Foto: Fenamad

• Según la SPDA, si se aprueba la modificación a la Ley PIACI, planteada por el congresista Jorge Morante, se desvirtuaría la naturaleza con la que nacieron las reservas ya existentes y se podría perder la protección de los indígenas aislados.

En el Perú se han reconocido, mediante decretos supremos, a veinte pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI), y para ellos existen siete reservas indígenas y territoriales, espacios que les garantizan territorios intangibles. Esta garantía de protección a la vida de los más de 7000 indígenas en situación de aislamiento o en contacto inicial, podría perderse con la modificación a la Ley PIACI planteada por el Proyecto de Ley 3518/2022-CR.

El cuestionado proyecto de ley, presentado por el congresista Jorge Morante (Fuerza Popular), no solo quitaría al Gobierno nacional la competencia de crear nuevas reservas indígenas, la cual pasaría a manos de los gobiernos regionales. También, permitiría a estos últimos evaluar y decidir la continuidad o anulación de las reservas ya reconocidas.

“Cada gobierno regional pondría sus propias reglas. Esto rompería el Régimen Especial Transectorial que existen con la actual ley. Además, abriría la puerta a que primen los intereses de cada gobierno regional por sobre la vida de los PIACI”, advierte Melissa Sánchez, especialista legal del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA.

Niegan su existencia y derechos

Los PIACI son ciudadanos con derechos pero tienen una condición de gran vulnerabilidad, porque al haberse mantenido aislados del resto de la sociedad no poseen defensas para enfermedades comunes, además dependen en su totalidad del bosque. Por ejemplo, algo tan común y simple para nosotros como una gripe, podría matarlos.

Para garantizar que esto no pase, aparecen las reservas indígenas. Estas “sirven para tangibilizar, es decir, volver efectiva la protección de los PIACI. Lo que hacen es delimitar un espacio geográfico mientras dure su condición de aislados o en contacto inicial para estos pueblos que por sus características particulares son más vulnerables a cualquier otra amenaza externa”, explica  Sánchez, de la SPDA.

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Quienes proponen y apoyan la modificación a la Ley PIACI planteada por Morante, afirman constantemente que los indígenas aislados no existen y que no hay evidencia científica que pruebe su existencia. En este sentido, ponen en duda la legitimidad de las reservas indígenas creadas y cuestionan la necesidad del reconocimiento de las que se encuentran en proceso de creación.

Estas afirmaciones desconocen que para el reconocimiento de las reservas se han tenido que realizar diversos estudios: antropológicos, ambientales, entre otros. Y, en los últimos años, se recopila evidencia científica de la existencia de PIACI mediante tecnología satelital.

Con la negación de su existencia, también hay un intento de negarles a estos grupos de pueblos indígenas aislados su derecho a la vida y territorio, el cual se garantiza a través de las reservas indígenas. “Lo que quieren [los que apoyan el proyecto de Morante] en Loreto es terminar con las reservas indígenas y lo están diciendo abiertamente. Entonces, el riesgo de que se apruebe esta modificación a la Ley PIACI es que se desvirtúe la naturaleza con la que han nacido las reservas que hasta ahora existen, y que se pueda perder la protección a los PIACI”, señala Melissa Sánchez.

El proceso de creación de una reserva

El proyecto de ley del congresista por Loreto, Jorge Morante, pone en peligro la continuidad de las siete reservas indígenas aprobadas luego de años, en algunos casos décadas, de estudios. Y es que, para la creación de una reserva indígena son necesarios dos estudios.

Según indica la actual normativa, para iniciar el proceso de reconocimiento de una reserva, primero se debe reconocer la existencia del PIACI para lo cual hace falta un estudio previo. Luego de esto y con un nuevo estudio adicional, recién se puede categorizar una reserva.

Todo este proceso ha significado hasta dos décadas en algunos casos, como la Reserva Indígena Napo Tigre y Afluentes, aprobada en septiembre de 2022, luego de casi veinte años de haber sido solicitada.

Para el proceso de reconocimiento de esta reserva indígena, así como de todas las existentes, se creó un Comité Multisectorial conformado por representantes de distintos sectores, entre ellos la Defensoría del Pueblo, gobiernos regionales y locales, organizaciones indígenas y facultades de antropología, presididos por el Ministerio de Cultura (Mincul) como ente rector, a través del Viceministerio de Interculturalidad.

Con la modificación a la Ley PIACI propuesta por el congresista fujimorista, se perdería esta característica. “La evaluación a la hora de categorizar una reserva pasaría por una comisión con 9 miembros -ya no 15 como es ahora- entre los que ya no estarían las organizaciones indígenas”, explica Melissa Sánchez.

Un proyecto de Ley inconstitucional

Además de todas estas posibles afectaciones al derecho a la vida de los pueblos indígenas aislados, el proyecto de Ley que busca la modificación de la Ley PIACI, rompe con el “principio de no regresividad que rige en materia de derechos humanos y que implica que el ordenamiento jurídico no retroceda en el nivel de protección concedido”, advierte Melissa Sánchez, de la SPDA.

“El proyecto de Ley busca modificar la Ley Orgánica de Gobiernos regionales y, aunque no lo diga, también la Ley de Bases de la Descentralización y la Ley de creación del Mincul”, explica la especialista legal de la SPDA y añade que “los gobiernos regionales y locales no pueden dictar normas que contradigan las políticas nacionales o que alteren las competencias que les son atribuidas”.

En el caso de los Gobiernos regionales, no tienen competencias en materia de PIACI, esta es exclusiva del Mincul. “Al querer atribuirles competencias sin contar con condiciones previas que permitan su ejercicio y regular desde lo regional en contra del sistema nacional de protección vigente para PIACI, se estaría actuando en contra de los principios de unidad y competencia, y en ese sentido resulta inconstitucional”.

Se perdería el régimen transectorial

“Lo que tiene de interesante la actual Ley PIACI es que establece un régimen transectorial para la protección de los pueblos aislados”. Este régimen es dirigido por el Mincul, que evalúa, planifica y supervisa las medidas y acciones destinadas a la protección de los PIACI en coordinación con diferentes sectores del Ejecutivo en sus distintos niveles de Gobierno y con la sociedad civil.

Sin embargo, advierte la abogada de la SPDA, esta unidad a partir de este régimen transectorial dejaría de existir con la modificación de la Ley PIACI.