Foto: Diego del Rio / SPDA

• La iniciativa busca ampliar por un año más la formalización de embarcaciones para la pesca artesanal, las mismas que inicialmente no superaron requisitos mínimos exigidos por el Siforpa 2. 
• Dirigentes pesqueros señalan que este proyecto generaría un mal antecedente, ya que se podría formalizar embarcaciones construidas ilegalmente.   

Actualizado el 12/10/2023

El Proyecto de Ley 5496/2022-CR busca promover la formalización de embarcaciones que quedaron fuera del proceso Siforpa 2. La propuesta fue presentada por el congresista José Pazo, tan solo días antes de que concluyera el proceso de formalización, que terminó el pasado 31 de julio.  

El Sistema de Formalización Pesquera Artesanal, conocido como Siforpa, inició en el año 2018 con el fin de promover la formalización de las embarcaciones pesqueras existentes hasta esa fecha, a través del Decreto Legislativo 1392. Un total de 4584 embarcaciones se inscribieron en ese momento para ser parte del proceso que incluía varias etapas que debían ser aprobadas. 

Sin embargo, solo 2490 barcos cumplieron con los requisitos iniciales, uno de ellos consistía en que la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (Dicapi) realice la verificación de existencia de la embarcación hasta el 24 de diciembre de 2018. A partir de ello, recién podían continuar con los demás procedimientos como la obtención del certificado de matrícula o del protocolo de habilitación sanitaria, entre otros, hasta concluir el proceso con el permiso de pesca definitivo.  

“A la fecha, 2145 embarcaciones han logrado obtener su permiso de pesca definitivo y completar el proceso Siforpa 2. Todos aquellos que no lograron superar la etapa de verificación, quedaron excluidos de este proceso que inició ya hace siete años. Son más de 2000 barcos que no lograron pasar la verificación de existencia o no iniciaron el trámite en su momento”, señaló Marylia Vargas, especialista en formalización pesquera de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. 

La especialista agrega que en ese universo que quedó fuera del proceso se incluyen embarcaciones que pudieron ser construidas en el momento en que ya se había prohibido su construcción en el Perú, y otras que ampliaron la capacidad de bodega. “También era necesario presentar los planos de la embarcación, sin embargo, al no hacerlo en su momento, las dimensiones que tienen sus bodegas no han sido certificadas por Dicapi, tal como se requería”, sostuvo.

Construcción de embarcaciones prohibidas 

Desde el 2006, y de manera definitiva en el 2015, el Perú prohibió la construcción de nuevas embarcaciones para la pesca artesanal con el objetivo de reducir el esfuerzo pesquero y la sobreexplotación de las especies. La embarcaciones que se pretenden formalizar en este proyecto de ley se dedican a la extracción de pota y perico. Ambos recursos están en situación de “plenamente explotados” según el Imarpe, es decir, que no debe incrementarse su extracción y otorgarse permiso de pesca a ninguna embarcación más. Sin embargo, diversos reportes señalan que la construcción ha continuado en corralones o garajes. Para Edwin Houghton, presidente de la Asociación de Armadores Pesqueros Artesanales Mar de Paita (APAMARPA), la situación es preocupante, pues habría un riesgo de que gracias a la propuesta del congresista Pazo se formalicen embarcaciones posiblemente ilegales.  

“Nuestras autoridades, en especial, el ministro de la Producción y la viceministra de Pesquería, deben tomar una seria decisión para no abrir las puertas a flotas pesqueras artesanales construidas después de iniciado el Siforpa 2 y que hoy se han juntado para que les acepten una flota de más de 2000 embarcaciones construidas ilegalmente”, señaló el dirigente. 

Una investigación de Renato Gozzer-Wuest junto a otros especialistas analiza el costo de la informalidad en las pesquerías artesanales peruanas. Señalan que el incremento de la flota artesanal de altura perjudicaría la fuente de trabajo de quienes ya se han formalizado, pues la sobreoferta de recursos conduciría a una caída de precios, provocando que los pescadores no puedan siquiera cubrir los costos de sus faenas de pesca. “La entrada de embarcaciones industriales o más embarcaciones artesanales nuevas no reguladas, probablemente agravaría los efectos socioeconómicos al inundar los mercados, afectando negativamente a las comunidades vulnerables a lo largo de la costa peruana, ya que su principal actividad económica puede volverse rápidamente no rentable”, indican en el estudio publicado en 2022 en la revista académica Marine Policy. 

Por su parte, Elsa Vega, presidenta de la Sociedad Nacional de la Pesca Artesanal (Sonapescal), señala la necesidad de concluir el proceso del Siforpa 2 con la emisión de todos los permisos de pesca definitivos. “Este proyecto de ley debería ser archivado por la Comisión de Producción del Congreso, pues si se aprueba generaría un precedente nefasto en el sector al incluir en la formalización a barcos que fueron construidos en periodos de prohibición. Como Sonapescal nos hemos reunido con el ministro Pérez Reyes y la viceministra León y se han comprometido en enviar una opinión al Congreso solicitando el archivamiento de ese proyecto de ley, para no afectar la sostenibilidad de las pesquerías”, sostuvo. 

Según estudios publicados en el 2020, especialistas como Santiago de la Puente evidencian relación directa entre el crecimiento de la flota pesquera y la sobreexplotación de los recursos que no tienen un manejo adecuado. Así, al aumentar el número de embarcaciones, aumenta la competencia y el esfuerzo pesquero, por lo que los pescadores terminan invirtiendo mayor presupuesto y capturan igual o menor cantidad de pescado. 

“La única manera de que los procesos de formalización de la flota artesanal tengan los frutos esperados, es que las normas que prohíben la construcción de embarcaciones sean cumplidas y para ello se necesita que las autoridades fiscalicen. Es urgente que las autoridades actúen y que la construcción de embarcaciones sea considerada un acto preparatorio del delito de pesca ilegal en el Código Penal, y se pueda así implementar acciones de interdicción”, mencionó Bruno Monteferri, director de Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.