- Organizaciones de pesca artesanal y de la sociedad civil emitieron un comunicado donde exponen su oposición frente al proyecto de ley presentado por el congresista José Pazo.
- El Proyecto de Ley 5496/2022-CR busca reabrir los plazos para el ingreso de embarcaciones artesanales al régimen de formalización Siforpa 2, construidas presuntamente de manera ilegal.
Organizaciones y asociaciones de pesca artesanal y de la sociedad civil firmaron un comunicado en el que alertan sobre los riesgos que traería la aprobación del Proyecto de Ley 5496/2022-CR. La propuesta fue presentada por el congresista José Pazo (Somos Perú) poco antes del cierre del plazo del régimen Siforpa 2, que culminó el 31 de julio.
“Se correría el riesgo de incluir a barcos que ampliaron sus capacidades de bodega y a otros construidos ilegalmente ya que su existencia no fue comprobada durante el proceso de formalización y, por el contrario, fueron construidas luego del 2018 en astilleros, corralones y garajes”, señala el texto firmado por la Sociedad Nacional de la Pesca Artesanal (Sonapescal), conformada por 11 mil armadores de la costa, la Federación Regional de Organizaciones Pesqueras Artesanales Selectivos de cortina, pinta y espinel de Tumbes y organizaciones como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), WWF Perú, Environmental Defense Fund y Redes-SP, entre otras.
El texto también sostiene las razones por las que debería controlarse el ingreso de nuevas embarcaciones al mar. Un estudio de Renato Gozzer Wuest publicado en el 2022, destaca que, para la pesca de altura como la pota y el perico, mientras más embarcaciones ingresen, se genera mayor competencia para la venta de los productos.
“Agravaría los efectos socioeconómicos al inundar los mercados, afectando negativamente a las comunidades vulnerables a lo largo de la costa peruana, ya que su principal actividad económica puede volverse rápidamente no rentable”, señalan los especialistas.
“Esto permitiría el ingreso de embarcaciones construidas de forma ilegal y de otras que ampliaron su capacidad de bodega. Lo que afectaría los ingresos económicos de la flota actual que ha pasado por el proceso de formalización y limitaría el impacto esperado de los procesos de formalización en los que el Gobierno ha invertido recursos significativos”, indica el comunicado.
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