Foto: Congreso / SPDA

Con 11 votos a favor y 8 en contra, la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados aprobó el informe de opinión que respalda la solicitud de facultades legislativas del Ejecutivo a través de la Proposición Legislativa 00098-2026-2031, a pesar de que especialistas advirtieron sobre riesgos ambientales que podrían afectar a indígenas en aislamiento, áreas protegidas y los estudios de impacto ambiental.

Según publicó el Congreso en su portal, “el informe precisa que la simplificación administrativa y la aplicación del enfoque de riesgo no deberán implicar el debilitamiento de los estándares ambientales. También plantea que el Ejecutivo realice un análisis exhaustivo del funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y establezca mecanismos financieros e institucionales que garanticen la remediación suficiente y oportuna de los pasivos ambientales”.

En el debate de comisión, el diputado Arturo Alegría (Fuerza Popular) sostuvo que el país necesita procedimientos más eficientes y previsibles, sin que ello signifique reducir la protección de los ecosistemas o los derechos de las comunidades.

Por su parte, Harvey Colchado (Ahora Nación) advirtió sobre los riesgos de aplicar la aprobación automática y el silencio administrativo positivo en procedimientos ambientales.

“La demora de una entidad no puede convertirse automáticamente en una autorización para desarrollar una actividad que podría afectar el agua, la salud y los bosques. No podemos presumir que un proyecto es ambientalmente viable; debemos certificarlo”, manifestó.

Colchado Huamani propuso una opinión favorable parcial que excluya expresamente dichos mecanismos y planteó fortalecer la capacidad de evaluación de las instituciones, además de sancionar el incumplimiento de los plazos administrativos.

En su intervención, Giannina Avendaño (Juntos por el Perú) señaló que cualquier modificación del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) requiere un análisis más profundo, debido a que este sistema no solo facilita inversiones, sino que protege derechos relacionados con la vida, el ambiente y las áreas naturales protegidas.

También solicitó recoger las opiniones técnicas del Indecopi, del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) y del Ministerio de Energía y Minas ante posibles modificaciones en el sector eléctrico. Asimismo, advirtió que cualquier cambio en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre debe considerar los derechos de los pueblos indígenas y el proceso de consulta previa que dio origen a esa norma.

Reducir físicamente un Área Natural Protegida (ANP) para facilitar la explotación de hidrocarburos no es una modificación menor: es cambiar las reglas para permitir actividades extractivas precisamente en espacios donde se requieren mayores niveles de protección.
¿Para eso se… https://t.co/2d8TrJoCvs

— Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) September 1, 2026

Camino al Senado

Hasta la fecha, el pedido de facultades legislativas fue rechazado en las comisiones de Energía y Minas; Producción; Infraestructura, Vivienda y Transportes; y Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital.

Cabe resaltar que las opiniones emitidas por estas comisiones no son vinculantes y será la Comisión de Constitución la encargada de elaborar un dictamen para su debate en el Pleno y, si se aprueba, pasaría al Senado, en donde legisladoras como Ruth Luque ya han expresado su rechazo a esta solicitud del Ejecutivo, especialmente por la propuesta de recorte de áreas protegidas.

“Reducir físicamente un área natural protegida (ANP) para facilitar la explotación de hidrocarburos no es una modificación menor: es cambiar las reglas para permitir actividades extractivas precisamente en espacios donde se requieren mayores niveles de protección. ¿Para eso se pretende una delegación de facultades?”, publicó en sus redes sociales.

“Desde hace años existen intereses por modificar la legislación sobre ANP sin considerar adecuadamente el enorme valor ambiental que cumplen estos espacios. Lo que necesitamos del Estado no es flexibilizar su protección para favorecer actividades extractivas, sino fortalecer su conservación, garantizar una gestión adecuada y proteger nuestra biodiversidad, nuestros bosques y las fuentes de agua”, agregó.

 

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Riesgos ambientales

En un análisis legal a la solicitud de facultades legislativas, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) advirtió que existen posibles cambios preocupantes en materia ambiental, aprovechamiento de recursos naturales, conservación de la biodiversidad y derechos de pueblos indígenas.

Entre los pedidos más resaltantes figuran la modificación de la Ley PIACI y Ley de ANP para priorizar actividades extractivas, así como la aplicación del silencio administrativo positivo (aprobación de solicitudes de manera automática cuando el Estado no responde a tiempo) en casos de certificaciones ambientales y opiniones técnicas vinculantes de carácter ambiental, entre otras.

En el caso de la Ley PIACI, la SPDA señaló que los cambios propuestos para garantizar la continuidad de actividades de hidrocarburos no evalúan adecuadamente los riesgos que el ingreso de personal, equipos o contratistas podría generar sobre la vida, salud, integridad y autodeterminación de estos pueblos.

Asimismo, agregó que la propuesta para modificar la Ley de ANP con el fin de abrir la posibilidad de recortar estos espacios para priorizar actividades extractivas no resulta constitucionalmente viable, y recordó que este tipo de iniciativas ya se han planteado anteriormente a través de proyectos de ley con el fin de favorecer proyectos de hidrocarburos que afectarían el Parque Nacional Bahuaja Sonene, la Reserva Comunal Amarakaeri, y el Parque Nacional del Manu, que abarcan territorios de Madre de Dios, Puno y Cusco.

“Hay que mirar con mucha atención no solo el proyecto de ley sino también la exposición de motivos. Es allí donde se revela los objetivos de fondo, y enciende alertas sobre posibles impactos en el medio ambiente. El Congreso debe tener claridad sobre esos alcances antes de decidir qué facultades delega al Ejecutivo”, señaló Isabel Calle, directora ejecutiva de la SPDA.

“Todos queremos un Estado que funcione mejor, que responda a tiempo. Pero simplificar no puede ser sinónimo de eliminar controles ni de reemplazar el criterio técnico por el simple paso del tiempo. Se trata de hacer más eficiente al Estado, sin renunciar a su obligación de proteger derechos, recursos naturales y bienes que son de todos. No se trata de elegir entre conservación y desarrollo, porque no son opciones opuestas”, agregó.