[OPINIÓN] La sostenibilidad de las inversiones públicas y el olvidado aspecto ambiental

Foto: Diego Pérez / Actualidad Ambiental.

 

Escribe Jean Pierre Araujo / Abogado del Programa Forestal de la SPDA

 

El viernes de la semana pasada sucedió un hecho que podríamos considerar emblemático referido a la justicia ambiental en el país y principalmente en la región Loreto. Herbert Benavente Chorres, juez del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Maynas, en la audiencia de adelanto de fallo contra la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C. fijó como concepto de reparación civil un monto superior a los 15 millones de soles por haber deforestado irregularmente 1 946.21 hectáreas de bosque primario y haber transformado la madera sin autorización en el fundo Tamshiyacu. Además, Rubén Antonio Espinoza, gerente general de la empresa, fue condenado a 8 años de pena privativa de la libertad; y tanto el jefe de operaciones y personal de campo del proyecto recibieron la sentencia de 4 años de pena privativa de la libertad.

El proyecto de Cacao del Perú Norte S.A.C. buscaba instalar aproximadamente 6 500 hectáreas de cacao en Loreto. Durante el inicio de sus operaciones, la empresa habría omitido la obtención de la certificación ambiental, la autorización de cambio de uso y desbsoque. Estos hechos motivaron una serie de denuncias a nivel administrativo y judicial contra la empresa que concluyeron con la sentencia mencionada.

Aunque el caso de Cacao del Perú Norte S.A.C. se trata de una iniciativa privada, resulta válido preguntarnos si los proyectos de inversión pública vienen realizándose considerando los instrumentos de gestión ambientales correspondientes.

¿Vienen considerando los proyectos públicos en Loreto la dimensión ambiental?

Según el Glosario de inversión pública del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la sostenibilidad de un Proyecto de Inversión Pública (PIP) es la capacidad que tiene para mantener el nivel aceptable de flujo de beneficios netos, a través de su vida útil. Dicha habilidad puede expresarse en términos cuantitativos y cualitativos como resultado de evaluar, entre otros, los aspectos institucionales, regulatorios, económicos, técnicos, ambientales y socioculturales.

El concepto desarrollado por el MEF implica un análisis holístico de seis aspectos, cada uno evaluado, monitoreado y supervisado a fin de asegurar la sostenibilidad de las inversiones públicas. Dentro de todos ellos, el aspecto ambiental no es ajeno. Por tanto, en un sistema de inversión pública coherente, ningún PIP puede ser diseñado y, menos, puesto en marcha si no se cuenta con el análisis ambiental respectivo. Obviar este análisis es como omitir el análisis económico o técnico, que implicaría hacer una obra sin recursos o sin contar con la ingeniería de detalle.

Entonces, si tanto a nivel de inversión pública como privada queda claro que la evaluación ambiental de los proyectos resulta esencial, ¿cómo podemos identificar aún en la región la ejecución de proyectos que no cumplan con esta exigencia?

Imágenes satelitales de la deforestación alrededor de la carretera Yurimaguas-Jeberos.

Por ejemplo, entre el 2017 y 2018 se ejecutó la construcción del primer tramo de la carretera Yurimaguas-Jeberos, en la cual se habría evidenciado: a) Falta de un instrumento de gestión ambiental evaluado y aprobado por el MTC; b) Falta de una autorizacion de desbosque que faculte el retiro de la cobertura forestal (tal y como queda evidenciado por el análisis temporal del trazo de la carretera solicitado al Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático del MINAM – PNCBMCC); c) Ausencia de coordinación entre el MTC y el Gobierno Regional de Loreto para llevar a cabo la correcta ejecución de la obra y la posterior supervisión y fiscalización ambiental a cargo del MTC; d) Ausencia de un monitoreo real de la cobertura forestal y la implementación de protocolos de acción entre las agencias encargadas de su gestión y control (Serfor, Gerfor – Gorel).

Al día de hoy, luego de la construcción del primer tramo de la carretera y de los problemas institucionales referidos, el saldo es: a) Pérdida de cobertura forestal de aproximadamente 44.7 hectáreas (según análisis de cobertura solicitado al PNCBMCC); b) Afectación de la zona 4F del Bosque de Producción Permanente Loreto (MAAP#84); c) Mayor presión sobre el Bosque de Producción Permanente, al advertirse la posible deforestación en la zona adyacente al tramo 2 de la carretera Yurimaguas–Jeberos (según el portal Global Forest Watch).

Fotos: Diego Pérez / Actualidad Ambiental

A partir de la situación advertida en el primer tramo de la construcción de la carretera Yurimaguas-Jeberos, desde la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) se vienen impulsando los procedimientos administrativos y las coordinaciones con las diferentes agencias de Gobierno (MTC, Gerfor, Serfor) para que se adopten las medidas necesarias que busquen atender de manera adecuada los impactos generados.

Con la debida construcción de sinergias, se espera que los 36 Proyectos de Inversión Pública (PIP) viables del sector transportes a desarrollarse en el distrito de Jeberos, con una inversión aproximada de más de 340 millones de soles (equivalente al 59,4% del total de los PIP viables y aprobados para Jeberos), mejoren sus procedimientos y sean revisados con los estándares de sostenibilidad que exige el propio sistema de inversión pública. Esperamos que, de esa manera, podamos asegurar que la inversión pública sea diseñada e implementada con estándares que promuevan el desarrollo integral de la ciudadanía, logrando que la ansiada conectividad de Loreto le genere mayor y mejor acceso a bienes y servicios.

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