplimiento de esta nueva ley, no sea “utilizado como una mesa de partes sin decisión, ni motivación y, mucho menos, protección a los pueblos originarios”.

Por su parte, el congresista de origen awajún, Eduardo Nayap, expresó que se siente “satisfecho porque (la aprobación de la ley) es una muestra de la inclusión social que tanto hemos proclamado y que se está llevando a cabo en toda la realidad”. Para el legislador el Congreso “ha dado una muestra de patriotismo”.

Nayap Kinin también dijo que esta ley se deja en claro que los pueblos amazónicos y andinos “no son ciudadanos de segunda categoría sino que forman parte de nuestra peruanidad con todos sus derechos”.

Por otro lado, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), Oseas Barbarán, consideró que la aprobación de la ley “es un gran avance y es una fecha histórica para los indígenas”.

Barbarán Sánchez agregó que la norma se debe “reglamentar”, lo cual “corresponde a los sectores, no a los pueblos”, aunque precisó que podrán hacer sugerencias. Asimismo, dijo que la ley no busca desalentar la inversión privada, sino, se busca que las comunidades tengan una “distribución equitativa”.

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Foto: Amnistía Internacional



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