Carreteras en Loreto: El pedido de justicia de una comunidad nativa amenazada por la invasión de su territorio

Mapa del territorio de la comunidad nativa Centro Arenal. Foto: Vico Méndez / Actualidad Ambiental.

Por Jhonny Salazar, Unidad de Comunicaciones – SPDA.

 

A fines del 2017, cuando empezaron los trabajos del primer tramo de la carretera que proyecta unir Bellavista (Iquitos), Mazán, Salvador y El Estrecho (en la frontera con Colombia), en la comunidad nativa Centro Arenal se enteraron de que la ruta proyectada de la vía atravesaba su territorio comunal. Esto, además, agravó el conflicto que mantienen con el caserío aledaño Picuro Yacu que, según denuncian, invadió 68 hectáreas de su territorio. Para intentar resolver ambos problemas los dirigentes de la comunidad nativa, de la familia etnolingüística huitoto muruy, acudieron desde el 2014 a la Defensoría del Pueblo, la Policía, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental e incluso llegaron al Poder Judicial. Sin embargo, el problema permanece. “No queremos que los derechos de los pueblos indígenas se vulneren. Queremos que se respeten tal y como están escritos en las leyes. Queremos que la justicia escuche nuestras palabras, el clamor de este pueblo que necesita vivir en paz”, dijo Roger Gatica, jefe comunal de Centro Arenal, en conversación con Actualidad Ambiental.

Una carretera que atraviesa la comunidad nativa

La comunidad nativa Centro Arenal se encuentra bastante cerca de Iquitos. Bastan no más de quince minutos en bote para pasar del ajetreo y ruido del puerto Bellavista-Nanay a la tranquilidad de Barrio Florido, ubicado al lado del río Amazonas. Esta comunidad fue creada en 1975. Cuenta con 1973 hectáreas tituladas y alberga registradas legalmente como nativos a 78 familias. Sus integrantes son parte de la familia etnolingüística huitoto muruy y los orígenes de la comunidad se remontan a los tiempos del cauchero Julio César Arana y los desplazamientos que realizaba llevando a los indígenas como mano de obra esclavizada.

Cuando esté concluida, la carretera Bellavista – Mazán – Salvador – El Estrecho tendrá 167.3 km y, partiendo de Iquitos, llegará hasta la frontera con Colombia. Actualmente los trabajos se concentran en la primera parte del proyecto: la construcción del puente Nanay, que va a cruzar el río del mismo nombre y unir Bellavista con Santo Tomás, en el distrito de Punchana, provincia de Maynas (Loreto). El problema para la comunidad nativa Centro Arenal es que luego de terminar el puente, aunque se mencione que aún no hay una ruta definida para la segunda parte de la vía, se había anticipado que cruzaría la comunidad y por eso, personas del caserío Picuro Yacu invadieron 68 hectáreas de su territorio, instalándose allí, deforestando bosques, construyendo casas e incluso solicitando títulos de propiedad.

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Roger Gatica es el jefe comunal de la comunidad nativa Centro Arenal. Nacido y crecido en la localidad, es padre de 8 hijos, y reclama el derecho que tienen de que las obras se realicen pero con el conocimiento y consentimiento de la comunidad en caso la carretera vaya a pasar por su territorio. “Nosotros no nos oponemos a los proyectos. El problema es que ellos han violado el territorio sin consultarnos. No nos oponemos al desarrollo de nuestro país, de nuestros pueblos, pero tiene que ser por la vía legal. El desarrollo de los pueblos nos favorece, el desarrollo de una carretera nos favorece. Sabemos que a esta carretera todo el mundo la está mirando porque va a ser un proyecto que va a generar muchas cosas: ventajas y desventajas”, dice a Actualidad Ambiental Roger indicando su posición ante el eventual trazo de la carretera que pasaría por su comunidad.

El recuento de las acciones tomadas por la comunidad nativa Centro Arenal ante el proyecto de carretera es largo. Antes, en la zona, existía un camino. Cuando se enteraron del proyecto de carretera, realizaron una inspección en el área y vieron que la vía había sido ampliada con maquinaria pesada. Intentaron frenar esos trabajos y no pudieron. Luego averiguaron que, según la ley, los pueblos indígenas con territorios comunales deben ser consultados en caso de proyectos que afecten sus territorios. Acudieron a la Defensoría del Pueblo para exigir información al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Allí les dijeron que solo tenían definida la ruta del primer tramo: el puente Nanay, y luego de cruzar el río no estaba definido el trazo de la carretera. El proceso siguió con una denuncia al responsable de Provías Descentralizado, quien les había dicho que si se trataba de una vía nacional no hacía falta realizar consulta previa. En ese momento reaparece el problema de territorio con el caserío aledaño: Picuro Yacu.

Federico Contreras Espinoza, especialista legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señaló que las autoridades comunales han recurrido a diferentes instancias de justicia, llegando hasta la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, donde han presentado los reclamos y denuncias correspondientes. Sin embargo, “el tiempo ha transcurrido y la población se siente desprotegida, teniendo como principal problema el trazo de la carretera, que corta la comunidad nativa y está conllevando la usurpación y deforestación de su territorio comunal. Además, provoca el enfrentamiento entre los foráneos con los miembros de la comunidad por el uso del territorio. A pesar de ser de conocimiento de Provías Descentralizado, muy poco se ha hecho por atender la demanda de la comunidad y en especial al desarrollo del proceso de consulta previa. En ese sentido, resulta de vital importancia poder respetar los derechos ancestrales de este grupo humano que está a minutos de la ciudad de Iquitos, quienes reclaman derechos justos y piden que la justicia ordinaria atienda sus demandas, debiendo para ello el Estado dar prioridad a la vulneración de derechos fundamentales de esta población indígena y generar condiciones inmediatas que permitan brindar las condiciones para salvaguardar la integridad de su territorio comunal”, indicó el abogado de la SPDA.

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Un largo conflicto

Hace algunos años, personas del caserío Picuro Yacu invadieron y se instalaron en 68 hectáreas del territorio de la comunidad nativa Centro Arenal. Desde esta comunidad señalan que lo hicieron porque sabían que la carretera iba a pasar por ahí y se anticiparon, quizá para vender luego los terrenos ubicados al lado de la vía. Se instalaron, deforestaron bosques y construyeron casas. Y desde entonces Centro Arenal sostiene un conflicto con el caserío Picuro Yacu. Cuando empezó el reclamo por la construcción de la vía sin habérseles comunicado previamente, los de Picuro Yacu dijeron que entregaban el área a las autoridades para que se realicen los trabajos de la carretera. “Los de Picuro Yacu dicen que el territorio les pertenece, pero ellos no pueden decir eso sin tener título de propiedad. Los documentos que nosotros tenemos son actualizados y vigentes”, menciona Roger Gatica.

El rumbo que tomó el conflicto con Picuro Yacu es también un camino largo y sinuoso. Empieza, luego de la invasión, con una denuncia de Picuro Yacu a la comunidad nativa Centro Arenal. El caso llega al Poder Judicial. Los peritos del Poder Judicial llegaron a la zona a realizar una demarcación territorial. Los de Picuro Yacu no se presentaron. Se certificó que, en las zonas en disputa, el terreno pertenece a Centro Arenal. Los de Picuro Yacu impugnaron esa resolución y pidieron que Disafilpa realizara el informe. Se declaró improcedente su pedido.

Luego siguió en paralelo una denuncia contra Picuro Yacu por la deforestación de bosques realizada. El caso se presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. “Estamos en plan de lucha y de defender los derechos de nuestro territorio. Hoy en día los invasores no duermen y nosotros como pueblo tenemos que ir custodiando lo que es nuestro. No estamos metiéndonos en cosas que no son nuestras. Queremos defender lo nuestro para no vivir en el futuro lo que hoy en día estamos viviendo: amenazados, ya no podemos trabajar tranquilos, estamos en plan de denuncias”, dice el jefe comunal de la comunidad nativa Centro Arenal.

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Carol Mora Paniagua, directora del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, señala: “Del trabajo de campo realizado por la SPDA se ha podido encontrar que dentro del territorio de la comunidad nativa Centro Arenal existen diversos puntos de deforestación, lo cual en el ámbito penal constituye una modalidad agravada del delito ambiental contra el patrimonio forestal, al desarrollarse actividades de retiro de la cobertura forestal dentro del territorio de comunidades nativas, por lo que urgen tomar medidas cautelares a fin de resguardar los derechos de esta comunidad y paralizar cualquier actividad que se venga desarrollando de forma ilegal. Para poder hablar de un verdadero acceso a la justicia, esta tiene que ser temprana y oportuna”.

“Asimismo, es preciso indicar que un tema pendiente tiene que ver con la necesidad de regular la oportunidad de desarrollo del proceso de consulta previa para proyectos de infraestructura vial. El marco normativo sectorial de transporte aún no identifica en qué momento debe darse el proceso de consulta previa a pueblos indígenas, lo que estaría generando incertidumbre y desatención desde el propio Estado sobre los derechos que deben operar en el caso de promoción de los proyectos de inversión”, indicó la abogada.

Roger Gatica señala con fastidio los problemas para acceder a la justicia en Loreto. A la fecha ya son varios años de gestiones sin soluciones efectivas. “Han cambiado cuatro fiscales en la denuncia de Centro Arenal. El primero hizo la supervisión, hemos entrado, ha visto la tala de madera, le hemos presentado fotografías. Con la siguiente fiscal hicimos dos visitas a las zonas de deforestación y se levantaron actas. Luego realizamos otro ingreso a la zona y hasta hoy día no hay nada. Eso nos preocupa. Como pueblo indígena, como territorio, estamos siendo vulnerados en nuestros derechos. ¿Dónde está la ley? ¿Qué hacen las autoridades para nosotros? Si nosotros tomamos el acuerdo de enfrentarnos, van a llegar consecuencias muy graves. Hoy estamos conversando, mañana no vamos a estar. Antes de que estas cosas sucedan pido a las autoridades que pongan punto final a esta depredación”, indicó el jefe de la comunidad nativa Centro Arenal.

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