¿Qué acciones se están realizando para proteger a los defensores ambientales en el Perú?

Foto: SPDA

  • El asesinato de Roberto Carlos Pacheco, hijo del defensor ambiental Demetrio Pacheco, abre la discusión sobre si se están tomando medidas de protección adecuadas a favor de los defensores ambientales desde el Estado. 

Por Fiorella Fiestas / ffiestas@spda.org.pe

 

En lo que va del año han ocurrido cinco asesinatos de defensores ambientales. El reciente caso de Roberto Carlos Pacheco Villanueva, quien murió de dos balazos en las inmediaciones de su concesión forestal, en Madre de Dios, tras recibir reiteradas amenazas por invasores ilegales, abre la discusión sobre si se están tomando medidas de protección adecuadas a favor de los defensores de derechos humanos, en especial a los que defienden el ambiente. El director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Edgardo Rodríguez, nos cuenta cuáles han sido los avances y qué retos debemos superar para evitar más muertes de personas que viven con un alto grado de vulnerabilidad.

“La mirada hacia atrás todavía está pendiente”

Ha pasado casi un año y medio desde la aprobación del “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), un documento que se enfoca en la protección de este grupo de ciudadanos a través de acciones, elaboración de procedimientos y medidas de articulación. De acuerdo a Edgardo Rodríguez, hasta la fecha se han recibido 14 pedidos de activación del protocolo, prácticamente un caso cada mes y medio, de los cuales ocho están relacionados con la defensa de derechos ambientales y defensa de derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, de los 14, cuatro se encuentran activados y actualmente existen medidas de protección en los departamentos de Loreto, Lima, Huánuco y Ucayali.

“Tenemos como mandato un protocolo que funciona desde el 2019 para adelante (…) Lo que no hemos podido hacer son los casos previos al protocolo, la problemática acumulada en años previos y la agenda ahí es una lucha contra la impunidad que no la teníamos planteada como la prioridad cuando el protocolo empezó a funcionar. En un año estamos tratando de mapear la situación de riesgo y respuesta para responder con acciones ante lo que se nos pida. La mirada hacia atrás todavía está pendiente”, detalló Rodríguez.

Sin embargo, asegura que si se trata de una situación de amenaza previa a la vigencia del protocolo y el riesgo permanece después de que el mismo se encuentra vigente, “el equipo, en coordinación del protocolo, necesita conocer esa situación de riesgo. Para ello, el defensor, su familia, comunidad o una ONG pueden pedir que se active el protocolo para que el equipo admita y proceda a hacer la evaluación del riesgo a fin de que se dicte la acción de protección o la acción urgente de protección, según la gravedad”.

Defensor ambiental Arbildo Meléndez. Foto: Aidesep

Un caso similar ocurrió el pasado 12 de abril, cuando se supo de la muerte del líder indígena Arbildo Meléndez Grandes, jefe de la comunidad nativa Unipacuyacu, del pueblo indígena Cacataibo, ubicado en la provincia de Puerto Inca (Huánuco). Su muerte se dio en medio de un largo proceso emprendido por la comunidad a favor de la titularidad de su territorio. Casos como este que surgieron en un contexto de pandemia y estado de emergencia sanitaria nacional los colocó, según detalló Rodríguez, en un estado de debilidad institucional grande.

“En el contexto de pandemia, con los casos como el de Arbildo Meléndez, de escasa posibilidad de acceso a la zona, por lo menos nuestro protocolo se ve en algún sentido desarmado. Ahí sentimos que nos limitamos también en la intervención. ¿Cuál ha sido nuestra estrategia? Volver a confiar en los actores desplazados, en la defensa pública, en la policía nacional de la zona. Para nosotros es clave que las garantías se tomen inmediatamente. Tenemos todavía limitaciones, pero la agenda ya es lucha contra la impunidad”, detalló Rodríguez.

Sin embargo, el funcionario resalta un cambio importante desde julio de este año a través de un memorándum que señala que todos los casos donde la denuncia esté relacionada con defensores de derecho humanos, las garantías son inmediatas. “Ese es un primer avance que se ha dado”, precisó.

Lo que pedimos es el apoyo de la defensa pública. El Minjusdh más allá del trabajo que se hace del protocolo que se hace de la evaluación de riesgos y demostrar preventivamente, y en este caso está operando luego de una muerte, tiene que operar a favor de su familia, pero la clave en el caso sí es la lucha contra la impunidad es en el acompañamiento de la defensa pública con la defensa de víctimas para la persecución de los responsables a nivel penal”, aseguró Rodríguez.

 

 

En un mensaje público, del Minjusdh señaló el pasado 13 de setiembre que no permitirán que quede impune el asesinato de Roberto Pacheco. “Es el primer caso donde hay un compromiso de algo que no está garantizado aún en el país. Sabemos que hay muerte, que hay situaciones de riesgo, sabemos que hay en algunos casos amedrentamiento, pero se aseguran sanciones. Este es un primer compromiso que se ha hecho público a nivel político para garantizar los pasos para que haya sanción”, indicó Rodríguez.

Un cambio en la lógica de Estado

La criminalización de los defensores ambientales es un mecanismo que se viene registrando en casos como los de Demetrio Pacheco, quien ha sido denunciado incluso por invasores ilegales. Estandarizar el concepto de cuándo se debe considerar a alguien como defensor ha sido una batalla que continúan peleando a través de la creación del protocolo.

“Muchas veces lo que nosotros considerábamos un defensor, en la lógica de otros, era un agente impulsor de conflictos. Muchos de los defensores para quienes hemos activado el protocolo (…) habían sido denunciados al mismo tiempo por una serie de delitos: usurpación y otros contenidos criminales. Para la lectura de seguridad de la Policía, del Ministerio Público, ellos no eran defensores, más bien transgresores a la ley. No podemos estar en la disposición de otorgar garantías o no de acuerdo a lo que yo considero, sino que una vez que decimos ‘esa persona es defensora’ se le tiene que dar garantías, esa es la lógica, estamos cambiando lógicas de Estado y eso lo hemos hecho en un año y medio”, agregó Rodríguez.

Para la especialista del programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Katherine Sánchez, si bien el Ejecutivo ha generado normas que ponen en valor y buscan proteger el trabajo que realizan las personas defensoras de derechos humanos, entre ellos, los ambientales, la ejecución efectiva de estas medidas ha encontrado diversos problemas estructurales.

“Uno de ellos se vincula con el desconocimiento que tenemos como sociedad sobre el trabajo que realizan estas personas en nuestro beneficio, lo cual facilita su estigmatización. Así, nos hemos acostumbrado a, por ejemplo, calificar a las personas protectoras del ambiente como ‘antidesarrollo’ para deslegitimar su lucha o a calificarlas de radicales. Esta descalificación se encuentra interiorizada incluso en las personas que ejercen la función pública lo cual puede colocar en una posición de desventaja a las personas defensoras cuando más necesitan de sus autoridades. La promoción de la defensa de derechos humanos resulta trascendental para sensibilizarnos e interiorizar la importancia de esta labor“, detalló Sánchez.

Foto: SPDA

“Escazú para nosotros es estratégico”

Hace unas semanas se puso en agenda la discusión sobre la ratificación del Acuerdo de Escazú en nuestro país. Debate que incluso generó una campaña de desinformación por grupos que se encuentran en contra del mismo. Ante este escenario y tras el asesinato de Roberto Pacheco, Edgardo Rodríguez indicó la ratificación de este acuerdo sería beneficioso.

[Ver además ▶ Opinión: Ratificar el Acuerdo de Escazú para proteger a nuestros defensores ambientales]

“Lo que hemos hecho lo hemos podido hacer con un protocolo que es una norma de un sector. Si se potencia que el Ministerio de Agricultura, y por tanto Serfor, lo entiendan desde la lógica de una ley, en el Acuerdo de Escazú, sería otro nivel de intervención. Y Escazú para nosotros es estratégico. (…) Estamos hablando de periodistas, sindicalistas, de mujeres defensoras, de defensoras indígenas. Pero sabiendo que el blanco son los defensores ambientales, necesitamos una norma que nos ayude a dar ese gran salto, que sería una intervención estatal conjunta, además presupuestada”, explicó.

Finalmente la especialista del programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA, Katherine Sánchez, señaló que la ratificación del Acuerdo de Escazú es relevante para la protección de las personas defensoras de derechos humanos ambientales. “La incorporación expresa de deberes y derechos en su beneficio en nuestra legislación, en el más alto nivel, nos permite eliminar la incertidumbre sobre el destino de los avances normativos que tenemos aprobados en la actualidad. Asimismo, su incorporación permite repotenciar el impacto del Protocolo exigiendo la articulación de todos los sectores y niveles del Estado, así como la revisión presupuestal respectiva. Esta incorporación también nos permitirá pensar en nuevas herramientas que permitan cumplir el objetivo. Necesitamos sumar esfuerzos para contar con una lógica de protección integral, preventiva y eficaz; el Acuerdo de Escazú nos brinda esta oportunidad”, apuntó.

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