La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) anunció que a partir de marzo de 2016, las entidades financieras deberán evaluar los riesgos sociales y ambientales antes de financiar un proyecto de inversión mayor a 10 millones de dólares. El objetivo: evitar futuros conflictos con las poblaciones de las áreas de influencia.

Se haber riesgos socioambientales altos, el banco podría denegar el préstamo. Sin embargo, existe la posibilidad de que la empresa y el banco puedan acordar medidas de gestión en el corto y mediano plazo para reducir los niveles de riesgo.

Según informa Gestión, la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial, ente impulsor de esta regulación que promueve ‘inversiones sostenibles’, saludó la medida tomada en el Perú, ya que ayudará a reducir los conflictos socioambientales.

“La idea es reducir los riesgos socioambientales con los estudios previos. Creo que será una ventaja tanto para las entidades financieras, para las empresas que hacen el proyecto como para la población en general”, señaló Marcos Brujis, director global de instituciones financieras de la IFC del Banco Mundial.

Agregó que este tipo de regulación ya se utiliza en varios países, a recomendación del Banco Mundial.

“Si yo mañana doy un crédito a una mina. Y esa mina en diez años contaminó a una población. Toda esa población a venir a reclamar y toda esa ganancia que tuvo la empresa se irá en juicios y problemas sociales que dañarán la reputación de la institución”, refirió Brujis.

Asimismo, descartó que se generen excesivos sobrecostos para las entidades financieras a tener de que realizar esa evaluación previa.

“Puede ser un costo en el corto plazo que se compensará en el largo plazo. Esta norma no la vemos como una barrera para las inversiones, sino como protección para que las instituciones no asuman riesgos de larga cola”, explicó.