A través de una carta enviada al Gobierno peruano, el pasado 15 de setiembre, nueve relatores especiales de Naciones Unidas que velan por los derechos humanos, medio ambiente, pueblos indígenas, entre otros, expresaron su “gran preocupación” por las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo al Congreso a fines de agosto pasado.

Como se recuerda, el pasado 28 de agosto, el Ejecutivo solicitó facultades legislativas al Congreso, a través de la Proposición Legislativa 00098-2026-2031, con el argumento de agilizar procedimientos administrativos y promover las inversiones. Esto llamó la atención de diversos especialistas y organizaciones como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), que alertó sobre posibles riesgos en materia ambiental, aprovechamiento de recursos naturales, conservación de la biodiversidad y derechos de pueblos indígenas.

La carta de los relatores especiales resalta que este pedido del Ejecutivo “contempla propuestas de gran preocupación, al estar relacionadas con la eventual reforma al marco jurídico aplicable a actividades pesqueras y acuícolas; recursos hídricos, minería e hidrocarburos, así como modificaciones en materia ambiental y de recursos naturales, incluyendo procesos de simplificación de exigencias y establecimiento del silencio administrativo positivo, entre otras”.

Al respecto, los representantes de Naciones Unidas consideran que si la aprobación de estas facultades “se realiza sin la consideración de obligaciones internacionales de derechos humanos, conllevaría un significativo riesgo de afectar negativamente los derechos humanos, incluyendo en materia de cambio climático de la población en general, así como particularmente los derechos de los pueblos indígenas, poblaciones rurales y costeras, afrodescendientes, niños, niñas y adolescentes, entre otros”.

Los relatores también señalaron que “si bien la eficiencia administrativa y la simplificación de procedimientos constituyen objetivos legítimos de política pública, es importante resaltar la importancia que la revisión de marcos normativos se haga con el fin de mejorarlos”.

“Las modificaciones deberían estar en línea con el derecho internacional y con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, evitando modificaciones regresivas para la garantía de los derechos humanos. Coincidimos en que resultan fundamentales las propuestas del Ejecutivo para mejorar la eficiencia de procesos administrativos, así como promover la economía, la seguridad jurídica, el libre intercambio de bienes y servicios, la competencia, el empleo digno y el desarrollo sostenible, sin que ello afecte negativamente los derechos humanos”, agregaron.

La carta solicita al Gobierno peruano explicar si este pedido al Congreso es compatible con las obligaciones internacionales del Perú en materia de derechos humanos y protección del ambiente, incluido el derecho de toda persona a un ambiente limpio, saludable y sostenible. Asimismo, pide explicar cómo el Estado peruano garantizará que las medidas no afecten los procedimientos de certificación ambiental, así como la participación ciudadana y la consulta previa.

La preocupación de los relatores se centra en seis puntos: Riesgos de regresión en la protección ambiental y los derechos humanos asociados al silencio administrativo positivo; Posible afectación de los derechos de Pueblos Indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad; Posible debilitamiento del principio de precaución; Posible afectación a todos los elementos del derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible, incluidos los derechos procedimentales; Posible afectación al derecho de libertad de asamblea pacífica; y la Posible afectación al derecho de libertad de asociación y al derecho de defender derechos humanos, de manera individual o colectiva.

La carta está firmada por Astrid Puentes Riaño, relatora especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible; Elisa Morgera, relatora especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático; Sofía Monsalve Suárez, relatora especial sobre el derecho a la alimentación; y Leopoldo Maldonado Gutiérrez, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

También suscriben el documento Gina Romero, relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Andrea Bolaños Vargas, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos;, Albert K. Barume, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; Bethanie Margaret Carney Almroth, relatora especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos; y Pedro Arrojo-Agudo, relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento.

[Ver además ► Facultades legislativas: SPDA advierte riesgos para PIACI, áreas protegidas y evaluaciones de impacto ambiental]

Respuesta del Gobierno

Dos días después de la carta emitida por los relatores especiales, el Gobierno peruano respondió señalando que el pedido se hace de acuerdo a la Constitución actual, considerando la separación de poderes. Asimismo, indicó que la propuesta aún se encuentra en la Cámara de Diputados y, si se aprueba, pasaría al Senado “que puede aprobarla, modificarla o rechazarla conforme al procedimiento legislativo bicameral”.

Sobre las posibles afectaciones, el Ejecutivo respondió que “la iniciativa se encuentra en una etapa previa a la aprobación de la ley autoritativa y a la eventual emisión de los decretos legislativos que desarrollarían las materias solicitadas. Su aprobación y contenido definitivo dependen del debate parlamentario, mientras que el ejercicio de las facultades que eventualmente se otorguen estará sujeto a los límites materiales y temporales establecidos por el Congreso y a los controles constitucionales correspondientes”.

“En consecuencia, las posibles afectaciones advertidas en la comunicación conjunta dependen de decisiones legislativas y contenidos normativos aún no definidos, por lo que no permiten afirmar, en esta etapa, la existencia de alguna afectación. El Estado peruano reafirma su compromiso con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y protección del ambiente, y su disposición a mantener un diálogo constructivo con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos”, agregó.