El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional sentenció a Genix Saboya Saboya, Limber Ríos Ruiz, Segundo Juan Villalobos Guevara y Jerly Saboya Saboya, por el asesinato de Quinto Inuma Alvarado, líder de la comunidad nativa kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu (San Martín). Para los dos primeros se impuso 35 años de prisión efectiva (por delito de sicariato), 28 años y cuatro meses al tercero (como coautor de sicariato), y 15 años al cuarto (en calidad de cómplice primario).

Quinto Inuma fue asesinado la tarde del 29 de noviembre de 2023, en el río Yanayacu, en el departamento de San Martín, mientras retornaba de un evento sobre defensores ambientales en Tarapoto. Antes del crimen, el líder kichwa había recibido amenazas de muerte de presuntos taladores ilegales que operaban dentro del territorio de su comunidad.

Pese a tener garantías personales por parte del Ministerio del Interior, la víctima fue asesinada mientras regresaba con su esposa e hijos a su comunidad. Según la sentencia, Inuma y los ocupantes de la embarcación fueron emboscados en pleno viaje. Para ello, los sicarios talaron un árbol que impidió el paso a la embarcación, lo que fue aprovechado por los atacantes para disparar al líder indígena hasta con tres armas de fuego diferentes. En el ataque también fue herida Axeldina Barbaran Tapullima, sobrina de Quinto Inuma.

La decisión del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional estableció que los sentenciados planearon y ejecutaron el asesinato “debido a que se encontraban en contra de la labor de defensa de los derechos humanos y ambientales que ejercía en su comunidad. El apu había formulado diversas denuncias contra los acusados con la finalidad de impedir la deforestación de bosques y la comisión de otros delitos, como el tráfico ilícito de drogas”.

La sentencia también incluye una reparación civil total de S/ 1 millón, donde S/ 750 mil deberán ser pagados por los cuatro condenados a favor de los deudos de Quinto Inuma, mientras que S/ 250 mil deberán ser asumidos por Genix Saboya y Limber Ríos a favor de Axeldina Barbarán.

Para la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonía (FEPIKECHA), este fallo “no solo sanciona la violencia desatada por economías ilegales que amenazan los territorios comunales, sino que también sentó un hito de justicia intercultural al trasladar el juzgado de Lima a Tarapoto para recabar directamente los testimonios de la comunidad”.

“Para el movimiento indígena, esta sentencia representa un paso firme frente a la violencia sistemática y reafirma la exigencia urgente al Estado de implementar garantías reales y efectivas para proteger la vida de quienes defienden la Amazonía”, agregó.

Fragmento de la sentencia.

Gobierno saludó decisión judicial

A través de un comunicado conjunto, los ministerios del Justicia y Derechos Humanos, Ambiente y Cultura, sectores que integran el mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos, saludaron esta sentencia y expresaron que decisión representan un paso importante en la búsqueda de justicia.

“La decisión constituye un paso importante en la búsqueda de justicia por parte de sus familiares y su comunidad, así como una expresión del compromiso del Estado en la lucha contra la impunidad de crímenes en agravio de personas defensoras de los derechos humanos, específicamente, del ambiente y derechos y pueblos indígenas”, señalaron los ministerios.

Para Silvana Baldovino, directora de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA, esta sentencia representa una avance, pero también recordó que la justicia no debe actuar solo después de cometerse el crimen, sino mucho antes, cuando se evidencian las amenazas.

“Esta sentencia representa un avance importante frente a la impunidad que suele rodear los crímenes contra quienes defienden la Amazonía y los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, la justicia no puede llegar únicamente después de que un defensor ha sido asesinado. Quinto Inuma había denunciado amenazas y solicitado protección; su muerte evidenció las graves fallas del Estado para responder oportunamente. Este fallo debe marcar un precedente, pero también impulsar medidas efectivas que garanticen que ningún defensor vuelva a ser abandonado frente a las economías ilegales que amenazan sus territorios”, manifestó la especialista.