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Un reciente informe de Global Witness destaca que a nivel mundial, en el 2025, fueron asesinadas o desaparecidas 124 personas por defender sus territorios y el ambiente. De esta cifra -como sucede hace una década-, América Latina resalta por ser la región más peligrosa, al concentrar el 85 % de los casos.

Según la organización, los conflictos por la tierra provocaron más de la mitad de los asesinatos, seguido por las actividades extractivas, entre ellas la minería, la explotación forestal y la agroindustria.

“La inseguridad en la tenencia de la tierra sigue siendo un factor clave que propicia ataques, lo que demuestra la urgente necesidad de que los Gobiernos aseguren los derechos sobre los territorios y la tierra de los pueblos indígenas y afrodescendientes y las comunidades campesinas”, señala el documento.

Si bien se ha registrado un leve descenso en comparación al 2024 (142 asesinatos y 4 desapariciones), la organización indica que existe la probabilidad de que las cifras actuales representen “una subestimación considerable, ya que una gran cantidad de casos no se denuncian”.

“Los asesinatos son solo la forma más extrema de represalia que enfrentan las personas defensoras. Bajo ellos se esconde un ‘iceberg oculto’ de agresiones no letales -entre las que figuran la criminalización, las amenazas y las campañas de desprestigio”, puntualiza Global Witness.

Asimismo, agrega que “cada vez más, las redes sociales se instrumentalizan para desacreditar y acosar a las personas defensoras, lo que socava la confianza pública y aísla a este colectivo de sus comunidades”,

En el caso de América Latina, el informe explica que la violencia contra las personas defensoras “se ve agravada por el creciente poder del crimen organizado, que genera un clima de corrupción e impunidad en toda la región”.

Vulnerables y víctimas

Según el informe, casi tres cuartas partes de los asesinatos fueron integrantes de pueblos indígenas y comunidades campesinas, quienes defendían sus territorios y el acceso a la tierra. Asimismo, siete de las víctimas de las comunidades nativas formaban parte de una guardia indígena.

Global Witness también reporta que, de las 124 personas asesinadas, 109 eran hombres, 14 mujeres y 1 persona no binaria. Cabe resaltar que dos de las mujeres asesinadas se encontraban en Centroamérica y otras dos en México.

En el caso de las mujeres, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos informó que ellas sufren agresiones no letales de forma persistente. Entre 2012 y 2023, la organización documentó más de 30 mil agresiones no letales contra mujeres en México y América Central, entre las que se incluyen el acoso, las campañas de desprestigio, las amenazas verbales, la vigilancia de las actividades cotidianas y la violencia psicológica.

En país más peligroso

El informe de Global Witness indica que Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para quienes defienden el planeta. En dicho país, en el 2025, se documentaron 39 asesinatos. De esta cifra, casi la mitad de víctimas eran indígenas, y 15 campesinas. Además, 35 de las 39 muertes estuvieron relacionadas con conflictos por la tierra, además del narcotráfico y la minería ilegal, actividades asociadas a la degradación de bosques y contaminación del agua.

En el caso de Brasil se reportaron 26 casos, y la mayoría están relacionadas con reivindicaciones para el reconocimiento del territorio ancestral y la demarcación de las propiedades. En Honduras, se registró la muerte de 12 personas, y le siguen México (10), Guatemala (8), Perú (4), además de Ecuador Nicaragua (ambos con 3 personas asesinadas).

En el caso peruano se registró la muerte de Benny Coquinche Vásquez y Raúl Conquinche Vásquez (padre e hijo, respectivamente), de la comunidad nativa Manitiari (Ucayali), asesinados por presuntos invasores del territorio indígena; Denisse García Solsol, dirigente vecinal de “La Pampa” (Madre de Dios), asesinada por presuntos mineros ilegales; e Hipólito Quispe Huamán, defensor ambiental de la Reserva Nacional Tambopata y exdirigente del Comité de Gestión de dicha área protegida, cuyos integrantes han recibido constantes amenazas por defender la naturaleza y sus territorios ante los impactos de la minería ilegal. Cabe resaltar que, en los cuatro casos, los asesinatos se cometieron con armas de fuego.

Respecto al informe de Global Witness, Silvana Baldovino, directora de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA, señaló que “estas cifras nos recuerdan que no podemos normalizar que defender un bosque, un territorio o una fuente de agua pueda costarle la vida a una persona”.

“En el Perú seguimos teniendo defensores asesinados por proteger derechos y bienes que nos pertenecen a todos, muchas veces en lugares donde la presencia del Estado es débil frente al avance de economías ilegales. Las autoridades deben asumir su protección como una prioridad urgente: no basta con reaccionar cuando ocurre un asesinato, necesitamos un Estado capaz de prevenir las amenazas, proteger efectivamente a quienes están en riesgo y garantizar justicia frente a estos crímenes”, agregó.

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