Clima, incendios forestales y conflictos en las áreas de conservación regional
- Los eventos climáticos extremos y los incendios forestales pueden agravar tensiones sociales en las áreas de conservación regional (ACR). César Bedoya analiza cómo la gestión preventiva de los riesgos ambientales y el conocimiento de las relaciones entre los actores del territorio pueden contribuir a evitar conflictos.
miércoles
21 de octubre, 2026
Foto: Diego Pérez / SPDA
Escribe: César Bedoya G[1].
Sabemos que la Ley 26834, referida como Ley de Áreas Naturales Protegidas, promulgada en junio de 1997, establece que los gobiernos regionales podrán gestionar la tramitación de la creación de áreas de conservación regional (ACR) en su jurisdicción, siendo generadas sobre espacios con importancia ecológica significativa. Sabemos también, que las ACR tienen como finalidad conservar la diversidad biológica y contribuir al desarrollo sostenible de la región. En tal sentido, se constituyen como espacios donde confluyen múltiples intereses sean ecológicos, productivos, culturales y políticos de distinta escala, con lo que se convierten en escenarios en los que, sin mucho esfuerzo, pueden surgir controversias y conflicto de distinta escala y naturaleza. Lo que nos interesa en esta nota, a sazón de lo que viene sucediendo con la alarmante propagación de incendios forestales, es considerar si este tipo de eventos operan como factor desencadenante de conflictos, teniendo como telón de fondo el cambio climático y sus consecuencias.
Una sequía puede reducir la disponibilidad de agua y pastos; una lluvia intensa puede afectar caminos, cultivos o infraestructura; un incendio forestal puede destruir cobertura vegetal utilizada por la población local. El hecho ambiental en sí, es importante, pero no explica por sí solo el desencadenamiento de conflictos. El conflicto aparece cuando sus consecuencias afectan directa o indirectamente los intereses, derechos, recursos, percepciones de justicia o relaciones entre actores. Para los gestores de un ACR, esta distinción es fundamental. No se trata de considerar todo evento climático en un problema que necesariamente derive en un conflicto social, sino de reconocer cuándo un riesgo ambiental puede transformarse en una disputa y, en consecuencia, actuar antes de que la situación escale.
Para avanzar en nuestra reflexión cabe considerar que la crisis climática no tiene un carácter eminentemente ambiental, alrededor de ella se cruzan variables sociales, políticas, culturales, económicas. Así, los efectos de dicha crisis, tocan de distinta forma a cada una de estas variables o dimensiones a través de sus consecuencias sobre ellas. Es así, que los eventos climáticos extremos (que, a su vez, pueden generar las condiciones para otro tipo de situaciones como son los incendios forestales), no impactan solamente sobre un mero lugar físico sino sobre un territorio, que es un espacio de vida, en el que se despliegan relaciones sociales, actividades económicas, cultura, identidad, memoria, proyectos de futuro[2].
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En el momento en el que elaboramos la presente nota se registraban 12 incendios forestales activos en el país[3]. Eventos de esta naturaleza pueden derivar en una emergencia ambiental. Si destruye pastizales o bosques utilizados por una comunidad, aparece una pérdida económica y social. Si a ello le sumamos otras variables como la desconfianza hacia la institucionalidad encargada de hacer frente a este tipo de situaciones, entonces pueden surgir preguntas como: ¿por qué no se previno?, ¿quién permitió determinadas actividades?, ¿por qué no se actuó a tiempo?, ¿quién es responsable?, ¿quién compensará las pérdidas? Si las respuestas no llegan o son consideradas insuficientes, el problema puede convertirse en reclamo rápidamente y escalar hacia una movilización o confrontación. En tal sentido, para referirnos a las ACR, el gestor a cargo debe observar no solamente el evento, sino también sus impactos diferenciados: dos comunidades pueden experimentar el mismo evento de manera muy diferente; por ejemplo, si una tiene acceso a las capacidades y recursos para afrontar tal evento y la otra no. Un incendio puede generar poca conflictividad en un territorio con alta confianza institucional y, por el contrario, mucha en otro donde existen disputas previas por límites, uso de recursos o reconocimiento de derechos. La pregunta preventiva, entonces, no es únicamente “¿qué puede ocurrir ambientalmente?”, sino también “¿qué relaciones sociales pueden poner en tensión este evento?”.
Los incendios forestales son particularmente un tema sensible para las ACR porque pueden afectar simultáneamente biodiversidad, servicios ecosistémicos, actividades productivas y seguridad de las poblaciones. Pero también pueden activar conflictos relacionados con responsabilidades y los distintos usos del territorio. Después de un incendio pueden emerger acusaciones cruzadas sobre su origen y responsabilidad. Una comunidad puede atribuirlo a una práctica cultural; una autoridad puede señalar una quema no controlada; otros actores pueden cuestionar la capacidad de prevención de la institucionalidad a cargo. Si no existen mecanismos claros para investigar, comunicar y procesar estas situaciones, la incertidumbre puede alimentar rumores y acusaciones. Obviamente también, pueden surgir disputas sobre qué uso se le daría al área siniestrada. ¿Se permitirá nuevamente el pastoreo? ¿Se restringirá el acceso? ¿Quién participará en la restauración? ¿Qué ocurrirá con las actividades económicas afectadas?
Las medidas técnicas que se tomen pueden ser percibidas como imposiciones si no existe diálogo y acuerdos previos. Por ello, la prevención de incendios debería incorporar una dimensión social: identificar prácticas de riesgo, acordar protocolos comunitarios, establecer canales de alerta, definir roles, responsabilidades y desarrollar mecanismos de coordinación antes de la temporada crítica.
De hecho, los eventos climáticos extremos pueden intensificar disputas ya existentes por uso, manejo y control de los recursos. La sequía es probablemente el ejemplo más emblemático. Cuando disminuye la disponibilidad de agua, aumentan los incentivos para priorizar determinados usos: consumo humano, agricultura, ganadería, conservación o turismo. En un ACR, dicha escasez puede generar tensiones entre comunidades, usuarios aguas arriba y aguas abajo, autoridades y responsables de la conservación. Si además existen problemas históricos de acceso o distribución, un episodio climático puede actuar como detonante. De otro lado, las lluvias intensas producen una dinámica distinta. Pueden destruir infraestructura, afectar caminos de acceso, generar erosión o modificar cursos de agua. En estos casos, la población puede esperar una respuesta inmediata de las instituciones y cuando la respuesta tarda o existe confusión sobre quién tiene competencia, el malestar puede dirigirse contra la autoridad que está más cerca del territorio, aunque no sea responsable directa del problema. De allí la importancia de contar con mapas de actores y protocolos interinstitucionales. La prevención no significa que el gestor de ACR deba resolver todos los problemas, sino que deba saber quién debe actuar, cómo coordinar y cómo comunicar oportunamente[4].
Un principio particularmente útil para los funcionarios de ACR es que los eventos climáticos rara vez generan conflictividad “de la nada”. Con frecuencia actúan como “amplificadores” de problemas preexistentes. Una disputa por límites, una relación deteriorada entre comunidad y autoridad, desacuerdos sobre el acceso a recursos, percepciones de incumplimiento de compromisos o una débil presencia institucional pueden permanecer relativamente estables durante meses o años. Un incendio, una sequía o una inundación puede modificar los equilibrios dentro de un territorio y hacer que el conflicto se active. Por ello, el análisis de riesgo climático debería cruzarse con el análisis de conflictividad. No basta con identificar dónde existe riesgo de incendio o déficit hídrico. También conviene preguntar: ¿qué actores están involucrados?, ¿qué controversias existen?, ¿qué recursos son sensibles?, ¿qué acuerdos están vigentes?, ¿qué actores tienen capacidad de movilización?, ¿qué antecedentes de diálogo o confrontación existen?
Esta lectura permite priorizar esfuerzos. Un evento climático en un territorio con relaciones cooperativas puede requerir principalmente coordinación operativa. El mismo evento en un territorio con alta desconfianza y disputas acumuladas puede requerir, además, una estrategia de diálogo y prevención de escalamiento.
Los eventos climáticos y los incendios forestales deben ser considerados dentro de una concepción amplia de prevención de conflictos en las ACR. No porque cada emergencia ambiental vaya a producir una disputa, sino porque puede modificar rápidamente las relaciones entre actores y aumentar la presión sobre recursos escasos. El desafío para los gestores consiste en conectar tres capacidades que muchas veces se trabajan por separado: gestión ambiental, gestión territorial y gestión de relaciones sociales. La prevención efectiva surge precisamente en esa intersección. Una ACR con capacidades para identificar riesgos climáticos, conocer a sus actores, reconocer conflictos preexistentes, comunicar oportunamente y facilitar acuerdos estará mejor preparada no solamente para responder a una emergencia, sino también para evitar que esa emergencia se convierta en una crisis social. En última instancia, prevenir conflictos en las ACR implica comprender que conservar un territorio no consiste únicamente en proteger ecosistemas. También supone construir condiciones para que los distintos actores puedan convivir, procesar sus diferencias y participar en las decisiones que afectan su territorio. El clima puede desencadenar una situación crítica, pero la forma en que las instituciones y los actores gestionan esa situación puede determinar si termina convirtiéndose en una oportunidad de cooperación o en un nuevo conflicto.
