Mira ahora el especial “Justicia para Tamshiyacu” que recoge información sobre este histórico caso

Actualidad Ambiental lanza hoy su nuevo especial web “Justicia para Tamshiyacu”. Se trata de un espacio con documentación actualizada, noticias, infografías y publicaciones sobre este emblemático caso.

>> Mira el especial web “Justicia para Tamshiyacu” <<

Como se recuerda, en julio de 2019, y gracias a las denuncias de un grupo de ciudadanos de Tamshiyacu (Loreto) y del trabajo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Iquitos, se logró lo que hasta ese momento parecía imposible: que una empresa sea sancionada tras deforestar alrededor de 3000 hectáreas del bosque. La sancionada fue Cacao del Perú Norte S.A.C, sucursal local de United Cacao (actualmente Tamshi S.A.C.).

Cacao del Perú Norte fue sentenciada a pagar 15 millones de soles por tráfico ilegal de productos forestales maderables y obstrucción del procedimiento. Sin embargo, la sentencia fue apelada por la empresa. Por eso ahora, muchos vecinos de esta localidad y organizaciones de sociedad civil aliadas, piden al Poder Judicial que no deje este caso en el olvido y programe una nueva audiencia.

“Justicia para Tamshiyacu” es un especial creado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) en alianza con Oxfam en Perú.

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Clémence Abbès, oficial de proyecto para Oxfam en Perú, y una de las personas que sigue de cerca este proceso, destaca la necesidad de programar las nuevas instancias judiciales de un caso que data de finales de 2013.

“Estamos pendientes desde diciembre del 2019 para que el Poder Judicial fije la fecha de apelación. Lamentablemente, el Poder Judicial no lo hizo antes de sus vacaciones de febrero y el proceso fue suspendido a partir de marzo por la pandemia”, comentó la especialista.

Por su parte, Jean Pierre Araujo Meloni, director de la Iniciativa de Justicia Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), agregó: “lo preocupante es que solo la investigación y primera instancia tomó de 2014 hasta 2019 y, en esta segunda instancia, donde no hay qué investigar ni revisar o presentar nuevas pruebas, se ha gastado un año sin programar y podrían ir hasta otro año para resolver la segunda instancia”.

 



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