Escribe: Marc Dourojeanni / Profesor emérito de la Universidad Nacional Agraria de La Molina

 

El gobierno remitió al Congreso de la República un proyecto de ley (Proposición Legislativa 098-2026-2031-CD) por el que pretende obtener la delegación de facultades legislativas por 120 días y, así, poder decidir sobre diversas materias que considera urgentes. La lectura del proyecto revela una mezcla de asuntos realmente urgentes con otros importantes, mas no “tan urgentes” y algunos francamente superfluos. En esta nota, que apenas trata de los que tienen relevancia ambiental directa, se observa además que algunas propuestas implicarían reformas constitucionales y que, por lo tanto, no deberían estar incluidas y que gran parte de los problemas mencionados se pueden abordar sin cambiar la legislación vigente.

No cabe discutir el carácter de emergencia extrema y por tanto de abordaje urgente y excepcional de las muy probables consecuencias del fenómeno El Niño, del crecimiento de la delincuencia y, probablemente, del mal atendimiento a la salud pública. Temas de importancia capital como la educación y el transporte, entre otros, requieren sin duda de profundas reformas de políticas, legislación y gestión, pero nada obliga a resolverlos mediante decretos legislativos, es decir en forma autoritaria y expeditiva. Peor aún es aplicar ese criterio de extrema urgencia a proporcionar armas a los guardaparques, facilitar turismo en áreas protegidas o hacer reformas en la legislación forestal y de fauna silvestre. Más difícil, si cabe, es entender el “carácter de urgencia” que se pretende dar a la apertura de tierras indígenas y áreas naturales protegidas a la explotación de hidrocarburos.

En el Perú hay unos 800 guardaparques y es evidente que deberían portar armas, como en gran parte del mundo. Pero ¿por qué darles armas se ha convertido súbitamente en urgencia nacional… al mismo nivel que atender las consecuencias de El Niño? Ellos no tienen la función de combatir a los delincuentes. Su función es la defensa de la biodiversidad en parques y reservas. Por otra parte, pocos cientos de personas dispersos en bosques, montañas y desiertos, aunque armados (¿con ridículas armas no letales?) no cambiarían nada significativo con respecto a la seguridad ciudadana. Tampoco son ellos los que evitarán la minería ilegal a la que apenas consiguen combatir dentro de las áreas protegidas.

En abierta contradicción, la misma propuesta incluye alterar negativamente las leyes de áreas naturales protegidas y la de tierras indígenas para abrirlas a la extracción de hidrocarburos y otros recursos. Estos son temas de gran importancia nacional pues implican decidir si los peruanos queremos o no conservar algo de nuestro patrimonio natural y realmente proteger a nuestra población original. La explotación de minerales, petróleo, fauna o madera de las áreas naturales protegidas y territorios de indígenas no integrados a la sociedad equivale a su fin, pues son incompatibles con los objetivos para las que esas áreas especiales se crearon. Y pretender hacer eso, que no tiene nada de urgente, atenta contra la Constitución. Entonces, esos son temas transcendentes que no pueden ser resueltos con medidas emergenciales dictatoriales. En todo caso, deben ser muy intensamente discutidos.

Y hay más. ¿Qué tiene de urgente modificar la legislación ambiental básica? ¿Permitir ejecutar infraestructuras, aprovechamientos o actividades que ofenden al entorno humano con base en un “silencio administrativo”? El tal silencio es prácticamente en todos los casos debido a la reiterada y maliciosa falta de atendimiento de los proponentes a los pedidos de aclaración o complementación del órgano de control o, en otros, a la falta de capacidad de esos órganos que es consecuencia de la escasa prioridad que el gobierno otorga al tema ambiental. Se debe asimismo a que los proponentes, incluido el propio Gobierno, jamás aceptan un no como respuesta a sus pedidos, por perjudiciales que ambiental y socialmente sean. Insisten hasta el cansancio o hasta que se apruebe, sí o sí. No se puede estar en desacuerdo con la imperiosa necesidad de desburocratizar el Estado, incluido el sector ambiental. Pero para eso bastan y sobran decisiones del Ejecutivo en lugar de pretender derrumbar una pieza esencial del sistema de control ambiental.

[Ver además ► Facultades legislativas: SPDA advierte riesgos para PIACI, áreas protegidas y evaluaciones de impacto ambiental]

¿Por qué incluyen el tema forestal en ese proyecto? Se trata de una actividad que mal representa el 1 % del PBI y que ha sido ignorada por todos los gobiernos desde hace décadas. Está pues muy bien que ahora, al fin, se pretenda darle prioridad… Pero ¿dónde está la emergencia? Peor, pues para atender ese tema hacen propuestas que pueden tener gravísimas consecuencias para la conservación del bosque, que deben ser discutidas en el Congreso.

Los dos temas que deben ser abordados con absoluta urgencia en la Amazonía y que pueden requerir cambios legales emergenciales son la minería de oro aluvial ilegal e informal que destruye la vida natural y humana en los valles amazónicos y, por cierto, la deforestación galopante que incrementa el cambio climático y, por ende, el impacto de El Niño y que cada año arrasa vidas y patrimonio tanto por sequías como por inundaciones. Para eso sí caben decretos de excepción como, entre otros, prohibir la transformación de bosques en más tierras de cultivo que ya sobran sin uso, una moratoria para la construcción de carreteras nuevas en la selva y crear un cuerpo nacional de guardabosques, especialmente con personal indígena, capaz de defender los bosques públicos y los que pertenecen a los propios indígenas… Pero de eso no hay nada en la propuesta.

La impresión que da la lectura del proyecto del gobierno es que cada sector consultado ha metido en el texto lo que se les pasó por la cabeza, sin pensar mucho ni tener en cuenta el criterio de urgencia, que debería ser el único pretexto válido para presentarlo. En otros casos es evidente que el objetivo ha sido ofrecer ventajas para los que ambicionan hacer rápidamente más dinero con el patrimonio natural peruano, como en el caso de los hidrocarburos en tierras protegidas y la aplicación del “silencio administrativo”. O sea que algunos han querido aprovecharse de la oportunidad.

Todos los temas que, siendo importantes no son típicamente urgentes, así como los que implican cambios constitucionales, deberían ser retirados de la propuesta de delegación de funciones presentada por el Gobierno. Es decir, se debe limitar el pedido a lo verdaderamente crucial. Lo demás, si es que vale la pena, debe pasar a ser parte de la agenda del Congreso y estar abierto al debate público.

 

 

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*La sección “Debate Abierto” es un espacio de Actualidad Ambiental donde diversos especialistas publican artículos o columnas de opinión. Las opiniones son enteramente responsabilidad de los y las columnistas.

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