#Elecciones2021: Minería ilegal en Madre de Dios y la tarea del próximo gobierno

Foto: Pavel Martiarena

Un reciente balance del Ministerio Público indica que la recuperación de “La Pampa” es del 98%, y se logró la expulsión de más de 25 mil mineros y personas vinculadas a delitos conexos. Sin embargo, se registraron nuevas zonas afectadas. ¿Cuál es el estado de la zona y qué se espera de este y el nuevo Gobierno?

Por Fiorella Fiestas / ffiestas@spda.org.pe

Han transcurrido dos años desde el lanzamiento del megaperativo Operación Mercurio en la zona denominada “La Pampa”, ubicada en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata (RNTAMB), en Madre de Dios. Si bien se ha reportado la erradicación de la minería ilegal en un 98%, existe evidencia de que la minería ilegal ha migrado a áreas circundantes.

Para saber cuál es el estado actual de la zona respecto a minería ilegal, en qué etapa se encuentra la lucha contra esta actividad, y cuáles son las demandas de los afectados durante este y el próximo Gobierno, conversamos con diferentes actores.

Balance del operativo

Más de 700 operativos se realizaron desde el 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020, según detalló a Actualidad Ambiental la abogada especialista en temas ambientales y, hasta enero de este año, integrante del equipo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), Karina Garay.

En su paso por la FEMA, asegura, se recuperó la zona de amortiguamiento, “La Pampa” y se enfrentó la minería en el río y en los nuevos puntos de minería ilegal. Un reciente balance del Ministerio Público indica que la recuperación de la zona asciende al 98%, y se logró la expulsión de más de 25 mil mineros y personas vinculadas a delitos conexos.

Sin embargo, en diciembre de 2020, un reporte de Monitoreo de Deforestación en la Amazonía (MAAP) registró que, tras el inicio de la Operación Mercurio, 1100 hectáreas fueron deforestadas producto de la minería aurífera, y se registró la aparición de seis nuevos puntos de minería ilegal: Pariamanu, La Pampa (dos zonas ubicadas al norte), Camanti, Chaspa (Puno) y Apaylon.

Imagen: MAAP

Para el procurador público del Ministerio del Ambiente (Minam), Julio Guzmán, la estrategia emprendida en la Operación Mercurio no fue la correcta. “Yo siempre he sido crítico de ello, no pasa con colocar militares, es algo más global. La ausencia del Estado por años permitió la generación de lo que se llaman economías submarginales; si lo ponemos en tema tributario, Madre de Dios no produce nada. ¿Cómo atacamos una actividad como tal?”, indicó.

Guzmán detalló que existen diversas dimensiones y si consideramos el tema ambiental debemos considerar la generación de un marco normativo de formalización, porque lo que se busca es generar el menor impacto posible. “Un proceso de formalización no puede durar nueve años, porque al hacerlo estás legalizando la impunidad. Máximo tiene que durar 24 meses, sino nadie va a utilizar el proceso ordinario”, precisó el procurador en conversación con Actualidad Ambiental.

Recordemos que la última prórroga se dio a través de la Ley 31007, “Ley que reestructura la inscripción en el REINFO de personas naturales o jurídicas que se encuentren desarrollando las actividades de explotación o beneficio en el segmento de pequeña minería y minería artesanal”, que amplía el plazo de la inscripción de mineros informales hasta el 31 de diciembre de 2021.

[Leer además ► ¿Por qué la minería ilegal se beneficia con la prórroga del proceso de formalización?]

En diciembre del año pasado y en febrero de este año, la Coordinadora Nacional de la FEMA, Flor de María Vega Zapata, emitió una carta a la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, donde explicó que estas ampliaciones afectan a los mineros formales y los que consiguieron una concesión minera legalmente, ya que “los mineros informales continúan a la fecha laborando ilícitamente en sus concesiones sin mayor control administrativo permitiendo la extracción de los recursos naturales sin ningún tipo de fiscalización y sin la posibilidad de desalojarlos; todo ello, con el pretexto de estar dentro del proceso de formalización y en negociaciones con el concesionario, lo que en muchas ocasiones es falso”.

El balance del Ministerio Público también menciona 335 sentencias condenatorias y 159 detenciones en flagrancia por delitos de minería ilegal; sin embargo, a la fecha no hay investigaciones tipificados como crimen organizado por minería ilegal desde el inicio de la Operación Mercurio, según declaró a Actualidad Ambiental Karina Garay. En lo que respecta a casos vinculados a crimen organizado, el avance ha sido mínimo. “Cuando intervenimos, las personas que han sido detenidas no dan datos específicos”, precisó Garay.

Foto: Minam

Etapa de reforestación

Como parte de las acciones que acompañan la recuperación de “La Pampa” está la generación de alternativas económicas sostenibles y, dentro de ellas, la restauración de suelos. Esta última etapa inició el 2020, pero fue retrasada por la pandemia. Para Víctor Zambrano, defensor ambiental y presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, estas acciones no deben olvidar incluir a los actores de la zona, como los agricultores, campesinos, entre otros.

Zambrano indicó que hasta la fecha no se ha resuelto el asunto de los pasivos ambientales, un tema que coincide con el coordinador de Reforestación y Restauración del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), France Cabanillas, quien detalla que uno de los retos para esta segunda fase, además del derecho del uso de la tierra y la formalización minera, son los vacíos legales, entre ellos el cierre de minas. “No hay nada que diga qué hay que hacer con estas pozas mineras. Estamos trabajando para saber qué se puede hacer”, indicó para Actualidad Ambiental.

Como parte de las acciones de restauración, desde el 2018 el Servicio Nacional de Área Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) trabaja con CINCIA para lograr reforestar las áreas dentro de la reserva. A partir de la información generada por CINCIA, el Sernanp ha iniciado pilotos al interior de la misma. En el 2018, inició con un piloto de 5.5 hectáreas, para el 2019 se amplió a 30 ha, al año siguiente fue de 150 ha y la producción de 741 mil plantones. Se espera que para el 2021, se trabaje con 18 especies forestales y 455.5 hectáreas más, y de esta manera recuperar las 759 hectáreas deforestas por la minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata.

“¿En cuánto tiempo tomaría recuperar toda el área? Si hablamos de Tambopata, yo me atrevería a decir que más de 50 años y eso es muy conservador”, señaló el especialista de CINCIA.

Foto: Andina

Elecciones y falta de propuestas

En un análisis realizado por el equipo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) a los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia, se evidenció la falta de propuestas en torno a la lucha contra la minería ilegal.

Para el procurador Julio Guzmán, el tema a priorizar, más que el proceso de formalización, es la superposición de derechos. “Nadie quiere hablar de ese tema. El tema de la certificación, dónde va a haber recursos forestales para no superponer derechos, no lo dicen. Tenemos ese gran conflicto que alimenta todo un gran sistema de corrupción”, afirmó el procurador.

Respecto a la continuidad de la Operación Mercurio, Guzmán considera que se debería repensar la estrategia con actividades más asertivas. “Si [el operativo] fuese gratis, yo diría que permanezcan, pero por el costo diría que hay que pensarlo. Estás peleándote en ‘La Pampa’ mientras en la carretera están dejando pasar los insumos. Se necesita una estrategia más general”, precisó.

Para France Cabanillas de CINCIA, las propuestas deben considerar dos temas claves: el componente hídrico y el derecho de uso de la tierra. “Si tenemos claridad en ambas, muchas cosas se pueden conseguir. Por ejemplo, ahora no hay nada que te diga qué hay que hacer con las pozas mineras. Nosotros a través de la investigación estamos buscando recomendaciones y es lo que está haciendo la RNTAMB, igualmente debería ser con el tema de la formalización”, resaltó el especialista.

Finalmente, Víctor Zambrano coincidió que el proceso de formalización es un tema que los candidatos deben priorizar para poder atender el problema de la minería ilegal. “En Madre de Dios tenemos solo una curul para el Congreso. Lo que veo es gente improvisada que no tiene experiencia. Es un panorama un poco lúgubre. Aun así, no dejaremos de seguir apoyando y respaldando a nuestra gente, esta es una lucha de largo aliento”, agregó.