Denuncian que indígenas quechuas merecían consulta previa pero el Estado prefirió proyectos mineros
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Foto: Miguel Mejía

Un informe de Ojo Público presentó el primer borrador de la Base de Datos de los Pueblos Indígenas en el Perú, el cual fue elaborado en el 2012. El documento revela que más del 60% de estas comunidades se encuentran en territorio quechua, los cuales no fueron considerados en la primera lista publicada por el Ministerio de Cultura.

Según el documento, de 5.571 comunidades indígenas, el 63% (3.532) tiene origen quechua y están ubicadas principalmente en las regiones surandinas de Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, en donde existe fuerte presencia de megaproyectos mineros; mientras que el 10% es aimara y 26% amazónicos.

base de datos 2012

Imagen tomada de Ojo Público

Mientras a los quechuas se les negaba el derecho a consulta –agrega el medio periodístico– porque no eran considerados aún pueblos indígenas, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorizó a 25 compañías realizar proyectos mineros sobre algunos de estos territorios.

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Asimismo, el informe denuncia el propio MEM, liderado por Jorge Merino y luego por Eleodoro Mayorga, contrató consultoras para decidir quiénes eran indígenas y quiénes no (sin intervención o asesoría del Ministerio de Cultura) y según ello aprobar los proyectos.

Entre las compañías aludidas figuran: Aguila American, Consorcio Minero Horizonte, Tumipampa, Compañía de Minas Buenaventura, Minera Milpo, Sociedad Minera El Brocal, Maxy Gold Peru, Ferrobamba Iron, Minsur, Mitsui Mining & Smelting, Antares Perú, Anabi, Aruntani y Exploraciones Collasuyo.

Sobre la contratación de estas “consultorías”, la actual titular del MEM, Rosa María Ortiz, reconoció “la actuación de estas consultoras nunca tuvo una base o un sustento legal. Contratar a una consultora para hacer una caracterización [como se llama a la identificación de una comunidad para saber si es o no indígena] no me parece que haya sido la forma de trabajar”, sostuvo y reconoció que antes “no hubo voluntad de hacer consulta previa. Pero eso ya está modificándose desde mi gestión.”

Por su parte, Patricia Balbuena, viceministra de Interculturalidad, dijo que recién “hace una semana recibieron los últimos informes de estas consultorías” y que comenzarán a revisar caso por caso. Al final de este análisis emitirán un informe para que se establezcan las sanciones administrativas si es que concluyen que se vulneraron derechos y procedimientos. Rosa María Ortiz coincide.

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“Aquí la empresa no tiene nada que ver. En el hipotético caso de que Cultura determine que correspondía hacer consulta previa en cierta zona y no se hizo lo que se tendrá que hacer es una consulta a destiempo”, concluyó la ministra.

El Ministerio de Cultura anunció que seguirá publicando previa revisión y periódicamente (hasta diciembre de este año) la lista completa de pueblos indígenas. Sin embargo, los proyectos promovidos por los diferentes sectores continuarán aprobándose en los meses siguientes con una base de datos a medio publicar.

Lee el informe completo aquí.



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