• Congresista José Pazo, autor del Proyecto de Ley 5496/2022-CR que busca formalizar embarcaciones ilegales, convocó a mesa de trabajo a organización que apoya su propuesta.

El congresista José Pazo instalará una mesa de trabajo para socializar el Proyecto de Ley 5496/2022-CR, este viernes 20 de octubre a las 3:00 p.  m. La propuesta busca formalizar a más de 2000 embarcaciones que quedaron fuera del proceso de formalización que culminó el 31 de julio.

En una carta enviada a Pedro Huamayalli, secretario general del Sindicato de Pescadores C.H.D. Miguel Grau de Áncash, se señala que en este espacio se socializará con la participación de los beneficiados “de la formalización de las embarcaciones pesqueras artesanales que no hayan podido culminar Siforpa 2”.

Voces de alerta

Sin embargo, en esta convocatoria se excluye a las más de 12 organizaciones de pesca artesanal que han enviado formalmente su posición de rechazo a la propuesta de ley, entre las que figuran la Sociedad Nacional de la Pesca Artesanal (Sonapescal), la Federación Regional de Organizaciones Pesqueras Artesanales Selectivos de Cortina, Pinta y Espinel de Tumbes, entre otras.

Además, las organizaciones sostienen que el congresista Pazo estaría incurriendo en un conflicto de intereses, ya que tanto él como su familia son propietarios de embarcaciones pesqueras artesanales. Denuncia que ha sido publicada también por medios como La República.

A la oposición de los pescadores y dueños de embarcaciones artesanales se ha sumado las de compradores internacionales de pota y perico, recursos mayoritariamente extraídos por estas embarcaciones. Más de 25 empresas de Europa y Estados Unidos, agrupadas bajo la Mesa Sectorial Global de la Cadena de Suministro de Calamar (The Global Squid Supply Chain Roundtable) y la Mesa Sectorial Global de Mahi-Mahi (perico), han expresado su preocupación por dicho proyecto de ley.

“Para las empresas de los mercados en los que operamos es clave garantizar que los productos que comercializamos provengan de orígenes responsables y estén libres de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR)”, expresan los representantes de las empresas en uno de sus documentos.