La presentación de la versión de divulgación de la Estrategia para la Gestión de las Áreas de Conservación Regional (ACR) de Loreto 2025-2035 reunió a especialistas, autoridades regionales y líderes indígenas en un espacio de análisis sobre la experiencia acumulada en la cogestión ambiental en el territorio. El encuentro permitió realizar un balance de casi dos décadas de trabajo y poner en discusión los principales retos que persisten para fortalecer la gestión compartida.

Durante el evento, los participantes coincidieron en que el desafío ya no se limita a la aprobación de documentos, sino que comprende la necesidad de abordar las barreras legales e institucionales que dificultan la gestión compartida del territorio. La participación de un líder comunitario con más de veinte años de trabajo en el territorio permitió incorporar también la experiencia desarrollada desde las comunidades en este proceso.

Cogestión en las ACR de Loreto

Gustavo Suárez de Freitas, coordinador del Programa Perú de Earth Innovation Institute, señaló que la cogestión es el elemento que diferencia a las áreas de conservación regional de Loreto de otras experiencias de conservación en el Perú. Durante su intervención, explicó los antecedentes de este modelo y recordó que la primera de estas áreas, entonces denominada Reserva Comunal Tamshiyacu Tahuayo, fue creada alrededor de 1991 por un gobierno regional que en ese momento tenía competencias plenas sobre el territorio.

El expositor señaló también que Loreto administra actualmente alrededor de 2.5 millones de hectáreas bajo la figura de áreas de conservación regional (ACR), superficie que calificó como un récord a nivel nacional. Durante su intervención, indicó que esta extensión es mayor a la superficie de áreas protegidas nacionales que poseen algunos países.

Para explicar la importancia de la cogestión, Suárez de Freitas hizo referencia al manejo histórico de los recursos naturales. Señaló que, durante siglos, este manejo fue local y comunitario, y estuvo sostenido por reglas tradicionales de uso. Posteriormente, los Estados nacionales asumieron el control exclusivo de estos recursos, lo que produjo la pérdida de la capacidad de control efectivo que ejercían las poblaciones locales. Según explicó, el Estado, representado por funcionarios distantes del territorio, no logró reemplazar ese nivel de compromiso. En este contexto, planteó que la cogestión busca revertir parcialmente esa pérdida.

Asimismo, detalló otros principios incluidos en la estrategia. La conservación productiva plantea que la conservación debe generar beneficios económicos concretos y no ser entendida como una prohibición absoluta del uso. La gestión adaptativa consiste en tomar decisiones de manejo con la mejor información disponible, incluido el conocimiento tradicional de las comunidades, y modificarlas de acuerdo con los resultados del monitoreo, sin exigir certeza científica absoluta antes de actuar.

La estrategia también incorpora el enfoque ecosistémico, que plantea considerar territorios que superan los límites administrativos del área protegida, debido a que especies como la huangana se desplazan por espacios más amplios que cualquier ACR. Finalmente, se incluyen la interculturalidad y la pertinencia cultural, incorporadas de manera explícita en esta segunda versión del documento.

Vacíos legales 

Durante la exposición principal también se abordó una limitación del marco legal nacional relacionada con la conformación de los comités de gestión. La Ley de Áreas Naturales Protegidas permite que cualquier actor interesado, incluida una organización no gubernamental con sede en Lima, forme parte de estos espacios en igualdad de condiciones con la población que vive directamente del territorio.

Al respecto, Suárez de Freitas señaló que esta equiparación no considera la diferencia entre quienes “viven por ahí” y quienes “viven del área”. Asimismo, indicó que este tema debe ser planteado directamente al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), debido a que no puede ser modificado desde la estrategia regional.

Durante su intervención, también diferenció la cogestión del contrato de administración, dos figuras que pueden ser confundidas. Explicó que el contrato de administración consiste en que el Estado terceriza la gestión de un área a un tercero, como una organización no gubernamental, mientras que esta figura no constituye una gestión compartida en el sentido que plantea el modelo de Loreto.

Avances y nudos pendientes

 Milagros Gonzales, especialista de la Subgerencia Regional de Conservación y Diversidad Biológica del Gobierno Regional de Loreto, explicó que las ACR tienen el mismo respaldo jurídico que las áreas de administración nacional. También señaló que, durante varios años, los gobiernos regionales han solicitado que su trabajo tenga mayor visibilidad dentro de los instrumentos de planificación nacional.

Gonzales indicó que varias comunidades ya realizaban labores de conservación y vigilancia de sus territorios antes de que estos fueran reconocidos oficialmente como ACR. Asimismo, señaló que los actuales lineamientos para el aprovechamiento comercial tuvieron como antecedente una demanda planteada en 2017 por una lideresa indígena de Ampiyacu, quien solicitó a la autoridad regional establecer las condiciones que permitieran a su comunidad aprovechar comercialmente los recursos que había venido protegiendo.

En relación con la estructura institucional, explicó que durante una década el área responsable de estas funciones dentro del gobierno regional experimentó cambios de nombre y jerarquía en más de una oportunidad. Esta situación llegó hasta la reciente fusión de las gerencias forestal y de conservación en una sola instancia con mayor peso institucional. Gonzales también coincidió con los demás integrantes del panel en identificar el financiamiento y la articulación entre las entidades públicas, entre ellas el gobierno regional, la Fiscalía y la FEMA, como las dos limitaciones más urgentes para una gestión más eficiente.

Voz y experiencia desde los territorios

Gilberto Flores, líder histórico del ACR Tamshiyacu Tahuayo e integrante de su comité de gestión desde 2003, compartió su experiencia de más de veinte años en la gestión del área. Recordó el trabajo realizado por la comunidad para recuperar cochas y poblaciones de fauna. Durante este proceso también se produjeron conflictos con las autoridades ambientales, a las que señaló por no tener claridad sobre las acciones que correspondían después de lograr la recuperación.

Como parte de este proceso, la comunidad organizó una pesca comunal cuyos ingresos permitieron financiar la construcción de un local comunal y un centro de educación inicial. Flores señaló que el comité de gestión del área ya funcionaba desde 2003, antes de que el territorio recibiera el reconocimiento oficial como ACR. Sin embargo, indicó que las ACR de Loreto todavía no participan en la organización nacional de los comités de gestión.

El dirigente también se refirió a los cambios recientes en la relación entre el comité de gestión y las empresas privadas de turismo. Según explicó, algunas empresas que anteriormente coordinaban de manera activa con el comité han dejado de hacerlo. Como ejemplo, señaló que ni la comunidad ni la jefatura del área fueron informadas sobre una liberación de especies realizada dentro del ACR.

Respecto al marco normativo, Flores señaló que el cumplimiento de exigencias como los planes de manejo, las cuotas y los registros documentales resulta complicado para los comuneros que tienen un acceso limitado a la educación formal. En contraste, indicó que los actores con mayor poder económico pueden obtener permisos con mayor facilidad. Por ello, planteó que las normas consideren las particularidades de la Amazonía frente a una legislación que, según su lectura, responde a una realidad más cercana a la costa y la sierra.

Al finalizar su intervención, Flores hizo un llamado a sus pares sobre la necesidad de conocer el documento y exigir el cumplimiento de las actividades establecidas.