En junio de 2023, con el fin de fortalecer la protección de los océanos y su biodiversidad, diversos Estados suscribieron el Acuerdo sobre la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica Marina en las Zonas situadas más allá de la Jurisdicción Nacional (también conocido como Tratado de Alta Mar o BBNJ Agreement por sus siglas en inglés).

El objetivo de este tratado es dotar de un marco jurídico integral y vinculante a las aguas internacionales para reforzar la acción internacional que proteja el océano, enfrente el deterioro climático y salvaguarde los medios de vida de miles de millones de personas en todo el planeta.

Debido a su importancia, el Perú suscribió el acuerdo en junio de 2025; sin embargo, se necesita que el Congreso de la República lo ratifique para que nuestro país pueda completar su adhesión y así participar en las decisiones clave sobre la gobernanza de los océanos.

En ese sentido, Óscar Maúrtua de Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional (SPDI), destacó la relevancia de este tratado internacional, considerado un hito por su alcance mundial.

En la reunión de trabajo también participaron Nicolás Roncagliolo Higueras, exsecretario general de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS); Jimpson Dávila Ordóñez, director del Programa de Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA); y Jesús Menacho Piérola, capitán de navío (r) y presidente de la Fundación Náutica Marítima del Perú.

En el encuentro, se destacó que este tratado es relevante porque promueve la cooperación internacional en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en áreas situadas más allá de las jurisdicciones nacionales. Asimismo, los participantes resaltaron que el Tratado de Alta Mar establece mecanismos innovadores para la protección de ecosistemas marinos, la realización de evaluaciones de impacto ambiental, el intercambio de conocimientos científicos y el fortalecimiento de capacidades en beneficio de los Estados en desarrollo.

La SPDI expresó que Perú debe avanzar en el proceso de ratificación de este instrumento jurídico internacional, cuya entrada en vigor “representa uno de los avances más significativos del derecho internacional del mar en las últimas décadas”.

Además, reafirmó su “compromiso con la promoción del multilateralismo, la cooperación internacional y la protección sostenible de los océanos, elementos esenciales para la preservación del patrimonio común de la humanidad y el bienestar de las futuras generaciones”.

Asimismo, los participantes destacaron la importancia del foro internacional Our Ocean Conference para el Perú. Señalaron que este espacio representa una valiosa oportunidad para que el país muestre sus avances en distintos ámbitos de la economía y la gobernanza azul, desde la gestión sostenible de los recursos hidrobiológicos hasta los esfuerzos de conservación marina, y consolide una posición de liderazgo en estas materias.

La conferencia tiene como finalidad promover la economía azul y abordar los principales desafíos que enfrentan los océanos, entre ellos el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la seguridad alimentaria y la contaminación. Para ello, reúne a gobiernos, organizaciones no gubernamentales, sector privado, academia y otros actores relevantes con el objetivo de impulsar soluciones basadas en la acción y promover compromisos concretos y medibles.

Importancia para Perú

Según Jimpson Dávila, la participación del Perú en el Tratado de Alta Mar es estratégica tanto desde una perspectiva ambiental como económica y geopolítica, porque establece un régimen jurídico para el acceso y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos, e introduce la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental respecto de actividades económicas que se desarrollen en la alta mar.

“Estas disposiciones resultan particularmente relevantes para países como el Perú, que podrían beneficiarse de los desarrollos científicos, tecnológicos y eventualmente monetarios vinculados al uso de dichos recursos, superando así la concentración de beneficios en un número reducido de Estados con mayores capacidades tecnológicas”, señaló el especialista de la SPDA.

Dávila también agregó que el tratado “contribuye a prevenir y mitigar posibles impactos transfronterizos que, de otra manera, podrían afectar las aguas bajo jurisdicción nacional. De este modo, se fortalece la capacidad de resguardar los ecosistemas marinos peruanos frente a externalidades derivadas de actividades extractivas o industriales realizadas en aguas internacionales”.