Congresista Daniel Salaverry propone cambiar el sistema octogonal para el etiquetado de productos procesados.

La Defensoría del Pueblo se sumó al pedido de renombrados científicos en salud y del Colegio de Nutricionistas que pidieron no modificar la Ley de Alimentación Saludable, como propuso del congresista de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República.

El legislador busca modificar el sistema de alertas nutricionales que debería ir en la etiqueta de los productos procesados. La propuesta del Ministerio de Salud es el sistema de octágonos que señalan de forma clara y directa si un alimento es “Alto en grasas”, “Alto en azúcares” o “Alto en sodio”. Sin embargo, Salaverry propone el “semáforo nutricional”, un sistema que especifica la cantidad de sustancias que contiene un producto.

Fujimorismo propone etiquetas tipo semáforos, mientras que el Minsa el sistema de octágonos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sistema de octágonos, comunica de forma más rápida, clara, veraz y sencilla al consumidor sobre los contenidos de sodio, azúcar y grasas saturadas”. En cambio, la propuesta de Fuerza Popular “aumenta el deseo por el producto, por ejemplo, estimula el consumo de productos que tienen los colores verde o amarillo para sal y grasas, pero altos en un azúcar”.

El reconocido doctor Elmer Huerta también está de acuerdo con la propuesta del Minsa y de la OMS, y aseguró que la mencionada norma (Ley 30021 aprobada en el 2012) ayudará a combatir la obesidad y enfermedades asociadas como la diabetes o las cardiovasculares.

Asimismo, en declaraciones a RPP, se mostró en contra de cambiar el sistema de etiquetado o “una sola coma”. “Si se cambia una coma de la ley, todo vuelve a foja a cero, perdemos 10 años de trabajo y habría que otra vez reescribir la ley y su reglamento, lo cual tomaría 10 años más. Entre tanto, aumentaría el consumo de comida chatarra y la obesidad”, afirmó.

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Elmer Huerta también difundió una carta dirigida al Congreso y al Gobierno, donde 28 renombrados científicos de la salud piden que no se modifique la Ley o el sistema de etiquetado.

“Como académicos especialistas en obesidad y diabetes, queremos dejar en claro que la ciencia es concluyente en el rol de la ‘comida y bebidas chatarra’ con alto contenido de calorías, azúcar, sodio y grasas saturadas: Un consumo creciente de estos productos es la causa de obesidad y enfermedades asociadas. Por esto apoyamos el uso de etiquetas frontales con advertencias como una medida crítica para informar a los consumidores y de esta forma frenar el consumo de comidas no-saludables y alentar la reformulación de esos productos”, señala la carta.

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Colegio de Nutricionistas también en contra de modificación

El Colegio de Nutricionista del Perú (CNP) emitió un pronunciamiento en donde advierte que los cambios que propone Daniel Salaverry “han sido muy cuestionados en diversos países, no solo porque son difíciles de interpretar, sino porque los valores y porcentajes arbitrarios distan mucho de los propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

Defensoría pidió archivar la propuesta de Fuerza Popular

Mediante un comunicado, la Defensoría del Pueblo pidió archivar la iniciativa parlamentaria de Daniel Salaverry y otras propuestas similares porque “atentan contra el derecho de las personas a realizar un consumo adecuadamente informado, perjudicando la salud, que también es un derecho fundamental que se vería afectado”.

“La Defensoría del Pueblo está convencida que el sistema octogonal es el modelo que mejor garantiza los derechos constitucionales, por ser visualmente más directo y contribuir de mejor manera a que las personas tomen decisiones de consumo informadas. Lo expresado coincide con la propuesta del Ministerio de Salud, respaldada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la comunidad científica”, indicó el organismo.

Asimismo, señaló que “el Estado ha sido excesivamente moroso en el cumplimiento de la Ley 30021, lo que ha supuesto un aplazamiento injustificado del efectivo ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos, impidiéndoles conocer decuadamente si los productos que consumen tienen alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas o la presencia de grasas trans”.