Un nuevo reporte del proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), elaborado por Conservación Amazónica (ACCA) y Amazon Conservation Association, revela que entre 2025 y 2026 se registraron más de 700 dragas mineras, casi la mitad de todos los registros en la región durante los últimos nueve años. El estudio también advierte que la actividad ya se ha extendido a 13 ríos amazónicos y empieza a generar pérdida de bosques ribereños afectando ecosistemas y fuentes de agua de las que depende la población.

El informe documenta una acelerada expansión de la minería ilegal en a través de dragas en ríos como Nanay, Marañón, Tigre, Putumayo, Napo, Mazán y Chambira, además de otras cuencas amazónicas de la región. Los datos muestran que el periodo 2025–2026 ha marcado un punto de inflexión en la expansión de esta actividad hacia nuevos territorios.

En el caso del río Tigre, más del 90 % de las detecciones de dragas corresponden al periodo 2025-2026. La actividad, que inicialmente había sido identificada como una ruta para el traslado de insumos hacia otras zonas mineras, actualmente presenta una presencia activa.

En el río Putumayo, en la frontera entre Perú y Colombia, el monitoreo satelital logró identificar por primera vez de manera clara zonas de actividad minera ilegal. La ubicación fronteriza de este sector representa un desafío adicional para las acciones de control y evidencia la necesidad de fortalecer la coordinación entre ambos países.

Fuente de agua para medio millón de personas

Otro de los casos analizados es el del río Nanay, principal fuente de abastecimiento de agua para la ciudad de Iquitos. Entre 2025 y 2026, el monitoreo registró 421 detecciones de dragas y se estima que actualmente existen entre 23 y 30 dragas activas en el sector analizado. Este río es de los principales afluentes que pese a las constantes intervenciones del estado mantiene una actividad persistente de minería ilegal.

Además, las imágenes satelitales permitieron identificar pérdida de bosque en las riberas del Nanay asociada a la actividad minera. Esto muestra que el impacto de la minería ilegal no se limita al río, sino que también está comenzando a afectar los bosques que lo rodean.

La investigación también ha identificado un rápido crecimiento de la minería en la localidad de Saramiriza, en la cuenca alta del río Marañón, donde se observa un incremento importante de la deforestación asociada a esta actividad. Hasta junio de 2026 se registraron unas 800 hectáreas de bosque afectadas, de las cuales más de 500 corresponden al periodo 2025-2026.

En esta zona también se observa una situación que evidencia las dificultades para controlar la expansión minera: existen alrededor de 241 concesiones mineras, de las cuales 115 son petitorios mineros. En este conjunto de concesiones, solo 9 cuentan con Reinfo aprobado. A pesar de ello, la actividad minera continúa desarrollándose en un espacio más amplio.

“Lo que estamos viendo en Loreto es un cambio en la escala y velocidad de la minería ilegal. El periodo 2025-2026 concentra casi la mitad de todas las detecciones de dragas registradas en nueve años y, además, muestra que la actividad está llegando con fuerza a nuevos ríos. El caso del Tigre es especialmente claro: más del 90 % de sus registros corresponden a este último periodo. Esto nos indica que no estamos frente a un problema estático, sino ante una actividad que se desplaza y encuentra nuevas zonas donde operar”, señala Sidney Novoa, director de Tecnologías para la Conservación de ACCA.

Una actividad que sigue avanzando pese a operativos

El uso de dragas y herramientas similares para la extracción de oro en ríos está prohibido; sin embargo, el incremento de estas embarcaciones ha sido de manera exponencial en los últimos años. “La expansión de esta actividad no responde a un vacío normativo, sino a las dificultades del Estado para hacer efectiva una prohibición vigente”, señala MAAP.

Además de la falta de presencia estatal en zonas remotas, agrega MAAP, el crecimiento de la minería ilegal ocurre debido al alto precio internacional del oro, la actuación de organizaciones criminales y la extensión de formalización minera. A ello se suma el cambio de Gobierno: las nuevas autoridades aún no presentan una nueva estrategia a fin de combatir la expansión de esta actividad.

El informe también destaca que, frente a este escenario, los operativos de interdicción son necesarios, pero no suficientes, ya que se requiere identificar y desarticular las redes que financian y sostienen la minería ilegal, así como mejorar la coordinación entre las instituciones responsables y reforzar el control en las zonas de frontera.

“Las interdicciones son necesarias, pero por sí solas no van a resolver el problema. Si la actividad vuelve a aparecer en otros ríos después de los operativos, significa que necesitamos actuar también sobre las redes que financian y sostienen esta economía ilegal, mejorar la coordinación entre las instituciones y fortalecer la presencia del Estado en estos territorios. Asimismo, se hace necesario empezar a centrar los esfuerzos de coordinación con la demanda, trabajar con compradores de oro a fin de que puedan solicitar la correcta trazabilidad del oro adquirido”, señala Novoa.

Dato:

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