La minería ilegal no solo es una de las actividades más destructivas de nuestra biodiversidad, sino también pone en peligro la salud de las personas. A ello se suma que trae consigo otros delitos conexos como la trata de personas, el lavado de dinero, entre otros.

Entre los más afectados figuran los pueblos indígenas y defensores ambientales que denuncian de manera reiterada esta actividad. Por ello, se espera que el próximo gobierno realice acciones para detener esta actividad que se ha expandido a casi todas las regiones del país.

En ese contexto, el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) analizó los planes de gobierno de los partidos que disputarán la segunda vuelta electoral, con el fin de recoger las propuestas sobre este tema.

Según el OMI, las propuestas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú “presentan enfoques distintos, pero insuficientes, frente a uno de los principales problemas del país”. Asimismo, señala que “el reto central del próximo gobierno no es prolongar regímenes transitorios de formalización, o crear otro mecanismo de formalización cambiando el nombre al actual del Reinfo, sino centrar esfuerzos en recuperar la capacidad estatal de gobernanza sobre todo de la cadena de valor del oro, desde la extracción hasta el comprador final”.

César Ipenza, vocero legal del OMI explicó que “ninguno de los dos partidos propone medidas que eliminen el Reinfo, lo que nos muestra de alguna manera es una apuesta a seguir facilitando la impunidad lo que queda de este año y que seguramente podría ser ampliado, como ha venido sucediendo en los últimos veinte años”.

Para ambos casos, agrega Ipenza, “no existe una estrategia integral, que contenga y combine formalización efectiva con plazos de cierre como vía extraordinaria, control real del territorio y presencia de policía y fuerzas armadas, fiscalización sostenida a medianos o grandes mineros que aparecen disfrazados de pequeños”.

[Ver además►¿Qué proponen Fuerza Popular y Juntos por el Perú respecto a la minería artesanal y minería ilegal?]

Diez propuestas para los primeros cien días de gobierno

Para enfrentar la expansión y consecuencias de la minería ilegal, el OMI plantea diez propuestas prioritarias para los primeros cien días de gobierno, orientadas a recuperar la capacidad de control del Estado, fortalecer la lucha contra la minería ilegal, avanzar hacia un proceso de formalización efectivo, entre otras.

A continuación, presentamos las propuestas del observatorio:

1. Cerrar definitivamente el Reinfo, no promover su ampliación. Dentro de los cien primeros días se deberá diseñar un nuevo régimen MAPE: temporal, con metas verificables, trazabilidad obligatoria, estándares ambientales mínimos y salida automática por incumplimiento. Esto para aquellos que mantienen vigente el proceso de formalización actual, y para otros casos deberá atenderse vía proceso ordinario; es decir, primero cumple la ley, luego opera.
2. Elaborar y remitir propuesta dentro de los cien primeros días. El Ejecutivo debe tomar control de las plantas de beneficio, y estas no deben ser consideradas “pequeña minería”. El Gobierno no las ha controlado, y tampoco fiscalizado la cantidad de insumos que utilizan, así como su capacidad de producción. Se deberá realizar un monitoreo digital de producción, declaración de insumos, fiscalización tributaria y ambiental, y trazabilidad de mineral recibido.
3. Asignación extraordinaria de recursos públicos para la lucha contra la minería ilegal al Ministerio Público, Policía Nacional del Perú y Marina de Guerra. El programa presupuestal 0128, “Reducción de la minería ilegal”, asigna cero soles al Ministerio Público, y ello significa cero operativos de interdicción contra la minería ilegal.
4. Aplicar el principio de responsabilidad de manera inmediata desde el Ejecutivo. Todo aquel causante de un daño al ambiente debe asumir la responsabilidad y los costos de reparación del daño causado. Los mineros deben declarar ubicación, para que sean responsables penales, administrativos y civiles en caso de alguna afectación. Para esto solo corresponde aplicar la ley y el principio de responsabilidad ambiental.
5. Proceder a remitir al Congreso de la República, dentro de los cien primeros días, la propuesta que elimine la exención de responsabilidad penal, civil y administrativa de los mineros inscritos en el Reinfo, tal como ha ordenado -en abril del 2025- el Tribunal Constitucional. Esta sentencia, pese a su obligatoriedad, no se cumple.
6. Implementar, de manera urgente y prioritaria en la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), medidas de lucha contra la corrupción y el ISO Antisoborno. Se ha evidenciado el mal funcionamiento y denuncias no atendidas de corrupción dentro del sector minería.
7. Presentar al Congreso de la República iniciativa legislativa que promueva la eliminación progresiva del uso de mercurio en la MAPE, y promover el uso de tecnologías limpias. Al 2030 se debe lograr la eliminación y prohibición total de este metal. Por otro lado, corresponde al Ejecutivo, a través del Ministerio del Ambiente (Minam), aprobar el Plan de Acción Nacional sobre mercurio en la minería de pequeña escala, en línea con el Convenio de Minamata, una deuda pendiente del Estado peruano.
8. El Ejecutivo, a través del Minem, debe emprender el funcionamiento y puesta en operaciones del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA), y convertirlo en plataforma obligatoria interoperable para la trazabilidad de insumos, trazabilidad del mineral, monitoreo ambiental, control tributario, y verificación de producción. Este sistema facilitará la transparencia y evitará la impunidad y corrupción. Esto es un pendiente del Ejecutivo desde 2024.
9. El Ejecutivo debe ejercer su rol de gobierno nacional y asumir la formalización minera, para lo cual debe utilizar las herramientas legales para que los gobiernos regionales transfieran de manera inmediata el acervo documentario de los expedientes de mineros en proceso de formalización. Esto, lamentablemente, no ha sucedido pese al mandato de diversas leyes.
10. El Ejecutivo, a través del Minem, debe aprobar dentro de los cien primeros días un decreto supremo que prohíbe el otorgamiento de concesiones mineras en cualquier río amazónico. Esta situación se viene dando en los últimos años, y pese a que la actividad minera está prohibida sobre los cuerpos de agua, se ha convertido en un mecanismo constante para operar en la impunidad y aduciendo derechos sobre estos espacios.

Dato:

• El Observatorio de Minería Ilegal y actividades vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad (OMI) es un colectivo integrado por organizaciones y especialistas que trabajan en actividades de vigilancia y propuestas contra los impactos de la minería ilegal en el país. Más información aquí.