Foto: Aidesep

• Apu Quinto Inuma recibió constantes amenazas contra su vida por denunciar la extracción ilegal de madera en territorio de su comunidad Santa Rosillo de Yanayacu-Huimbayoc, provincia de San Martín.

Ayer, tras participar en un evento sobre defensores ambientales en Pucallpa, Quinto Inuma Alvarado, apu de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu-Huimbayoc (departamento de San Martín), fue asesinado a balazos por encapuchados frente a su esposa y sus hijos.

El defensor indígena, quien denunciaba frecuentemente la extracción ilegal de madera dentro de su territorio, había recibido amenazas de muerte y por lo cual pidió garantías para su vida. Sin embargo, el mismo líder indígena señaló en su momento que dichas garantías no eran suficientes, pero a pesar de ello continuaría denunciando la afectación a los bosques.

El caso de Inuma tiene similitudes con el de Edwin Chota, líder indígena que también denunciaba la deforestación de bosques de su comunidad Alto Tamaya-Saweto (Ucayali). Tras recibir amenazas de taladores, Chota fue asesinado en el 2014, junto a otros tres compañeros: Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) condenó este nuevo crimen y exigió al Estado “capturar y sancionar a los responsables de este atroz hecho”. Asimismo, exigió a las instituciones del Estado implementar “los mecanismos intersectoriales para garantizar la integridad personal y la vida de quienes protegen cotidianamente sus territorios ancestrales de los peores agresores que son las mafias y organizaciones criminales”.

Según Aidesep, con la muerte de Quinto Inuma, ya son 30 líderes y lideresas indígenas que han sido asesinados por defender sus territorios y luchar contra las actividades ilegales que depredan la Amazonía.

La organización indígena también instó al Ministerio del Interior aprobar cuanto antes “el Protocolo de Actuación para la implementación de las medidas de protección para personas defensoras y los lineamientos del Plan de Actividades para lograr la oportuna ejecución medidas y alertas tempranas”.

[Ver además►Caso Saweto: asesinato de cuatro líderes indígenas y nueve años sin justicia]

Además de Aidesep, la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la región San Martín (Codepisam) también se pronunció, resaltando que Quinto Inuma se reunió con varios entes estatales para que atiendan su caso respecto a las amenazas contra su vida. Asimismo, para lograr la titulación de su comunidad y para que las autoridades detengan las actividades ilegales en el lugar.

“Responsabilizamos en primer lugar de su asesinato al Estado peruano en su conjunto y a su estructura fragmentada que no es capaz de atender la seguridad de una vida, sus esperanzas y sueños, y la integridad de una familia y la cohesión colectiva de una comunidad que lucha por sus bosques, su título comunal, mientras encuentran en respuesta a sus clamores una combinación fatal de silencio, peloteo estatal y balas traicioneras en el bosque”, indicó Codepisam en su pronunciamiento.

Estado no asigna presupuesto para proteger a los defensores  

Sobre este crimen que está relacionado con las actividades ilegales en la Amazonía, Katherine Sánchez, asesora legal de la SPDA, explicó que desde el 2018 el Poder Ejecutivo ha desarrollado mecanismos normativos para enfrentar estos delitos, pero estos no compiten con el avance de las actividades ilegales.

“El Estado tiene que atacar las causas estructurales que ponen en riesgo a las personas defensoras y, en paralelo, efectivizar las normas que tenemos aprobadas”, indicó.

La especialista también se refirió a la falta de presupuesto para hacer efectivos los mecanismos de protección para los defensores de derechos humanos. “El presupuesto aprobado para aplicar mecanismos de urgente protección para personas defensoras se puede perder en la distribución que cada sector haga durante el siguiente año. Toda estrategia de protección debe contar con un presupuesto específico, único, que no dependa de la voluntad e intereses políticos de cada ministerio”, señaló Sánchez.

Por otro lado, agregó que es necesario “dejar de aplicar medidas de protección únicamente estatales e incorporar en la estrategia a las medidas de autoprotección de los pueblos indígenas y comunidades locales. Su reconocimiento y, principalmente, su fortalecimiento es un pendiente impostergable”.

Por último, se sumó al pedido de Aidesep, para que “el Ministerio Público y el Poder Judicial investiguen y procesen este caso bajo estándares de derechos humanos que nos permitan reparar integralmente a la familia del defensor, para no repetir la historia del caso Saweto”.

Dato:

• Además de organizaciones indígenas y civiles, el crimen de Quinto Inuma también fue condenado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH): “Condenamos el asesinato del defensor y apu Quinto Inuma. Expresamos condolencias a la familia y a la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu. Llamamos a las autoridades a garantizar una investigación pronta de los hechos”.

Condenamos el asesinato del defensor y apu Quinto Inuma. Expresamos condolencias a la familia y a la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu #SanMartín.

Llamamos a las autoridades a garantizar una investigación pronta de los hechos.#HRD #DDHH pic.twitter.com/c0B5qot7Mf

— Misión OACNUDH Perú (@OACNUDHPeru) November 30, 2023